La
mayoría de universidades públicas de Bogotá como el Colegio Mayor de
Cundinamarca, la Pedagógica, la Distrital y la Nacional han afrontado desde los
últimos años una seria crisis territorial. Lo anterior se encuentra íntimamente
ligado por una parte a la crisis general de presupuesto e infraestructura que
afrontan las universidades públicas del país obligadas a recibir más
estudiantes con las mismas construcciones desgastadas, reduciendo el
presupuesto, profesoras y trabajadoras, lo que lleva al sobrecupo y/o la
necesidad de apertura de nuevos espacios sin garantías, por otra parte, el establecimiento de planes de renovación
urbana en el centro ampliado de la ciudad (que va desde el centro histórico al
centro financiero) y el sector del Salitre, que en entre otras cosas buscan
desplazar a dichos campus, percibidos como foco de desorden público. Así, los
territorios de las universidades estatales se ven bajo la amenaza de la
fragmentación, la venta de edificios y servicios a capitales privados, el
traslado en pésimas condiciones y la marginación urbana.
Todo
esto opera en medio de una dinámica común de privatización en la que entes
particulares entran a operar con fin de lucro los inmuebles y servicios de las
universidades tales como escenarios culturales y deportivos, cafeterías,
fotocopiadoras; de precarización en las que muchas estudiantes necesitadas de
dinero, enfrentados a las dificultades de un empleo basura y afectados por la
falta de políticas integrales de bienestar universitario montan chazas o
pequeños puestos de ventas que proliferan en el campus; de descomposición
orquestada por grupos de comerciantes auspiciados por el paramilitarismo
operando en redes de micro trafico
escudándose en la extraterritorialidad universitaria y enrareciendo los
espacios de recreación; y la creciente “securitización” en la que las
administraciones refuerzan sus sistemas
de control sobre la comunidad universitaria contratando cuestionadas empresas
de seguridad privada con trabajadoras tercerizadas y sin vínculos con la
universidad, empleando medios coactivos como la vigilancia con perros y
caballos, costosísimas cámaras de
seguridad, políticas de seguridad que cierran los campus a la comunidad
territorial y los convierten en fortalezas protegidas frente “a los peligros
del mundo no universitario”, como lo expresan los planes de instalación de
torniquetes electrónicos en las entradas, a semejanza de las universidades
privadas.
La
crisis territorial lleva así dos tipos de respuesta: La vía neoliberal impuesta
por el gobierno y los empresarios a las autoridades educativas, que busca
consumar la ruptura de la unidad territorial de los campus y su desplazamiento
a espacios apartados que lo excluyan de las principales dinámicas de la ciudad,
en medio de la privatización, la precariedad y el control policivo de los
mismos, o la vía de defensa de los bienes públicos por la que aun sin mucha
claridad luchamos las estudiantes, por una universidad con una buena
infraestructura y campus unitarios que potencien la acción colectiva, integrada
a las principales actividades de la ciudad al vincularse con las trabajadoras, los sectores sociales y
el pueblo en general en medio de programas amplios e integrales de bienestar
universitario y seguridad comunitaria bajo el control de estudiantes,
profesoras y trabajadoras.
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