Desde hace
algunas semanas uno de los principales temas de debate en la facultad de
Ciencias y Educación de la Universidad Distrital ha sido lo referente a la
improvisada y autoritaria decisión con la que se trasladan los proyectos
curriculares de Lengua Castellana y Pedagogía Infantil a un par de casas
ubicadas en la localidad de Chapinero donde la administración asume ilusamente
que pueden ver clases de manera digna más de 1.300 estudiantes y trabajadoras
que aglutinan estas dos carreras
Para quienes desconocen
aún la problemática, básicamente se trata de un traslado acordado a espaldas
del estudiantado so pretexto de atender la difícil situación de hacinamiento
que se vive desde hace bastantes años en la sede Macarena a raíz de una
pésima planeación donde se ha privilegiado aumentar la cobertura sin mirar en
que condiciones se produce agudizando la precarización de la universidad.
Además, es importante no perder de vista que este acontecimiento se da en el
marco de la actual discusión sobre la reforma orgánica que necesita la
universidad y que amañadamente esta utilizando la administración de la
misma para justificar el cambio de la estructura de las facultades entre
otras medidas bastante nocivas que se encuentran plenamente articuladas con
todo lo que viene sucediendo hace décadas en torno a la pauperización de la
educación pública en Colombia gracias a la implantación de programas de corte
neoliberal.
Ante el
atropello de este tipo de medidas el estudiantado ha respondido movilizándose
en contra del autoritarismo que campea en la Distrital por parte de las
administrativas que consideran que basta con unos cuartos “adecuados” como
salones y unas sillas rimax para ejercer un proceso educativo de manera digna.
En ese sentido, resultan bastante justas las reclamaciones que exigen no
dividir la facultad y a su vez condiciones optimas para estudiar, no
obstante, uno de los argumentos esbozados para acompañar las demandas nos causa
especial atención por su contenido e implicaciones. Según lo han manifestado
varias compañeras uno de los motivos por los cuales rechazan el traslado es
porque han sido ubicadas en una “zona de tolerancia” donde habitan
frecuentemente lo que llaman “gamines”, “desechables”, entre otros sinónimos
para referirse despectivamente a las habitantes de calleque según se ha dicho
amenazan la seguridad de la comunidad universitaria.
Nos preocupa
profundamente que este tipo de afirmaciones sean utilizadas como argumentos
reivindicativos ya que reproducen una visión elitista que ubica a las universitarias
como representación de la “gente de bien” que se encuentra en situación de
peligro ante esa “indigencia” (que se refiere a lo no-digno según su
significación) que escarba en las basuras buscando algo que comer. Además, se
refuerza el imaginario de una universidad encerrada en si misma que no tiene
ningún contacto ni pertinencia con las realidades que se viven fuera de sus
muros, en otras palabras, una universidad que le da la espalda a los problemas
que aquejan a la sociedad. La universidad pública antes que estar
haciendo mala cara al tenerse que codear junto a las habitantes de calle al
mejor estilo de la más rancia clase “dedi-parada” de la ciudad tendría que
estarse cuestionando por las condiciones que permiten que la gente tenga que rebuscarse
su subsistencia en los desechos que botamos a diario. Resulta bastante irónico
que reneguemos de qué habitantes de calle deambulen alrededor de nuestros
lugares de estudio cuando precisamente tenemos esta realidad en las periferias
y barrios marginales donde habitamos gran parte de las estudiantes de la
universidad pública.
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