En la noche
de ayer, 12 de diciembre, en alocución televisada el señor Presidente de la
República, Juan Manuel Santos, afirmó que no serán gravados con la reforma
tributaria los gastos de representación de los docentes de las universidades
oficiales. Esta noticia ratifica informaciones preliminares que daban cuenta
del acuerdo logrado por las comisiones del congreso que estudiaban el proyecto
que se presentó inicialmente con el ministerio de hacienda para su modificación
en el sentido de conservar la exención que por Ley hemos tenido desde hace 26
años.
Es indudable
que las acciones de movilización de los docentes, que con diversas formas e
intensidad se hicieron sentir en las diversas universidades, así como las
peticiones presentadas a los Congresistas por parte de la Federación
Nacional de Profesores Universitarios, el Sistema de Universidades Estatales y
la Asociación Colombiana de Universidades, consiguieron el propósito de
evitar este duro golpe contra el ingreso de los docentes beneficiarios de la
exención y contra las universidades públicas que por la precaria remuneración
que ofrece a sus docentes se ve en dificultades para retener a profesores de
altas calidades, formación y experiencia, quienes encuentran en el sector
privado mejores ofertas salariales.
No obstante
lo anterior, es necesario reafirmar que la reforma tributaria en discusión está
orientada a disminuir los impuestos a las rentas de capital al tiempo que
incrementa los gravámenes a las rentas de trabajo de los sectores de ingresos
medios y aumenta el componente del regresivo IVA. Es indignante ver cómo los
funcionarios del gobierno mientras guardan silencio en relación con la
disminución de los impuestos que pagan las grandes empresas y los magnates
cuyas utilidades se tasan en billones de pesos (COMCEL, PACIFIC RUBIALES,
CARBONES DEL CERREJON, BAVARIA, entre otras), promueven la idea de que la causa
de las inequidades que hay en Colombia y ubican al país en el tercer lugar más
desigual del planeta, está en la existencia de asalariados con remuneraciones
superiores a cinco millones de pesos, sobre los que se enfoca la reforma para
incrementarles sus impuestos.
Otro
elemento importante de la reforma es el relativo a la disminución del 13.5% en
los parafiscales con destino a la financiación del SENA, el ICBF y el aporte
patronal a la salud. En ello coincidimos con la apreciación de la CUT: “…
no es un simple cambio de la fuente de financiación sino de la naturaleza de la
obligación que deja de ser patronal y se traslada al Estado. De un ingreso
cierto y muy estable, pasamos a la incertidumbre, a los artificios de la letra
menuda de la liquidación de impuestos, los avatares de la economía y el tire y
afloje de la aprobación del Presupuesto General de la Nación. El futuro del
SENA, del ICBF y de la salud, está en entredicho”.
Uno más de
los efectos perversos de la reforma es el que se produce sobre las
transferencias del Sistema General de Participaciones, al descontar de la base
del cálculo el 8% de las utilidades de las empresas, denominado dentro del
proyecto Contribución Empresarial para la Equidad -CREE-, que al ser de dedicación
específica no entraría dentro del rubro de los Ingresos Corrientes de la
Nación, como lo advierte el economista Amilkar Acosta. Así las cosas, las
transferencias a los entes territoriales para atender educación, salud y
saneamiento básico se verán afectados.
Es con base
en esas consideraciones que mantenemos nuestra posición de rechazo al proyecto
de reforma tributaria y nos sumamos a las voces que desde diferentes sectores
piden su hundimiento.
GONZALO
ARANGO J.
Presidente FENALPROUFederación Nacional de Profesores Universitarios
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