El Lider
La Juez Primera Penal municipal decretó la ilegalidad de la captura de los seis estudiantes retenidos por el Esmad durante la toma de las instalaciones de la Universidad por parte de la fuerza policial.
La Juez Primera Penal municipal decretó la ilegalidad de la captura de los seis estudiantes retenidos por el Esmad durante la toma de las instalaciones de la Universidad por parte de la fuerza policial.
La
administradora de justicia desestimó las pruebas presentadas por la fiscalía,
al considerarlas tácitamente como contradictorias, confusas e incoherentes. Con
el débil material probatorio, la Fiscalía pretendía que los seis estudiantes
respondieran por el cargo de secuestro simple, por el cual se puede purgar
hasta una pena de 20 años.
De
esta manera, Albeiro Benítez, Andrés Eduardo Baquero, Erik Fabián Sandoval,
Luis Alfonso Portela y Jhorman Augusto Bueno, recuperaron de inmediato la
libertad, al ser decretada la ilegalidad de la captura.
La
toma de la Universidad de la Amazonia por parte del Escuadrón Móvil
Antidisturbios dejó como saldo un sinnúmero de heridos y un profundo
inconformismo entre la comunidad académica, la cual en los casi treinta años de
historia no había visto a la Policía tomarse el campus universitario, ni mucho
menos había recibido una presencia arrolladora que no discriminó entre
estudiantes, profesores, periodistas ni trabajadores.
Durante
la audiencia trascendió que la decisión de que el Esmad se tomara las
instalaciones universitarias fue promovida por escrito por el mismo rector
Leonidas Rico Martínez, quien hoy está en el ojo del huracán por los
consecuencias judiciales y de gobernabilidad que pueda traer sobre la
universidad haber aprobado “el uso desmedido de la fuerza” en contra de una
“protesta”, como fue calificado el hecho en el marco de la audiencia de
legalización de captura de los seis estudiantes.
La
juez consideró además que no hubo flagrancia que pudiera demostrar que los
estudiantes cometieron el delito. La defensa de los estudiantes, calificó la
imputación de los cargos a los seis estudiantes como un “show mediático”, al
tiempo que desestimaron los testimonios dados por algunos funcionarios de la
universidad, sobre los cuales se basó la Fiscalía para indiciar a los
estudiantes.
El
ente acusador se había basado en los testimonios de los funcionarios Jaime
Andrés Castro Losada, Ana Elí García, Ferney García Restrepo, Cristina Elodia
Bahamón, Hernando Corredor Martínez, Alexander Bonilla Losada, Óscar España y
Julián de los Ríos, para soportar su petición de legalidad de la captura.
Punto
clave
Una
intervención del estudiante Albeiro Benítez se constituyó como definitoria de
la ilegalidad de la captura de los seis estudiantes. Según Benítez, mientras
era sacado de la Universidad en un carro particular, varios administrativos que
pretendían lincharlo lograron que se bajara del vehículo y entregarlo en medio
de los golpes a la Policía que argumentó protegerlo. Sin embargo, aún sin haber
participado de la protesta, terminó siendo conducido tan sólo por los vagos
señalamientos hechos por los funcionarios.
Entre
tanto, se conoció que los seis estudiantes adelantarán una campaña para
recolectar fondos para pagar el costo de la defensa. De igual manera,
anunciaron contra demandas por lo que consideraron como un “falso positivo
promovido por el rector Leonidas Rico”.
Así
mismo, durante la audiencia, la Fiscalía decidió no apelar la decisión judicial
ni presentar nuevos cargos en contra de los estudiantes, quienes después de
haber permanecido 24 horas en un calabozo tuvieron que ir al hospital para
recuperarse de las heridas propinadas en medio de la confusa toma.
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