Mostramos
nuestra preocupación e indignación ante los hechos que han acontecido durante
este último mes de noviembre de 2012 en varias universidades del país, en
desarrollo del control social y territorial que ejercen los paramilitares;
además, frente a la pasividad mostrada por el Estado para salvaguardar los
intereses de la comunidad docente y estudiantil en general.
Resulta
preocupante el cobro de extorsiones por parte de “Los Urabeños” a los
establecimientos comerciales de la Universidad de Antioquia. A estos
establecimientos se les exige una suma de dinero, que de no ser pagada en la
fecha estimada por ellos, serán declarados objetivo militar.
También,
alrededor de nueve profesores de la Universidad del Magdalena, ubicada en la
ciudad de Santa Marta, han sido amenazados y avisados sobre el riesgo que
corren su vidas por medio de mensajes intimidatorios, y a título propio, con la
intención de atentar contra sus vidas si no abandonan de inmediato sus labores
dentro de la universidad.
Igualmente
rechazamos las amenazas dirigidas hacia los profesores de la Universidad
Pedagógica Nacional, Renán Vega Cantor y Adolfo León Atehortúa Cruz, quienes
han cumplido un papel fundamental en la vida académica nacional y en la construcción
de pensamiento critico.
El
objetivo de las labores de intimidación de estas estructuras paramilitares, es
iniciar el control social y territorial en las universidades y ciudades
amenazadas, para generar un ambiente de terror y zozobra dentro de la comunidad
académica en general.
A
continuación mencionamos algunos de los hechos sufridos por los miembros de las
universidades mencionadas:
El martes
20 de noviembre, en el Consejo Académico de la Universidad Pedagógica Nacional,
el decano de la Facultad de Humanidades, profesor Adolfo Atehortúa Cruz, hizo
pública una amenaza contra su vida de la cual fue objeto en días pasados. Esta
amenaza se la adjudican, supuestamente, las “Águilas Negras”, tal como ocurrió
con el profesor Renán Vega, Vicepresidente de ASPU- UPN, en los últimos días
del mes de junio. Sumadas a estas situaciones se han llevado a cabo una serie
de incursiones ilegales en las viviendas de algunos profesores, ocurridas en el
mes de octubre, con el propósito de obtener información e intimidar la
actividad docente y sindical.
Asimismo,
el Miércoles 21 de noviembre hacia las 11:30 a.m, se conoció un panfleto pegado
en los postes de la Universidad de Antioquia en el cual se cobraba un “impuesto
de guerra” a los dueños de los establecimientos comerciales ubicados al
interior de dicha universidad, por parte de la Junta Militar Central de Los
Urabeños, donde afirmaban que esta organización criminal empezó a ejercer
control dentro de esta zona de la ciudad de Medellín, y en caso de no pagar
serían convertidos en objetivo militar.
Por
otro lado, el martes 27 de noviembre en horas de la noche, se conocieron
amenazas de muerte, dirigidas hacia nueve profesores de planta de la
Universidad del Magdalena, exigiendo su retiro de la planta educativa, bajo la
amenaza de cegar sus vidas.
Denunciamos
que a pesar de las aparentes desmovilizaciones de los grupos paramilitares,
éstos siguen vigentes en las mismas zonas que históricamente han sido de su
influencia -hoy con la denominación de BACRIM-, a pesar del permanente rechazo
y denuncia de organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales.
Igualmente
denunciamos su accionar al interior de las universidades, ya que esto desemboca
en graves violaciones a los Derechos Fundamentales, además del temor generado a
la población por sus actuaciones en otros escenarios urbanos, como en la
ciudades de Bogotá, Medellín y Santa Marta.
Además,
evidenciamos la ausencia de medidas concretas y eficaces de respuesta inmediata
ante las operaciones paramilitares, por parte del ejecutivo.
Por
todo esto,
Exigimos
al Gobierno colombiano, a través de la Agencia presidencial por los derechos
humanos, acciones inmediatas con respecto a los hechos aquí denunciados.
Solicitamos
al Ministerio del Interior y al Ministerio de Justicia, a la Vicepresidencia de
la República, al Ministerio de la Protección Social, a la Procuraduría y a la
Defensoría del pueblo, garantizar los derechos fundamentales a los miembros de
la comunidad educativa nacional y, particularmente, a los de las universidades
del país.
Solicitamos
al Estado colombiano brindar protección y garantías de seguridad a toda la
comunidad docente amenazada, para poder vivir y trabajar en paz.
COMISIÓN
NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS - MESA AMPLIA NACIONAL ESTUDIANTIL
EQUIPO
DE COMUNICACIONES - MESA AMPLIA NACIONAL ESTUDIANTIL
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