La Universidad está
andando a tropezones. La elección del rector fue traumática. La crisis va desde
edificios magníficos al borde de la ruina hasta una profunda desmotivación de
los estudiantes, pasando por dificultades financieras inéditas.
Un año traumático
Durante
las últimas dos semanas, la Universidad Nacional ha sido cerrada varias veces y
la Policía ha entrado en dos ocasiones al campus a realizar allanamientos y
pesquisas, durante las cuales se han decomisado drogas y alcohol.
Por
su parte, los trabajadores declararon un paro, exigiendo el restablecimiento de
la carrera administrativa y un proceso de nivelación salarial.
Mientras
tanto, el edificio de la Facultad de Arquitectura sigue clausurado, ante el
peligro inminente que representa para la comunidad universitaria su venerable y
maltrecha infraestructura, que requiere urgentemente un reforzamiento
estructural, lo mismo que los otros 319.400 m2, tal como ha quedado
establecido en el Plan de Acción para la Sede Bogotá [1].
Días
difíciles, acompañados del anuncio de que la Universidad deberá enfrentar un
embargo de sus cuentas por cerca de 160.000 millones de pesos y de que los
recursos de funcionamiento para el año 2013 no cubrirán lo necesario para el
pago de docentes y administrativos.
Estos
hechos han suscitado una profunda preocupación en la comunidad universitaria,
que motivó a estudiantes, profesores y trabajadores a convocar al rector
Ignacio Mantilla a una rendición de cuentas.
Este
evento debió realizarse el pasado miércoles 7 de noviembre en el mítico
Auditorio León de Greiff — ahora controlado por una empresa privada — pero fue
cancelado y remplazado por una asamblea ante la inasistencia del rector, quien
en principio se había comprometido a atender la invitación. La asamblea
desembocó en una movilización al edificio de la Rectoría.
La
Universidad terminó esta semana cerrada de nuevo. La fuerza pública volvió a
ingresar al campus, con el fin de realizar más pesquisas y volvió a encontrar
drogas y alcohol. Ambos hechos han sido repudiados por los estamentos
universitarios, quienes se han manifestado en contra tanto del uso del campus
para el expendio de drogas, como del uso de la fuerza para tramitar los
problemas universitarios.
La
Universidad está en crisis, ya no queda lugar a dudas. Parte de la
responsabilidad debe atribuirse a la falta de autonomía y de democracia, que se
manifiesta en la incapacidad del gobierno universitario para enfrentar los
problemas que aquejan a sus estamentos.
La
actual crisis de la Universidad Nacional es sistémica. Y sin temor a incurrir
en exageraciones, la peor de su historia: se origina en problemas financieros
derivados del proceso paulatino de marchitamiento y de desfinanciación al que
el gobierno nacional ha sometido a las universidades públicas. Pero también
reviste dimensiones académicas, administrativas y en materia de bienestar,
entre otras tantas.
No
obstante, dada la dramática coyuntura en materia de gobierno y de democracia
que afronta la Universidad Nacional, me detendré a analizar la situación en
términos de la crisis de autonomía que vive el Alma Máter, partiendo de
analizar el concepto mismo y su importancia histórica, como garantía para el
libre desarrollo del conocimiento.
Garantía
para que fluya la razón
La
autonomía universitaria es una garantía especial que la sociedad ha otorgado a
la universidad para que el debate de ideas se encargue de orientar su destino.
Una garantía explícita para el ejercicio de la razón, para la conservación del
conocimiento, para la difusión de ideas y para permitir que a través de la
investigación se amplíen las fronteras del conocimiento, destruyendo viejos
paradigmas y aportando nuevos: en última instancia, es una garantía que
confiere el derecho a desafiar la ortodoxia en la academia.
La
autonomía universitaria constituye una conquista histórica frente al
oscurantismo y permite blindar democráticamente el debate académico de
cualquier tipo de intimidación y de cualquier intento de instrumentalización
por parte de poderes políticos o económicos, entre otros [2]
.
El
desarrollo del pensamiento científico, las artes y las humanidades solo es
posible bajo condiciones democráticas. Si se pierde de vista este axioma, es
inevitable regresar a posiciones oscurantistas que ponen en riesgo el avance y
el bienestar social.
Carl
Sagan trae a la memoria el ejemplo de Hipatia — matemática, astrónoma, físicay
filosofa — quien vivió en Alejandría a principios del siglo V, cuando la ciudad
comenzaba a perder su vitalidad a causa de la persistencia de la esclavitud y
de la influencia creciente del cristianismo fanático en cabeza de Cirilo, arzobispo
de Alejandría. Este despreciaba a Hipatia, símbolo de ciencia, cultura y
racionalidad. Esta mujer era consciente del riesgo que corría, pero “continuó
enseñando y publicando, hasta que en el año 415, cuando iba a trabajar, cayó en
manos de una turba fanática de feligreses de Cirilo. La arrancaron del
carruaje, rompieron sus vestidos y, armados con conchas marinas, la desollaron
arrancándole la carne de los huesos. Sus restos fueron quemados, sus obras
destruidas, su nombre olvidado. Cirilo fue proclamado santo” [3] .
La
autonomía “comprende la facultad reglada de autodeterminación académica,
administrativa y presupuestal de las Instituciones de Educación Superior (IES);
por consiguiente, incluye la independencia social y política para la producción
(…) del conocimiento”[4].
Por
autodeterminación se entiende que la autonomía reside en quienes componen la
comunidad universitaria: para el caso de la universidad pública son sus
estudiantes, profesores y trabajadores. Es decir, no es posible hablar de
autonomía sin democracia. Este es el quid del asunto.
Ni
autonomía, ni democracia
Durante
el primer semestre de 2012 se llevó a cabo el complejo proceso de designación
del rector de la Universidad Nacional, un proceso compuesto por etapas: una
consulta a la comunidad universitaria sin carácter vinculante, seguido por su
designación y nombramiento en el seno del Consejo Superior Universitario (CSU).
Fue
designado rector el profesor Ignacio Mantilla, pese a que el profesor Leopoldo
Múnera obtuvo el 16,8 por ciento de la votación, tres veces más que el profesor
Mantilla (6,3 por ciento).
Esta decisión provocó malestar y dio pie a la
protesta de los estudiantes: se planteó de nuevo el debate acerca de la
autonomía y la democracia en las universidades públicas, pues en dicha
designación se desconoció por completo la voluntad de las mayorías por parte
del CSU, pero se impuso al candidato del gobierno nacional. El caso de la
Universidad Nacional — lejos de ser atípico — constituye un ejemplo de lo que
sucede en gran parte de nuestras universidades públicas. Para el caso del Alma
Máter, la composición del Consejo Superior Universitario otorga un margen de
maniobra mucho mayor al gobierno nacional que a la comunidad universitaria, tal
como se observa en el cuadro siguiente:
Al concentrar el gobierno
nacional el 37,5 por ciento de los votos y los miembros externos otro 25 por
ciento, es evidente que el control de la Universidad Nacional es ejercido por
los miembros del Consejo Superior Universitario ajenos a la comunidad
universitaria. Los miembros elegidos democráticamente tan solo representan un
25 por ciento de los votos.
Procedimientos viciados
enturbiaron la elección del rector de la Universidad Nacional, mediante mecanismos
que el profesor Leopoldo Múnera expuso en su estudio comparado acerca de los
gobiernos universitarios en América Latina: la Universidad Nacional de Colombia
es una de las más antidemocráticas y con menos autonomía frente al gobierno
nacional [5].
Esta realidad fáctica explica el
desdén del rector de la Universidad Nacional frente a procesos de rendición de
cuentas ante la comunidad universitaria, pues solo rinde cuentas a su verdadero
superior jerárquico: el gobierno nacional. Esto también explica el conflicto
permanente entre el Proyecto de Universidad que reclaman los estamentos y la
política pública que en realidad se está aplicando.
Modelo privatizador, debate
necesario
Nadie puede servir a dos señores.
El modelo que se ha ido imponiendo durante los últimos años en las
universidades públicas se caracteriza por:
- una oferta académica volcada a la extensión remunerada,
- la flexibilización de los contenidos y el recorte en los tiempos de duración de las carreras,
- la supresión de programas de bienestar,
- el congelamiento o recorte de la planta docente,
- la primacía de la contratación de docentes ocasionales,
- la eliminación de garantías democráticas para la organización gremial de los estudiantes,
- la ausencia de escenarios de deliberación vinculante,
- la merma en las garantías laborales,
- la entrega en concesión de aspectos medulares de la vida universitaria,
- la desnaturalización del quehacer académico volcado a un modelo de gestión que asemeja las universidades a empresas.
Resulta innegable el avance de la
privatización de la universidad pública, agenciada desde administraciones
tuteladas por el gobierno nacional y desvinculadas políticamente de los
estamentos que componen la comunidad universitaria. Esta situación ha tendido a
agravarse bajo el gobierno actual, como se expresa en la evaluación de la
ministra María Fernanda Campo, quien en el IV panel de opinión de Cifras & Conceptos no superó el 49`por ciento de
aprobación [6],
y es la segunda peor calificada entre todos los ministros.
Las salidas a la crisis
universitaria solo se encontrarán debatiendo de veras los problemas de gobierno
universitario, o lo que es lo mismo, abriendo el debate sobre la autonomía y la
democracia, un debate que intenta impulsar la Mesa Amplia Nacional Estudiantil
(MANE) mediante la nueva ley de educación superior, cuyo proyecto presentará al
país el próximo año.
Sergio Fernández
* Representante Estudiantil ante
el Consejo Académico de la Universidad Nacional de Colombia, vocero Nacional de
la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE).
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