Este
texto aborda las características y límites del actual modelo de gobierno
universitario, especialmente de las instituciones públicas y exhorta a que se
le otorgue a éste tema la importancia debida en la actual coyuntura en la que
se discute un nuevo ordenamiento legal para la educación superior.
Germán
Paul Cáceres
“El movimiento estudiantil colombiano, ante
la urgente necesidad de transformar la educación superior en Colombia como
apuesta fundamental para darle vida a un país con Soberanía, Democracia y Paz,
ha cumplido con su compromiso de construir una nueva ley alternativa de
educación superior”.
Declaración política
VII. Plenario de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil MANE. Encuentro Aprobatorio
1, 2 y 3 de junio, Medellín.
La
urgencia de transformación de la educación superior vive un momento clave pues
compromete a todos los actores con los estudiantes en la primera fila de las
definiciones. Precisamente, para el próximo 28 de agosto la Mesa Amplia
Nacional Estudiantil (MANE) ha anunciado un encuentro nacional sancionatorio de
una nueva y alternativa ley de educación superior.
En el
debate público sigue instalada la necesidad de la reforma y para el movimiento
estudiantil esta tiene que ser construida sobre el mayor consenso posible
especialmente entre sus protagonistas: los universitarios. El mérito de la MANE
es su tenaz proceso de construcción de consenso que ya toma al menos dos años y
en consecuencia le da legitimidad a la propuesta del estudiantado que será
presentada en detalle el 28 de agosto.
Hasta
el momento, se conocen los contenidos fundamentales a partir de los cuales se
formalizará el articulado de la Ley: reafirmación de un concepto amplio de
autonomía universitaria, redefinición de las características del Sistema de
Educación Superior, propuesta de financiación que insta a reinstalar el papel
central del Estado y que incluye la gratuidad, reflexión para garantizar la
calidad académica y reivindicaciones sobre el bienestar universitario que es
una deuda pendiente de la educación superior en Colombia.
El
proceso que ha liderado la MANE representa un ejemplo de discusión democrática
y ha renovado al movimiento estudiantil colombiano de cara a participar con
incidencia en las definiciones sustanciales sobre la educación en Colombia.
Justamente,
una de estas definiciones que determinará un verdadero cambio en el Sistema de
Educación Superior es la que tiene que ver con la autonomía en el gobierno
universitario y la configuración de la conducción político-institucional de las
universidades; cuestiones indispensables para consolidar una educación superior
con altos estándares de calidad académica que cumpla con su misión social y
cultural, si bien el futuro de la educación superior sigue dependiendo de una
solución de fondo en su economía, esto es, en la garantía de su sobrevivencia
financiera.
Esta
reflexión hace énfasis en la necesidad de dar un debate sobre las
características perniciosas del actual modelo de gobierno universitario y la
importancia de lograr su transformación, más allá de la aritmética de la
composición de los actuales órganos de gobierno universitario.
El ejercicio tutelado de la autonomía de gobierno
de los universitarios [1]
La
autonomía universitaria tiene al menos dos dimensiones básicas: por un lado,
autonomía científica y académica; por otro, autonomía en el gobierno
institucional. En el caso de la universidad pública esto es un ideal
regulativo, pues la relación jurídica con el Estado la condiciona. Sin embargo,
esto no impide que la universidad deba sustraerse, a nivel académico-científico
y a nivel de su gobierno, de influencias gubernamentales y externas.
El
documento de Consensos Políticos presentado por la MANE en junio pasado, habla
de democracia y cogobierno como parte constitutiva de la autonomía y reclama una
participación activa y decisoria de las comunidades educativas. Para la MANE,
la autonomía de gobierno es un punto clave de su propuesta, pues el mencionado
documento propone la reorganización de funciones entre los diferentes órganos
hoy existentes y el que sería en adelante el organismo principal: la asamblea
universitaria.
Asimismo,
propone que la composición de dichos órganos sea mayoritariamente dominada por
profesores y estudiantes, incluso con la participación de los trabajadores
administrativos; pero independientemente de las proporciones de representación
de uno u otro estamento y del volumen de la presencia gubernamental en los
órganos de dirección, el diagnóstico estudiantil acierta en identificar que el
actual perfil del gobierno universitario expresa una débil autonomía y un
amplio y contraproducente control gubernamental.
Este
perfil se puede caracterizar como un ejercicio tutelado de la autonomía de
gobierno de los universitarios, lo que se profundizó en últimas décadas de
predominio de la agenda neoliberal que si bien no fundó este carácter limitado
de la autonomía universitaria en Colombia, si consolidó un menosprecio hacia la
participación y una desconfianza hacia los universitarios y su capacidad de
decidir sobre sus propios asuntos.
El
tutelaje del Estado en las decisiones universitarias parte de un prejuicio muy
común que sale a relucir cuando se habla de la universidad pública desde el
gobierno e inclusive de algunos sectores del profesorado, que se basa en la
creencia de que los universitarios (profesores y estudiantes) no tienen
suficiente “mayoría de edad” para gobernarse a sí mismos y darles esa
prerrogativa llevaría al caos universitario. Además, este prejuicio se
resguarda en la idea de que el Estado debe ejercer la suprema inspección y
vigilancia de la educación superior, aunque aquello bien entendido no tendría
porque equipararse con la idea de que ejerza el gobierno.
Adicionalmente
y dado el contexto de conflicto armado en Colombia, el ejercicio pleno de la
autonomía de gobierno es visto con recelo en un país con escasa democratización
de sus élites gobernantes que temen perder el control político de las
universidades públicas y de ahí, que se insista en la idea de mantener una
amplia intervención gubernamental que evite el riesgo de que otros actores
políticos y al margen de la ley permeen las decisiones universitarias.
Así,
este ejercicio tutelado demuestra la predominancia de una cultura política
autoritaria, que se refuerza en los condicionantes impuestos por el
tecnocratismo neoliberal y expresa las condiciones políticas de un país con un
conflicto armado anacrónico y cuyas élites tienden a ideologizar desde la
lógica de la guerra los espacios públicos.
Conforme
a ello, el ejercicio del gobierno universitario en Colombia se caracteriza por
una fuerte concentración y discrecionalidad de las decisiones en la cima de la
organización universitaria, con una recurrente búsqueda de legitimidad en el
afuera de la universidad y particularmente en los gobiernos de turno que
mantienen amplio control de las decisiones universitarias al tener presencia
suficiente en los consejos superiores.
La
amplia discrecionalidad del Consejo Superior Universitario de marcada
composición extrauniversitaria [2] y en general un sistema de gobierno hecho para
mediar la voluntad de la comunidad universitaria se traducen en un modelo de
gobierno universitario de tipo burocrático. En otras palabras, la legitimidad
de las decisiones y las políticas se convierte en una legitimidad burocrática,
pues no apela al resultado de la discusión cualificada de los protagonistas y
directos involucrados sino al hecho de ser adoptadas formalmente por los
órganos de dirección.
Esa
preponderancia de un principio de autoridad política externo a la universidad
en la cima de su dirección, así como la existencia de una representación
minoritaria de los estamentos universitarios, con especial marginación del
estudiantado y el desconocimiento de instancias independientes de cada
estamento deben ser parte del debate de reformulación de las bases del gobierno
de las universidades y con ello de la revitalización de su autonomía. La MANE
le ha dado un lugar de privilegio a estas cuestiones.
Lo
anterior también implica el cuestionamiento al relato oficial sobre la
existencia de un principio de gobierno colegiado en la universidad pública
colombiana y que se explica precisamente por la existencia de las llamadas
representaciones estudiantiles y profesorales. Ante esta realidad, la
argumentación de la MANE debe poner de manifiesto las enormes limitaciones de
esta fórmula de participación, e incluso, deslindarse de la defensa ultranza
que de las representaciones hacen algunas organizaciones que la componen. Las
representaciones no dejan de ser una parodia de gobierno colegiado o cogobierno
como el que reclama el movimiento estudiantil.
En
síntesis, la discusión debe tender a cuestionar los fundamentos que sostienen
la configuración político-institucional del gobierno universitario y romper con
las discusiones aritméticas del actual esquema de dirección burocrático,
pasando por reclamar la existencia de
auténticos órganos colegiados de gobierno y denunciando la argumentación
estatal e institucional que habla de una supuesta politización nociva cuando se
trata de dar voz y voto a los universitarios, pero que guarda silencio frente a
la presencia de poderes políticos externos en sus órganos principales de
gobierno.
[1] Una
discusión ampliada sobre este tema puede verse en Cáceres (2012). Disponible
en, http://hdl.handle.net/10469/4905
[2] Este
problema es aún más agudo en las universidades públicas de carácter
departamental, algunas totalmente capturadas por la politiquería de la Región y
vencidas en el ejercicio de su autonomía de gobierno.
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