Tarde o temprano
el Estado, bien sea el CESU en su análisis de una Política de Estado en
Educación Superior, el Congreso (si va por Ley de la República) o el Gobierno
(llámese Planeación Nacional, Minhacienda o Mineducación), tendrán que
enfrentar un polémico tema que aún no ha sido ventilado formalmente, pero que
abiertamente opone el modelo de financiamiento de la universidad pública: O dar
más dinero a las "grandes", para hacerlas de excelencia mundial
(Nacional, Antioquia y Valle, que actualmente reciben el 45% de todas las
transferencias del Estado, mientras que las 29 restantes reciben el 55%), o
redistribuye los recursos (como lo reclaman las demás) de forma más equitativa.
De esta segunda
forma, se disminuiría de la enorme diferencia de recursos entre universidades
como la Nacional, que recibe casi 10 millones de pesos al año por estudiante,
frente a muchas otras que escasamente reciben entre 1 y 1.5 millones por
estudiante.
Para exrectores
de la Nacional, como Moisés Wasserman, el problema no es ese, sino que el
Estado tiene que garantizar más recursos para todas las IES, sin afectar lo que
ya reciben las grandes.
Para el actual
rector de la Nacional, Ignacio Mantilla, "modernizar
y financiar las universidades que tienen potencial de sobresalir mundialmente
debe ser una de las apuestas del Gobierno. El país necesita instituciones de
excelencia. La política de repartir un escaso presupuesto adicional en igual
proporción pone en riesgo la influencia académica y el respeto internacional de
las mejores universidades".
La referencia a
repartir un escaso presupuesto adicional en igual proporción, hace referencia a
la mesa técnica de financieros de 80 ies (universidades y no universidades) que
están viendo la forma de repartir los cerca de 1.5 billones que recibirán entre
2013 y 2015 como producto del impuesto CRE, creado en la reforma tributaria.
Cabe recordar que
48 de las 80 IES oficiales, no son universidades y que muchas de ellas, pese a
identificarse como públicas no reciben recursos del Gobierno Nacional.
A continuación se
presenta el artículo "Gobierno debe fortalecer IES con potencial de
excelencia", de Ignacio Mantilla en el periódico de la Universidad
Nacional:
Desde los
años sesenta, cuando un pequeño grupo de universidades norteamericanas consiguió
cuantiosos recursos y becas para patrocinar sus investigaciones –especialmente
en el campo de las ciencias físicas y naturales–, la financiación de proyectos
cruciales fue posible gracias a fondos que se incorporaron a los presupuestos
de funcionamiento de las nuevas “universidades de investigación”, categoría que
trascendió las habituales de “privadas” y “estatales o públicas”.
Con el
tiempo, la competencia por obtener dineros adicionales incorporó la estrategia
de la cooperación, no sólo entre instituciones, sino también entre científicos
de diferentes disciplinas.
Simultáneamente,
el crecimiento demográfico y económico provocó un cambio significativo en su
estructura. Así, por ejemplo, los campus históricos se transformaron en
sistemas de múltiples sedes que abarcan áreas geográficas extensas o remotas.
El argumento
principal para promover la creación de nuevas sedes y campus fue la necesidad
de atender a más estudiantes y de llevar la formación de calidad a otras
regiones. El medio para lograrlo fue la financiación estatal, que optimizaba
así los recursos sin tener que fundar nuevos centros académicos.
En el país,
la Universidad Nacional de Colombia es un ejemplo de esta transformación, con
la consolidación de siete sedes y su apuesta por la investigación.
Mejorar
la categoría
Aquellas
instituciones de educación superior (IES) que optaron por este camino
recibieron un impulso dinámico gracias a fondos externos que se sumaron a sus
presupuestos (o que, al menos, así fueron contabilizados).
Lo que a
menudo se pasó por alto fueron los costos adicionales ocultos que acarreaban
los proyectos y los investigadores, derivados de las nuevas sumas
presupuestales que debían disponerse para mantener, por ejemplo, las
instalaciones de alta calidad que se necesitaban o para pagar salarios mayores
a profesores más calificados y motivados a aumentar su propia productividad
académica.
Las
universidades tampoco han escapado al entorno social globalizado, en donde lo
normal es lo impredecible. La academia actual debe responder con prontitud y de
manera acertada, soportando presiones políticas, sociales y económicas. Y
surgen ahora nuevas categorías de centros que se destacan por su alta calidad,
como las “universidades de excelencia”.
Estas no solo
son responsables del desarrollo de la ciencia y la tecnología, sino también de
la cultura, la formación general, el conocimiento y la capacidad de comprender
lo que sucede en el país y en el mundo. Especialmente en la última década,
tener IES de esta categoría se ha convertido en un propósito y en una
preocupación cada vez más grande para algunos países y sus Gobiernos.
De todo lo
que se les pueda defender o criticar, hay algo que todos aceptan: la calidad de
excelencia con que desempeñan sus funciones debe considerarse normativa para
otras instituciones.
Colombia
necesita y merece universidades de excelencia, apreciadas así por la sociedad,
pero muy especialmente por el Gobierno: aquellas que hacen relevantes
contribuciones al progreso del conocimiento mediante la investigación; las que
enseñan con los programas de estudios y los métodos pedagógicos más
innovadores, en las condiciones más propicias; y las que hacen de la
investigación un componente integral de la enseñanza en pregrado.
Urgen
universidades reconocidas por la superioridad de sus resultados, que formen
profesionales excepcionalmente calificados: destacados por su éxito en ámbitos
altamente competitivos durante su formación y después de su graduación;
sumamente demandados en el mercado laboral; que llevan a cabo pesquisas de
vanguardia; publican en las principales revistas científicas; y contribuyen con
innovaciones técnicas a través de patentes y licencias.
Modernizar
las existentes
El papel del
Estado en fomentar el crecimiento de la educación de excelencia es un factor
crítico. Es poco probable que una institución pueda alcanzar rápidamente esa
categoría sin un entorno político favorable y apoyo público, debido, sobre
todo, a los altos costos involucrados en la creación de capacidades e
instalaciones avanzadas.
El Gobierno
debe considerar la posibilidad de mejorar aquellas que posean el potencial de
sobresalir. Pero, para eso, tiene que entender que el país necesita
universidades de excelencia.
Tiene que
estar decidido a modernizarlas, financiando su transformación y garantizando su
sostenimiento, con la conciencia de que la abundancia de recursos es un
elemento que caracteriza a la mayoría de las academias de ese nivel.
¿Cómo se
financiará la transformación? ¿Qué proporción del gasto debería hacer parte del
presupuesto público? ¿Qué sistemas de control, indicadores de resultados y
mecanismos de rendición de cuentas se utilizarán? Estos son algunos de los
interrogantes.
Un caso
ejemplar que merece destacarse es el esfuerzo que ha hecho Alemania,
recientemente imitado por Francia, para reforzar sus mejores universidades y
así llevarlas al grado de excelencia.
Mediante una
clasificación efectuada en el año 2006, llamada “iniciativa de excelencia”
(Exzellenzinitiative), se dio un primer impulso financiero por cinco años a
nueve de ellas (de las cerca de cien existentes) equivalente a 1.900 millones
de euros.
En el año
2012, se extendió por cinco años más el aporte federal, ahora de 2.700 millones
de euros, para fortalecer una decena de ellas consideradas “de excelencia” y
consolidar así la formación de futuros científicos y la investigación.
En Colombia,
por el contrario, se pretende repartir un escaso presupuesto adicional en igual
proporción entre todas las universidades públicas o, peor aún –recurriendo a un
extraño modelo “solidario”–, en proporción inversa a sus presupuestos, lo que
no protege a las de mayor potencial y mejores resultados.
Esta política
conducirá, indefectiblemente, a una nivelación con criterios políticos que no
estimula su excelencia, desalienta a las mejores y pone en riesgo su influencia
académica y el respeto internacional.
La medida es
contraria a las recomendaciones hechas en el reciente informe del Banco Mundial
y la OCDE, financiado por el mismo Gobierno nacional. Este sostiene:
“Colombia
debe tratar de conseguir que su sistema de educación superior pueda competir
con los mejores del mundo, y debe estar dispuesto a adoptar medidas y realizar
reformas valientes para lograrlo. [...] Debe aumentar la inversión en la
educación de posgrado, la investigación y el desarrollo”.
La atención
urgente de estas recomendaciones y la decisión política de crear universidades
de excelencia en el país no dan más espera.
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