jueves, 23 de mayo de 2013

Política pública de educación superior trasciende a este gobierno, ministra Campo




En los Diálogos Regionales por la Educación Superior para el Occidente del país, en Cali, para el Valle, Cauca, Nariño y Chocó, la ministra de Educación Nacional, María Fernanda Campo, explicó los alcances de la Política Pública de Educación Superior que viene trabajando el CESU con el aporte de la sociedad civil y la comunidad académica, e indicó que la apuesta es para que dicho dicho documento se constituya en un documento de obligatoria referencia para los planes de acción de gobiernos locales, departamentales, nacionales y de las misms IES.

Aunque no indicó una fecha exacta en la que el CESU presentará el anunciado documento de política pública, la ministra hizo referencia a que esto sólo será posible cuando el Consejo escuche los aportes de todo el país, a través de los Diálogos Regionales, los aportes en www.dialogoeducacionsuperior.edu.co y las mesas temáticas especializadas que se están trabajando, entre otras, con asociaciones como ASCUN.

Igualmente se conoció que el CESU ha analizado el momento político y preelectoral del país, y aspira a que el tema haga parte sustancial de la agenda de los próximos candidatos presidenciales, de tal manera que, en lo posible, todos acojan la política propuesta, como producto de una de las más grandes convocatorias públicas en temas de interés para el país.
La ministra Campo explicó que la política pública lo que busca es que en el mediano plazo los planes de desarrollo de los municipios, de los departamentos, del país y de cada una de las instituciones de educación superior tengan como referente la dirección deseada por el país en dicha política pública.

Así mismo, que estos vayan acompañados de recursos económicos que den viabilidad a la política y que se comprometa a todos los ministerios y entidades estatales en el aporte con este plan de trabajo.


Finalmente, no descartó la posibilidad de que, como producto de la política pública propuesta, se requiera revisar la normatividad y se contemple la posible reforma de la Ley 30 de 1992.

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