Blanco
de una de las movilizaciones sociales más importantes desarrolladas en América
Latina en los últimos años, el sistema educativo chileno vive de escándalo en
escándalo. El más reciente derivó en una mini crisis política.
Gutenberg
Martínez es el máximo operador político de la Democracia Cristiana (DC) de
Chile, el partido mayoritario de la coalición que gobernó el país hasta 2010.
Ex diputado, nunca ha ocupado un cargo de gobierno y sin embargo es el hacedor
de reyes de su colectividad; su esposa, Soledad Alvear, fue la carta que la DC
puso sobre la mesa en 2005 para intentar frustrar la candidatura presidencial
de Michelle Bachelet y evitarse la humillación de ver a otro socialista
sucediendo a Ricardo Lagos en el palacio de La Moneda. A su vez, Alvear fue
canciller del gobierno de Lagos y tuvo un papel principal en el apresurado
apoyo que Chile dio al golpe de 2002 contra el presidente venezolano Hugo
Chávez, mientras la mayoría de los países latinoamericanos mantenía distancia
ante los golpistas. Por esas coincidencias de la vida, Gutenberg Martínez era
entonces el presidente de la Organización Demócrata Cristiana de América,
dominada por partidos conservadores y de sesgo anticomunista, y tenía muy
buenos vínculos con el partido Social Cristiano de Venezuela, cuyas corrupción
e ineficiencia en el gobierno abrieron el camino para el advenimiento de
Chávez. Desde esa época, la DC chilena ha criticado sin tregua al chavismo,
logrando incluso declaraciones del parlamento de Chile que son rayanas en la intervención
en los asuntos internos de Venezuela. En su otra vida, Gutenberg Martínez es el
fundador, rector e integrante del directorio de la Universidad Miguel de
Cervantes, una de las decenas de universidades privadas que se crearon, y se
siguen creando, bajo las leyes impuestas por la dictadura para desarticular el
sistema universitario estatal chileno. Uno de sus socios en ese proyecto fue
Ángel Maulén, también figura de la DC y subsecretario de Economía entre 1995 y
1996, durante el gobierno de Eduardo Frei. Maulén, que en 2006 se lanzó por
cuenta propia para crear la Universidad Pedro de Valdivia, está actualmente
procesado por cinco delitos de cohecho y lavado de activos, en un escándalo que
abarca esa y otras universidades, además de la Comisión Nacional de
Acreditación, el órgano encargado de certificar la viabilidad de las instituciones
de educación superior.
Alicia
Romo es, desde hace 31 años, la rectora de la Universidad Gabriela Mistral
(UGM), donde no están permitidas las organizaciones estudiantiles y a un
estudiante brillante se le negó la asistencia a la ceremonia de graduación
porque usaba su pelo en "colita". La señora Romo, abogada, estuvo
entre los redactores de la Constitución de la dictadura, promulgada en 1980 y
hasta ahora vigente. Un año más tarde, fue la pionera en aprovechar el nuevo
sistema universitario creado por los socios civiles de Pinochet y estableció,
con su familia, la que hoy se precia en su material publicitario de ser la
primera universidad privada acreditada. La UGM está en el centro de una red de
empresas de propiedad de la rectora y sus parientes, que prestan servicios o
arriendan inmuebles a la misma universidad; en 2011, solamente dos de esas
sociedades eran dueñas de más de una docena de edificios donde funcionan facultades
y oficinas, con un valor fiscal cercano a los 900.000 dólares.
La
Universidad del Desarrollo fue creada por el ex candidato presidencial de la
derecha en 2005, ex ministro de Educación y actual ministro de Desarrollo
Social Joaquín Lavín, junto a empresarios cercanos al presidente Sebastián
Piñera, el ex ministro de Economía de Pinochet y también candidato presidencial
Hernán Büchi, y varios profesionales que integran o han integrado el gobierno
de Piñera. Cuando no tenía más que 26 años, Lavín fue decano de la facultad de
Economía de la Universidad de Concepción, intervenida con toda la fuerza de la
dictadura por haber sido el lugar de origen de grupos simbólicos de la
izquierda, como el Movimiento de Izquierda Revolucionaria; por ese pasado y por
sus vínculos con la Universidad del Desarrollo debió dejar el ministerio de
Educación en 2011, al calor de las protestas estudiantiles.
Es muy
larga la lista de personeros del gobierno, antiguos funcionarios de la
dictadura, políticos oficialistas y de la oposición que aparecen entre los
propietarios de las universidades y colegios privados que brotaron como hongos
a consecuencia de la "reforma educacional" de 1980-1981, la cual, en
consonancia con la política económica impuesta por el régimen autoritario,
convirtió a la educación en un negocio más. Aparte del dinero recaudado por las
matrículas, que en el caso universitario (según la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico) han convertido a Chile en el país donde
las familias pagan más en el mundo por educar a sus hijos, el atractivo del
negocio está en los dineros entregados por el Estado. En los colegios, los
dueños reciben una suma mensual por cada alumno que aparece como presente
regularmente en los registros de asistencia; en las universidades, se les paga
una cantidad anual (Aporte Fiscal Indirecto, AFI) según el número de alumnos de
alto puntaje en la prueba nacional de ingreso que hayan conseguido atraer, y
también reciben fondos a través de un engorroso sistema de becas y créditos a
los estudiantes, que estuvo en el centro de los reclamos y protestas que
comenzaron el año pasado.
Legalmente,
los propietarios no pueden retirar ganancias de los establecimientos
educacionales, pero la ley guarda silencio o es vaga en cuanto a que ellos
participen en empresas que trabajan con las mismas instituciones. La forma más
común de obtener los beneficios del negocio es poseer una inmobiliaria, que
aparece como propietaria de las instalaciones y recibe cuantiosas sumas por
alquileres. Por otra parte, los trabajos de asesoría, reales o inventados, para
distintas dependencias de la universidad, servicios del gobierno y empresas,
hechos por otras compañías de pantalla, permiten mantener las apariencias de
que no se está practicando el lucro. El tema de las asesorías aparece en los
escándalos que estallaron recientemente, escándalos que han sido los primeros
en llegar con fuerza a la justicia en las más de tres décadas de vigencia del
negocio de la educación en Chile, tal vez porque los intereses comprometidos en
éste trascienden las barreras políticas. Así, por ejemplo, en 2005 Gutenberg
Martínez había sido cuestionado porque la Sociedad Defensa Jurídica, de
propiedad de la Universidad Miguel de Cervantes, obtuvo alrededor del 40 por
ciento de los causas, en una licitación de la Defensoría Pública en la Región
Metropolitana. Gobernaba en esa época la Concertación de Partidos por la
Democracia, en la que Martínez era y es un hombre influyente; el subsecretario
de Justicia era Jaime Arellano, antiguo director de la Corporación de
Asistencia Judicial de la Región Metropolitana, y la Defensoría Pública estaba
a cargo del socialista Rodrigo Quintana, cercano a Soledad Alvear, esposa de
Martínez, senadora por la Democracia Cristiana en la coalición de gobierno y
ministra de Justicia entre 1994 y 1999.
Buen negocio y plataforma ideológica
La
mitad de las 35 universidades privadas que existen actualmente en Chile
solicitaron la autorización de sus actividades en las postrimerías de la
dictadura de Pinochet, entre octubre de 1988 y noviembre de 1989; seis más se
crearon al inicio de la transición, hasta marzo de 1990, y siguen
estableciéndose, por lo general a partir de institutos de enseñanza técnica.
La
periodista María Olivia Mönckeberg, autora de dos libros sobre el negocio
universitario, que sospechosamente han tenido poca acogida en los medios,
sostiene que la educación universitaria privada se aprovecha de la legislación
histórica que beneficia a las antiguas universidades públicas o de genuino
servicio público, como la Universidad de Chile, la Universidad Católica o la
Universidad de Concepción, por lo cual no pagan IVA y otros impuestos, y tienen
más facilidades tributarias que la construcción, de crecimiento explosivo en
las principales ciudades chilenas. No obstante, como Mönckeberg lo revela en
sus investigaciones, existe "el negocio a largo plazo, el negocio
ideológico. Como el que tiene el Opus Dei o los Legionarios de Cristo en las
universidades Los Andes y Finis Terrae. O la Universidad Adolfo Ibáñez... Allí
hay una gran afinidad con el modelo neoliberal puro y duro".
Neoliberales,
militares, izquierdistas, masones, católicos, adventistas: todos tienen su
universidad en Chile, sin que ninguna ley prevenga que las instituciones sean
utilizadas para la difusión de ideologías o religiones. La fuerte presencia de
los elementos conservadores no permite siquiera garantizar el pluralismo; la
Universidad de Los Andes, controlada por el Opus Dei, encabeza la lista de
donaciones recibidas de particulares, con más de 10 millones de dólares al año,
y junto a la Adolfo Ibáñez, gozó en 2011 de los mayores aportes fiscales
indirectos en el grupo de las privadas: un millón y dos millones de dólares,
respectivamente. Bajo una capa de academicismo, la universidad del Opus Dei
provee los argumentos para los muy influyentes sectores opuestos al aborto
(ilegal en Chile en todas sus formas) y a cualquier iniciativa para la
legalización del matrimonio homosexual. La Miguel de Cervantes mantiene una
estrecha relación con la fundación Konrad Adenauer, centro del pensamiento más
conservador de la Democracia Cristiana alemana y por lo tanto, afín a las ideas
del rector y prohombre de la DC chilena Gutenberg Martínez.
"¡Los
chilenos son todos incestuosos!", exclamó con una mezcla de asombro e
indignación el director argentino de una ONG internacional, después de asistir
a una reunión con sus colegas chilenos. La razón de esas palabras fue haber
presenciado que, conversando amablemente alrededor de la mesa, estaban varios
parientes de perseguidores y perseguidos, torturados y torturadores, asesinos y
asesinados durante la dictadura, además de un ex integrante de los servicios de
inteligencia del primer gobierno democrático. Esa mezcla extraña de
parentescos, amistades e intereses, que anula muchas veces las barreras
ideológicas o éticas es relativamente común en Chile y crea el ambiente para
que existan numerosas formas de corrupción y tráfico de influencias, que no son
siempre reconocidas como tales. En los negocios, se traducen en un estado de
amoralidad, como el que envuelve las actividades de la educación privada.
"Pequeñas victorias"
La
crisis de la educación se cobró un ministro, Teodoro Ribera, titular de
Justicia, que debió renunciar el 18 de diciembre, sumándose a los ya numerosos
integrantes de los gabinetes de Piñera que han debido abandonar el gobierno por
aparecer involucrados en distintos affaires.
Ribera,
dirigente del partido Renovación Nacional, el mismo de Piñera, del cual era un
estrecho colaborador, fue puesto en entredicho por una investigación
periodística por haber recibido, cuando era rector de la privada Universidad
Autónoma, enormes transferencias de fondos de parte de la estatal Comisión
Nacional de Acreditación (CNA) por concepto de becas y créditos por los lazos
que mantenía con el presidente de este organismo, Luis Eugenio Díaz. Díaz está
actualmente detenido acusado de soborno, cohecho y lavado de activos. De
acuerdo a lo revelado por el Centro de Investigaciones Periodísticas (Ciper),
el ex presidente de la CNA había recibido súper millonarias coimas por
habilitar centros de estudios que carecían de la calificación necesaria.
Una de
las universidades privadas más beneficiadas por la CNA fue precisamente la
Autónoma, a la que Díaz, según un informe de la Fiscalía de Chile sacado a luz
por Ciper, le cobró 100 millones de pesos por acreditarla por cinco años.
Correos electrónicos entre Díaz y Ribera prueban que el ex consejero llegó a
pedirle al ahora ex ministro que a cambio de sus prestaciones, que colocaban a
la Autónoma muy por encima de otras universidades en principio de mayor
calidad, lo contratara a él como asesor del ministerio; Díaz también pidió a
las autoridades de otra de las universidades asistidas, la usek, que aceptaran
y becaran a "una sobrinita", primero, y que lo contrataran a él
mismo, después. "La acreditación era muy importante para los débiles
estados financieros de la Universidad sek, pues permitía que sus alumnos
pudieran acceder al Crédito con Aval del Estado (cae), que en 2010 le reportó
montos por 400 millones de pesos. La Universidad sek recibió ese dinero gracias
a la acreditación que obtuvo de la CNA en 2009", donde Díaz revistaba
desde dos años antes, señala el Ciper en su página web. Y agrega: "El
capítulo sek es sólo uno de una patética secuencia de negociaciones
incompatibles aderezadas con trapicheos vergonzosos y que tienen como gran telón
de fondo miles de millones de pesos de dineros fiscales destinados a dar
créditos a los estudiantes más pobres (los cae). Cada negocio que establece
Díaz con las acreditaciones no es una mancha más sobre su reputación, sino una
evidencia de cómo el fisco y los bienes públicos que los comisionados debían
garantizar en su último destino, quedaron sin resguardo".
La
investigación de Ciper señala que otro de los ejemplos de esa "falta de
resguardos" y del fracaso del modelo educativo chileno es el estado de
indefensión en que han quedado 17.000 alumnos de la Universidad del Mar, un
centro de estudios que en 2010 recibió la acreditación de la CNA y estaba entre
los tres más grandes del país. La universidad anunció su quiebra semanas atrás,
y ahora se descubrió que también ella había obtenido su acreditación de manera
fraudulenta. La mayoría de los alumnos de ese centro eran de clase baja, y
habían podido pagar su carrera con un crédito interno bastante menos oneroso
que el de los bancos pero que de todas maneras los había dejado fuertemente
endeudados. Con el cierre corren riesgo de perder todo lo que invirtieron (en
promedio unos 60.000 dólares por cuatro años de estudio), porque ninguna otra
universidad acepta reconocerles lo ya pagado, ni tampoco revalida la totalidad de
las materias que cursaron. Guillermo Arias, de la Federación de Estudiantes de
la Universidad del Mar, dijo a la agencia francesa AFP que la opción que les
queda sería la estatización. "La mayoría de estudiantes entraron a esta
universidad porque les dieron facilidades, podían trabajar y estudiar, y no
estarían en condiciones de asumir un segundo crédito en otra universidad".
Ahora se rumorea que la Universidad del Mar podría ser adquirida por la Iglesia
Evangélica. El sistema terciario chileno, dice la investigación de Ciper, se ha
convertido en un pasamanos de universidades, que se compran y se venden como un
negocio más, aunque la ley excluya expresamente que puedan convertirse en
organismos con fines de lucro. Sin embargo, eso es lo que son.
Entre
los informes presentados por Ciper, en su página web (www.ciperchile.cl),
figura una ilustrativa entrevista con Jorge Selume, presidente de la Región
Andina de Laureate, el mayor holding de educación superior de Chile,
propietario de tres universidades privadas (entre ellas la muy reputada Andrés
Bello) y otros centros de estudio. Selume es lapidario en cuanto al sistema de
acreditaciones, al que considera "mal parido" y viciado desde el
momento mismo en que, dice, todos los integrantes del CNA tenían algún tipo de
lazos con las universidades que debían auditar.
El 20
de diciembre, el presidente Piñera dijo que eliminará al CNA y que modificará
el sistema de regulación de la educación terciaria, creando una
Superintendencia de contralor y bajando las tasas de interés por los préstamos
contraídos por los alumnos. Los sindicatos de estudiantes, que en abril de 2011
iniciaron movilizaciones para denunciar la inequidad del sistema educativo,
heredado de la dictadura pero luego mantenido en su esencia en democracia,
consideran este anuncio, así como la renuncia de Ribera, como "pequeñas
victorias". "El triunfo real -dijo uno de sus referentes- será el día
en que este sistema, que aumenta las desigualdades sociales, fomenta el lucro,
y es de baja calidad, caiga definitivamente."
Horacio R Brum
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