En agosto, cuando la Mesa Ampliada Nacional
Estudiantil MANE cumpla sus dos años de constitución, sus voceros han anunciado
que presentarán el anunciado texto final de su propuesta de Ley alternativa,
que esperan reemplace la Ley 30 de 1992. Incrementar los profesores de planta
del 30 al 70%, que 7 de 9 miembros de consejos superiores sean elegidos
popularmente, y que recursos de Icetex no vengan del Banco Mundial, entre
otros, harán parte de su propuesta.
Para el rector del CESA, José Manuel
Restrepo, es "lindo el sueño de la MANE para la educación superior:
triplicar presupuesto, educación gratuita y créditos cero interés. Lástima que
es inviable", dice.
La
propuesta de la MANE en voz de sus líderes
Bajo la premisa de que la Ley 30 debe ser
derogada y reemplazada por un nuevo sistema de educación superior, la Mesa
Amplia Nacional Estudiantil (Mane) propone en su proyecto de ley que la
educación se conciba como un derecho fundamental y una condición para el
desarrollo, que sea de alta calidad, con cuerpos de gobierno más democráticos y
que esté al servicio del país.
Partiendo de que la universidad colombiana
está en crisis y requiere medidas urgentes y profundas, los estudiantes que
hacen parte de la Mane plantean en su iniciativa -que estaría lista a finales
de agosto- educación gratuita, créditos educativos del Icetex sin tasas de
interés, un revolcón en los cuerpos de gobierno de las universidades públicas
(donde al menos siete de sus miembros sean elegidos de forma democrática) y pasar
del 30 al 70 por ciento el número de profesores de tiempo completo en las
instituciones, de manera que aumente la investigación en las universidades.
“Partimos del hecho de que el eje de la
educación superior debe ser la universidad pública. Hay que fortalecerla, de
manera que todo colombiano tenga esta posibilidad y la universidad privada no
sea una obligación sino una opción”, afirma Juan Sebastián López, vocero de la
Mane.
En la propuesta también consignan aumentar en
5 billones de pesos el presupuesto de la educación superior (pasar de 2,3
billones de pesos a 7,3 billones de pesos), crear un sistema nacional de
bienestar que garantice la permanencia de los estudiantes (fortalecer y ampliar
las residencias universitarias, dar auxilios de transporte y alimentación) y
garantizar la calidad a través de la cualificación docente (más profesores con
doctorado), una mejor infraestructura y más redes de cómputo y laboratorios.
Así mismo, el proyecto plasma que la
investigación universitaria sea independiente y no esté ajustada sólo a las
necesidades de la empresa privada; que haya cupos específicos para las
comunidades indígenas y afrocolombianas y que existan cursos nivelatorios,
previos al ingreso a la educación superior, de forma que los estudiantes superen
las falencias que traen de la educación secundaria y no deserten del sistema.
“Proponemos, además, que las Pruebas Saber
Pro no sean un mecanismo de aseguramiento de la calidad y que ésta se garantice
mediante la evaluación, pero hecha por la comunidad académica y científica. El
evaluador no debe ser el Gobierno”, agrega Sergio Fernández, también vocero de
la Mane.
El proyecto de ley de los estudiantes, que
hasta el momento contempla cerca de 60 artículos -y que presentarán al Gobierno
Nacional en una mesa de discusión- hace explícita la prohibición de
instituciones de educación superior con ánimo de lucro; propone que los
recursos que alimentan el Icetex no provengan de empréstitos con el Banco
Mundial sino que salgan del presupuesto nacional (que este no sea un banco) y
que esta entidad incentive créditos para estudios en el exterior.
“Icetex debe ser un mecanismo complementario
de la educación superior y garantizar este derecho”, dice Fernández.
“Estamos analizando replantear las funciones
de organismos como el Consejo Nacional de Acreditación (CNA), de manera que
revisen si las universidades cumplen la ley y tienen condiciones
institucionales y materiales para garantizar la educación”, puntualiza.
Los 5 billones de pesos adicionales para la
educación superior
Según la Mane, triplicar el presupuesto para
las universidades públicas es factible en el entendido de que, por ejemplo, con
la reforma tributaria se redujo el impuesto de renta a algunas empresas del
país del 33 al 25 por ciento y esos 8 puntos equivaldrían a cerca de 6 billones
de pesos. “Si un gobierno tiene recursos para disminuirles a los más ricos 6
billones de pesos al año, ¿cómo no tiene para aumentarle a la educación
superior 5 billones como proponemos? Es una cifra realizable”, comentan los
voceros de la Mane.
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