Comunicado a la opinión pública
El
primero de marzo de 2013 luego del allanamiento de sus viviendas fueron
privados de la libertad Andrés Tavera Franco y Henry de Jesús Viloria Giraldo,
estudiantes de Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia y de Historia
de la Universidad Nacional, respectivamente, bajo la imputación del delito de
terrorismo.
En el
trascurso de estos seis meses de privación de la libertad, se ha evidenciado en
el proceso judicial las arbitrariedades cometidas por el Fiscal Veinte
Especializado de Medellín, quien ha pretendido probar la autoría de este delito
a través de unas grabaciones que demuestran el daño en un vehículo automotor, y
con testimonios de miembros de la seguridad privada de ATEMPI, que prestan sus
servicios en la Universidad de Antioquia, quienes además de contradecirse entre
sí, pareciera que se encuentran relatando un libreto que no han sido capaces de
sostener en el juicio, como el caso de María Leonor Herrera quien el día de los
hechos llamó a la policía a través del 123, porque supuestamente se encontraba
encerrada y amenazada por varios estudiantes entre los que se encontraban los
detenidos y tan solo un par de minutos después estaba presentando la denuncia
personalmente ante la Fiscalía por el terror que supuestamente padeció.
Por su
parte la Administración de la Universidad de Antioquia, a través de la abogada
Aracelly Tamayo Restrepo, se constituyó como víctima dentro del proceso
judicial por el delito de terrorismo, apoyando la actividad arbitraria de la
Fiscalía, con el único propósito de que los detenidos sean condenados a una
pena de prisión mínima de 13 años, sin derecho a rebajas de pena ni prisión
domiciliaria.
Entre
tanto se ha vuelto costumbre que la Fiscalía General de la Nación y algunos
jueces penales, apliquen como medida principal la privación de la libertad
cometiendo este tipo de arbitrariedades, violando Derechos Humanos como el de
la Libertad, el Debido Proceso o la Presunción de Inocencia, situación frente a
la cual no ha quedado más que la resistencia moral de los detenidos y sus
familias, el apoyo de la sociedad civil, una adecuada defensa y un Juez que sea
garantista, para que los detenidos recuperen su libertad.
En este
sentido resulta deplorable que la administración de una institución académica,
como la Universidad de Antioquia, que se dice estar abierta al dialogo, al
debate y a la fuerza de los argumentos, participe del juego sucio propuesto por
el ente estatal que se ha dado la tarea de reprimir cualquier vestigio de
expresión popular con las prisiones y las condenas.
Por lo
anterior se hace un llamado a todos los estamentos miembros o no de la
comunidad universitaria de la Universidad de Antioquia para que se rechace la
persecución que viene realizando la administración que no contentos con la
instalación de cámaras ocultas, ahora le colabora en sus labores a la Fiscalía
constituyéndose como víctima de un delito que no se ocasionó. Así mismo
llamamos a la solidaridad con los detenidos y sus familias quienes continúan
soportando el calvario de la prisión.
A la
Administración de la Universidad de Antioquia se le exhorta a cumplir con lo
expresado públicamente y le exigimos que su intervención en el proceso judicial
sirva para estar en contra de las pretensiones de la fiscalía y sentar una
posición seria en contra de la acusación por terrorismo. No es consecuente con
el desarrollo académico del Alma Mater que la abogada que representa a la
Universidad este apoyando dicha acusación.
Asamblea General de
Estudiantes
Universidad de
Antioquia
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