COMO SIEMPRE, LA DIRECCIÓN DE LA UNIVERSIDAD INCUMPLE LOS
ACUERDOS FIRMADOS CON LOS TRABAJADORES PORQUE PREFIERE EL CONFLICTO
Tanto la Comunidad Universitaria como la opinión pública
nacional e internacional fueron testigos de las dificultades que tuvimos que
sortear los Trabajadores de la Universidad Nacional de Colombia para lograr un
nuevo acuerdo con las directivas de la Institución y así poder dar término al
conflicto laboral, que ya alcanza más un año desde que los Trabajadores tomamos
la determinación de no aguantar un día más de maltrato, exclusión y malas
condiciones salariales y de labor.
En efecto, hemos tenido que recurrir a la declaratoria de
tres asambleas permanentes para tratar de conseguir un justo aumento de
salarios después de 17 años de olvido. Sin embargo, luego de firmar un número
igual de acuerdos, nuestras pretensiones han recibido como única respuesta la burla
y la infamia de ver una administración a la que no le importa honrar la palabra
empeñada, ni realizar todas las gestiones proactivas que estén a su alcance
para conseguir la reivindicación salarial de sus Trabajadores.
El pasado 20 de septiembre de 2013, luego de 25 días de
dura asamblea permanente y de enfrentamientos políticos y mediáticos con la
administración, se dio por terminado el conflicto laboral al pactarse siete
puntos y ratificarse la mayoría de lo acordado en el mes de marzo; pero mucho de
lo allí pactado sigue sin cumplirse gracias a la desidia de una administración
irresponsable y a la poca o nula importancia que ésta le da a la obtención de
una paz laboral definitiva.
Con respecto a lo acordado en septiembre de 2013 se tiene
lo siguiente:
Frente a los 139 cargos convertidos en libre nombramiento
y remoción, por fin se realizó la reunión extraordinaria de la Comisión
Nacional de Carrera Administrativa para evaluar el informe realizado por la
comisión bipartita que estudió la reincorporación de esos cargos a la planta de
carrera administrativa, luego de la derogatoria del Artículo 4º del Acuerdo
11/2004 y que debería ser presentados ante el CSU en su próxima sesión. Sin
embargo, tal cual se vislumbraba, la Dirección de la Universidad presentó la
más férrea oposición a que estos cargos vuelvan a ser declarados de carrera
administrativa, pues es evidente que es en esos cargos donde se encuentra toda
su clientela y que por años ha gozado de los favores de toda suerte de
padrinos, entre los cuales se cuentan Vicerrectores e incluso el mismísimo
Rector. De la discusión que se presentó en esa Comisión extraordinaria,
quedaron claras dos cosas: Una, que es evidente el caos “político” que se
generaría al intentar prescindir de una clientela bien arraigada y, dos, que
los alegatos legales y normativos hechos por los representantes de la
administración, en el intento de justificarse, son bastante precarios en
argumentación. Al imposibilitarse llegar a un acuerdo sobre el tema, se designó
una Comisión Accidental compuesta por la compañera María Piedad León Cáceres,
el profesor José Óscar Jaramillo y dos profesores de la Facultad de Derecho y
Ciencias Políticas, especialistas en derecho administrativo, coordinados por el
profesor Diego Arango, Director Nacional de Bienestar, para que definan a la
luz del derecho y de nuestras normas, cuáles de esos 139 cargos son de carrera
administrativa y cuáles no, para luego presentar el resultado a la CNCA y ésta,
a su vez, al Consejo Superior Universitario. Se espera que esta Comisión
accidental concluya este “nuevo” estudio de cargos LNR a mediados de noviembre
de 2013.
En cuanto a los compañeros que fueron víctimas de toda
clase de abusos, señalamientos y maltratos por su participación en la asamblea
permanente de febrero-marzo pasados y que terminaron siendo trasladados de
manera arbitraria, sigue sin ser convocado el Comité de Resolución de
Conflictos para abordar el tema, aun cuando el Comité Pro-Mejora Salarial, de
manera oficial, ya hizo entrega de los nombres de las personas designadas para
el efecto y de los casos que se allí deberían tratarse.
En lo que tiene que ver con el compromiso de modificar la
Resolución 950 de 2013 –en la cual el Rector Mantilla pretendió revivir el
artículo 4 del Acuerdo 11, derogado por el CSU–, tampoco se ha dado
cumplimiento a este punto, pues hasta el momento la resolución sigue intacta,
lo que permite la continuidad de la política clientelista de modificación de
cargos administrativos de manera arbitraria y autoritaria.
Ahora bien, en cuanto al punto salarial, es claro que se
sigue en la más absoluta incertidumbre, pues hasta el momento se desconocen los
posibles avances que sobre el tema se hayan podido lograr con el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público y el Congreso de la República, con el fin de obtener
los $19.500 millones para hacer viable, a partir del 2014, la mejora salarial
tan esperada y luchada por los Trabajadores. Sobre el particular, ha sido
completamente imposible obtener información clara de si la Dirección de la
Universidad ha hecho las gestiones correspondientes ante estas instancias de
Gobierno, para que nuestra justa petición sea atendida debida y oportunamente,
más aún cuando se sabe que en el Congreso ya se han venido aprobando una serie
de adiciones presupuestales para otros sectores del Estado sin que se tenga
claridad al respecto sobre si efectivamente hay adiciones al presupuesto de la
Universidad Nacional de Colombia.
Nos gustaría conocer si la Dirección de la Institución se
movió tan eficientemente, tal y como lo hizo ante la Procuraduría, la Fiscalía,
la Contraloría y los Tribunales para lograr de éstos la represión y la
persecución contra los participantes, negociadores y dirigentes de la asamblea
permanente pues, para este asunto, nos consta la eficiencia administrativa y la
forma expedita con que realizaron los trámites de las demandas y el aporte de
pruebas. Conocedores de esos antecedentes sobre la forma tan ágil que tiene la
Dirección para gestionar ante las instancias gubernamentales, no podemos menos
que esperar la misma celeridad y efectividad para gestionar lo pertinente para
justificar nuestra mejora de salarios y con ello solucionar el conflicto. Hoy
las dudas se ciernen en todos los Trabajadores, pues a sabiendas de que para
esta administración es más importante la represión que la solución del
conflicto, suponemos que tanto silencio para con los Trabajadores y la
comunidad en general no puede menos que producirnos aún más desconfianza y
sensaciones de alerta.
Frente a la inclusión en la propuesta de mejora salarial
de los 77 Trabajadores Oficiales, lo que se sabe -a manera de simple rumor- es
que, al parecer, efectivamente fueron incluidos nuestros compañeros pero hasta
el momento se desconoce el documento y la forma en que fue presentado ante la
Función Pública y el Ministerio de Hacienda.
Sobre el punto de garantías relativo a las no
represalias, por más de que se acordó el desestimiento por parte de la
Universidad de la demanda de ilegalidad por el cese de actividades, las
notificaciones de los Tribunales han seguido llegando y se desconoce si se
radicó o no el documento, pues jamás nos han hecho entrega del mismo. Además,
pese a que la Universidad se comprometió, de igual manera, a no tomar
represalia alguna contra los Trabajadores por su participación en el
Movimiento, como era de suponerse, se ha tenido conocimiento de algunos hechos
de represión en algunas Facultades, sobre todo por parte de algunos profesores
con personal a cargo que, valiéndose de la calificación anual de servicios, han
intentado tomar sus propias medidas represivas por la asamblea PERMANENTE, al
considerarla un acto imperdonable de sublevación de los Trabajadores. Estos
actos de revancha han ocurrido en las Facultades de Ingeniería, Ciencias,
Artes, Derecho y otras dependencias, sin que hasta el momento la Universidad
haya tomado cartas en el asunto, a pesar de las constantes denuncias que se han
hecho en diferentes espacios institucionales.
Como se puede observar, gran parte de los puntos
acordados están incumplidos y la responsabilidad de cumplirle a los
Trabajadores recae directamente en la Administración Universitaria, con el
agravante de que esos compromisos no se asumieron solamente con el estamento de
Trabajadores de la Universidad Nacional de Colombia, sino con la Comunidad
Universitaria y con el País en general.
Creemos que las razones que ha tenido la Dirección para,
nuevamente, faltar a la palabra empeñada en el Acuerdo firmado el pasado 20 de
septiembre/2013, es el resultado de la crisis de gobernabilidad y de la falta
de legitimidad de los directivos y es la muestra fehaciente de la actitud de
desprecio que han venido asumiendo hacia la comunidad que dicen representar. Lo
anterior, sumado a la irresponsabilidad de una administración que prefiere
mantener la desinformación, la zozobra y el conflicto como forma de resolver
las contradicciones con los miembros de la comunidad universitaria, que
solamente espera la salida de una crisis que, estamos convencidos, ha tocado
fondo a todo nivel.
Los Trabajadores, por el contrario, hemos cumplido lo
pactado en lo pertinente a poner al día nuestros puestos de trabajo y a
mantener la normalidad laboral, sin embargo, no estamos dispuestos a soportar
una nueva burla por parte de la administración por lo nuevamente nos vemos obligados
a hacer un llamado urgente a los Trabajadores declarando el ESTADO DE ALERTA
GENERAL en todas las Sedes de la Universidad Nacional de Colombia para que, en
el marco de viabilización y continuación de asamblea permanente, desarrollen
asambleas informativas el próximo viernes 25 de octubre de 2013 para concretar
un plan de acción y movilización con el propósito de contrarrestar la
posibilidad de un nuevo atentado contra los acuerdos y la posibilidad de ver
frustrado nuestro luchado aumento salarial.
Bogotá, 23 de octubre de 2013
COMITÉ PRO-MEJORA SALARIAL
Trabajadores de la Universidad Nacional de Colombia
comitepromejorasalarialun@gmail.com
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