Agosto
de 2013
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Para
dar pasos concretos hacia el logro de la paz y la democracia, se requieren
transformaciones en la estructura económica, política y cultural de la sociedad
colombiana, cambios que el pueblo y sus organizaciones han venido exigiendo
desde hace décadas y que los sucesivos gobiernos no han escuchado.
Comprometidos
y comprometidas con lograr una sociedad distinta a la injusta y cruel
caricatura de nación que nos han impuesto, las niñas, niños, ancianos, hombres
y mujeres de los pueblos campesinos, afros e indígenas del Coordinador Nacional
Agrario y como parte orgánica del Congreso de los Pueblos, nos hemos movilizado
una vez más para exigir cambios, para medir nuevamente la voluntad de paz del
gobierno a partir de peticiones concretas, alcanzables, pero sin renunciar a
nuestros más preciados horizontes de una Colombia con paz y con vida digna para
todos y todas.
Las
miles de gentes del CNA y del Congreso de los Pueblos, acompañados por otros
tantos miles de gentes del pueblo, movilizados desde el 19 de agosto de 2013
presentamos al gobierno este pliego que recoge nuestras demandas históricas y
nuestros mandatos, elaborados de forma conjunta con otros y otras en nuestros
congresos temáticos, en asambleas, consultivos, reuniones y mingas de
pensamiento a lo largo y ancho del país.
1. TIERRAS PARA LOS PUEBLOS QUE LAS TRABAJAN
Y LAS CUIDAN
La
tierra es garantía de vida de millones de personas de los pueblos campesinos,
negros e indígenas. Esta ha sido arrebatada para ser adjudicada a empresarios,
terratenientes y megaproyectos extractivos. Los pueblos del campo exigimos la
tierra y el territorio para desarrollar nuestra economía campesina y nuestra
producción orgánica y autónoma y demandamos:
1.1 Que
el gobierno adjudique los Baldíos al campesinado que carece de tierras y que se
atenga a lo planteado en la sentencia C-644 de 2012 de la Corte constitucional.
1.2 Que
el gobierno declare nulas las compras masivas de tierras que han hecho empresas
nacionales y extranjeras violando la ley 160 de 1994.
1.3 Que
el gobierno deje de perseguir al campesinado por guardar, proteger o
intercambiar semillas. Que no aplique las leyes 1032 de 2006 y la 1518 de 2012,
y que derogue la resolución 970 del ICA.
1.4
Revisión de todos los tratados internacionales de libre comercio, inversiones,
propiedad intelectual y servicios firmados por Colombia.
1.5
Subsidios temporales a los sectores afectados por los TLC y por la apertura
económica, mientras se recupera la producción nacional.
1.6
Garantías al ejercicio autónomo y legítimo de las comunidades del campo para
ordenar su territorio y definir sus formas de convivencia.
2. PETRÓLEO PARA LA VIDA DIGNA
El
petróleo no debe seguir siendo el botín de las empresas transnacionales y de
los políticos corruptos, mientras el pueblo no tiene energía para vivir.
Demandamos:
2.1
Garantías para una discusión democrática, participativa y decisoria de una Ley
orgánica de hidrocarburos, donde las comunidades organizadas, la Unión Sindical
Obrera, las centrales obreras, la academia, los alcaldes de municipios
petroleros, las organizaciones ambientalistas, los gremios del transporte,
socialicen y consensúen este tema como un elemento estratégico para el futuro
de los y las colombianas.
2.2
Instituir una Comisión conformada por tres representantes de cada uno de estos
sectores sociales, quienes autónomamente designaran sus representantes y
sesionarán en una Asamblea Energética Nacional de cara al país.
2.3
Reducción del precio de los combustibles en al menos un 50% conforme a las
peticiones de los transportadores y otras comunidades, como muestra de buena
voluntad.
3. MINERÍA PARA EL BUEN VIVIR
La
extracción de minerales ha sido entregada a empresas transnacionales que
saquean y destruyen la naturaleza, dejando solo miseria para los trabajadores y
las comunidades. Reconociendo como legítima la minería ancestral y la pequeña
minería de socavón que realizan comunidades desde hace años demandamos:
3.1 Que
el gobierno decrete la Moratoria minera, frenando los proyectos extractivos y
revocando los títulos en regiones campesinas, zonas de páramos y nacimientos de
agua, reservas forestales y bosques protectores y en territorialidades
indígenas y afro.
3.2 Que
se apoye con inversión social a las comunidades que viven de la minería para
que quienes lo deseen hagan una transición a otras formas de producción y de
ordenamiento territorial.
4. RECONOCIMIENTO POLÍTICO PARA EL
CAMPESINADO Y LOS PUEBLOS NEGROS E INDIGENAS
Aunque
el gobierno se dice democrático, impone el plan de desarrollo y sus
locomotoras, atropellando la vida de las comunidades con megaproyectos que van
en contra de nuestras visiones y formas organizativas. Demandamos:
4.1 Que
el gobierno genere consultas campesinas y populares para que el campesinado y
el conjunto de la población decidan sobre los proyectos mineros, energéticos,
hidroeléctricos y similares.
5. SUSTITUCIÓN AUTÓNOMA Y CONCERTADA DE
CULTIVOS DE USO ILÍCITO
Bajo
una doble moral, pues la economía se ha servido del negocio de las drogas, y
con el pretexto de combatir el narcotráfico, el gobierno militariza y escala el
conflicto en amplias regiones, al tiempo que destruye con las fumigaciones
cultivos de pancoger, generando crisis alimentaria a los pueblos del campo y la
ciudad. En ese sentido demandamos:
5.1 Que
el gobierno concerte con las comunidades procedimientos, tiempos y mecanismos
para realizar una sustitución de los cultivos de uso ilícito, por cultivos
alimentarios, desarrollando política pública, inversión social y motivando las
economías regionales de acuerdo a los planes de vida y planes de desarrollo
alternativo planteados hace años por los habitantes del campo.
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