La gratuidad plena de la educación supeiror no está
contemplada en las recomendaciones que rectores y funcionarios técnicos de los
ministerio de Educación, Hacienda, Planeación Nacional e Icetex, entre otros,
dieron al Consejo Nacional de Educación Superior CESU.
"En vez de gratuidad que puede beneficiar al que no
lo requiere, más bien, que nadie se quede por fuera si no tiene con qué pagar y
sostenerse”, señala el documento, en el que se listan diversas alternativas
para recaudar fondos como, por ejemplo, la de gravar, con destino a la
educación superior, con un peso cada llamada que se haga por telefonía celular.
Luis Enrique Arango Jiménez, presidente del SUE,
integrante de Ascun y miembro de ASCUN, presentó los resultados consolidados de
los trabajos que, de manera independiente, realizó por un lado la comisión de
vicerrectores administrativos y financieros de las universidades públicas
(mismo que a comienzos de año había entregado el estudio técnico sobre el
"Desfinanciamiento de la Universidad Pública", y que mencionaba la
cifra de 11.2 billones que los estudiantes de la MANE han venido exigiendo al
Gobierno), luego de su trabajo conjunto con los Ministerios de Educación,
Hacienda y Planeación Nacional, y de otro lado el trabajo que realizaron
miembros de la comunidad académica y de entidades como Icetex y Fodesep, en la
mesa temática coordinada desde ASCUN.
Para Arango, el actual esquema de distribución de
recursos de las unievrsidades públicas debe ser la base para aumentar los
ingresos.
Según el documento, “todos los estamentos de la sociedad
deben concurrir y aportar al financiamiento de la educación superior: el Estado
Central, los Entes Territoriales, las familias, los estudiantes, el sector
productivo y el privado. En vez de gratuidad que puede beneficiar al que no lo
requiere, más bien, que nadie se quede por fuera si no tiene con qué pagar y
sostenerse”.
Algunas de las propuestas para mejorar las finanzas de
las instituciones de educación superior públicas y recaudar más recursos, son:
- Dar un trato igualitario y no discriminatorio a todas
las IES que conforman el sistema; es decir, que haya equidad en la
distribución de recursos para las
instituciones de educación superior oficiales que no son universidades.
- Que se supere el evidente desequilibrio entre el
compromiso de la Nación y el de los Entes Territoriales con la financiación.
Que alcaldías y gobernaciones aporten al menos el 1% de sus ingresos
tributarios
- Que el recargo con destino al SENA y la exigencia de
recibir aprendices de esa entidad del Estado son transferencias injustificadas
para un sector que está realizando una tarea similar a la de la institución que
las recibe.
- Que se establezcan políticas públicas estables que
favorezcan tributariamente a las donaciones efectuadas a esas IES
- Que haya asociaciones público-privadas que reúnan a las
autoridades locales, a universidades privadas y a empresarios que ofrezcan la
oportunidad de estudiar en universidades privadas locales a estudiantes
académicamente calificados de bajos ingresos que no obtuvieron cupo en una
universidad pública
- Que se establezcan fondos especializados, o bolsas concursales
para proyectos estratégicos que promuevan el desarrollo económico y social del
país a los cuales las IES públicas y privadas
- Que se cree un fondo por parte del Ministerio de
Educación donde las instituciones concurran por recursos para administrarlos en
cumplimiento a su plan de desarrollo docente
- Que los Ministerios de Educación Nacional y de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones asuman los costos de
conectividad y acceso a bases de datos de las IES
- Que se negocie, a más bajos valores, cupos libres en
las IES privadas para estudiantes de las públicas
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