La
universidad pública más importante del país no sale de los paros, los
funcionarios reclaman mejoras laborales, las negociaciones están suspendidas y
los afectados son miles de estudiantes, en especial de Bogotá y Palmira.
El
conflicto laboral de la Universidad Nacional expresa problemas estructurales
que la aquejan desde hace años y se agudizan en la coyuntura reciente.
Las
universidades públicas enfrentan graves problemas de financiación. Según los
rectores de estos entes, en diciembre de 2012 se requerían $11,2 billones para
su funcionamiento, pues mientras los aportes de la Nación no han crecido en
términos reales desde la Ley 30 de 1992, las universidades se han expandido en
programas curriculares, matrículas, calificación del profesorado e
infraestructura. Un 40% de esta expansión se ha hecho con recursos propios.
El
actual presupuesto de la Universidad Nacional, según el abogado y docente
Leopoldo Múnera, es de $1,26 billones, menor en $10.000 millones al de 2012. La
Nación aporta el 54%, el resto proviene de recursos propios. El déficit para
este año es de $57.500 millones, equivalente al 10% del presupuesto de funcionamiento.
Desde hace años, para cubrir el déficit se transfiere dinero de inversión a
gastos de funcionamiento. En este contexto no se entienden los gastos en
remodelación de oficinas, compra de vehículos y contratación desproporcionada
de asesores para las directivas.
Al
crítico panorama financiero se agrega el deterioro de la infraestructura de la
sede de Bogotá. Según cálculos oficiales, se requieren $2 billones para poner
en funcionamiento adecuado esas edificaciones y con urgencia $800.000 millones.
Esto sin mencionar la insuficiencia de aulas, laboratorios y bibliotecas ante
la expansión de la cobertura.
Como si
fuera poco, los predios de la universidad en Bogotá están incluidos en el plan
de reestructuración del CAN que adelanta la empresa mixta SAS Virgilio Barco,
que despacha desde el Palacio de Nariño con apoyo del grupo Sarmiento Angulo.
La mencionada SAS ofrece recursos a la universidad a cambio de ceder parte de
su terreno —la clínica Santa Rosa, la rectoría y aledaños— para obras de
“renovación” urbana a favor del gran capital. Además, la actualización del POT
excluye parte de sus terrenos de la protección que se da al campus como
patrimonio cultural.
En
medio de esta crisis estructural aflora el conflicto laboral, que se remonta a
los años 90, pues la Ley 4 de 1992 consagró la nivelación para todos los
asalariados del Estado. Tras una larga lucha, hasta hoy los trabajadores de la
universidad no la han logrado, como sí lo hicieron los jueces.
En 2012
los sindicatos de trabajadores emprendieron distintas acciones para lograr la
nivelación salarial y frenar la supresión de cargos de planta. Sintraunicol,
siguiendo la orientación de la CUT que llama a los empleados públicos a
negociar pliegos de peticiones, hizo lo propio el 2 de enero de este año. El
pliego busca la nivelación ponderada de los distintos cargos y está en lento
proceso de negociación.
Por su
parte, el Comité Pro Mejora Salarial, orientado por Sintraunal, en septiembre
de 2012, presentó un “derecho de petición” que contemplaba recuperar los cargos
perdidos en los últimos años, aumento inmediato salarial del 30% e incremento
anual del 2% por encima del decretado oficialmente. El 21 de diciembre el
rector nombró una comisión negociadora en la que incluyó a este comité. Pero la
negociación no avanzó y el rector desconoció las peticiones de los
trabajadores. Ante tal actitud, el comité decretó asamblea permanente desde el
20 de febrero, que ha afectado gravemente la actividad académica en las sedes
de Bogotá y Palmira. Hoy la negociación está interrumpida por una prima técnica
para los trabajadores. El escollo no es sólo por la suma, sino porque la
universidad no debe cubrir este monto con recursos propios.
El
comportamiento errático de la rectoría —que tampoco ha reclamado los $50.000
millones que adeuda el Fosyga a Unisalud— expresa el quiebre de la noción de
comunidad universitaria. Las últimas directivas se han aislado físicamente del
campus y vitalmente de los estamentos que componen la universidad. No existe la
solidaridad necesaria para enfrentar la desfinanciación y los ataques contra la
universidad pública. Un rector como el actual fue impuesto en contravía de los
estamentos que votaron ampliamente por otro candidato. Pero ni siquiera el
Gobierno, que lo nombró, atiende sus llamadas.
Esto
remite a la necesidad de reformar la Ley 30, en aspectos financieros y de
autonomía universitaria como la conformación de los consejos superiores. Las
soluciones estructurales de la crisis de la Universidad Nacional implican una
voluntad política del Estado que no se ve por ningún lado. Ni en construir
participativamente la reforma de la Ley 30, ni menos en financiar adecuadamente
a las universidades públicas, como es su deber constitucional.
* Ph.D.
en historia. Docente de la Universidad Nacional desde 1978. Coautor de Idas y
venidas, vueltas y revueltas. Protestas sociales en Colombia, 1958-1990,
publicado en 2003.
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