Con
masivas movilizaciones, realizadas en el marco del paro nacional convocado para
el viernes, se cerró la Semana de la Indignación. En ciudades como Bogotá,
Barranquilla, Pereira y Pasto la jornada estuvo marcada por las
confrontaciones, la brutalidad policial y las agresiones a defensores de
derechos humanos y periodistas. En total, 109 personas fueron detenidas, 3
judicializadas y 98 resultaron heridas por las acciones violentas de los
uniformados.
La indignación sacudió a la nación
Las
manifestaciones de inconformidad se llevaron a cabo en 14 capitales y 25
departamentos de Colombia, sumando entre 80.000 y 100.000 participantes, entre
trabajadores, jóvenes, estudiantes, indígenas, afrocolombianos, campesinos,
defensores del derecho a la salud, mujeres, víctimas de los crímenes de Estado
y otros sectores sociales que protestaron por la profunda iniquidad que
caracteriza al país, donde 8 millones de personas viven en la miseria y más de
20 millones en la pobreza, y contra la violación sistemática de los derechos
humanos.
Asimismo,
los manifestantes respaldaron los diálogos de paz entre el Gobierno Nacional y
las FARC-EP, que iniciarán en los próximos días en Oslo (Noruega) y exigieron
vincular las exigencias del movimiento social y popular entre los temas a
discutir, pues definirán el rumbo del país para los próximos años.
Además
de marchas, la jornada incluyó campamentos, tomas pacíficas, cortes
intermitentes de vías, caravanas, mítines y actividades culturales que
demostraron la creatividad de los indignados criollos, que atendieron el
llamado de la Coordinación Nacional de Organizaciones y Movimientos Sociales y
Políticos, una iniciativa que integra al Congreso de los Pueblos, la Marcha
Patriótica, la Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia
(Comosoc), al Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) y
a otros procesos sociales.
Entre
las movilizaciones se destacaron realizadas en las regiones más pobres del
país. En Putumayo 6.000 campesinos se concentraron en los municipios de Puerto
Guzmán, Puerto Asís, Puerto Garzón y Puerto Vega, marchando hasta Mocoa, así
como también se presentaron acciones de protesta en el valle del río Sibundoy y
en cercanías al río Caquetá.
De la
misma manera, En Cauca 1.500 indígenas, provenientes de los Municipios de
Caloto, Miranda y Corinto, se tomaron la vía panamericana y marcharon hasta
Santander de Quilichao.
Otras
manifestaciones rurales tuvieron gran importancia, como las desarrolladas en
los Municipios de Campo de la Cruz (Atlántico) y Turbaná (Bolívar), al norte
del país, y las marchas de campesinos y pequeños caficultores en Circasia y
Quimbaya (Quindío).
En las
principales ciudades se destacan las masivas movilizaciones de Bogotá, con
12.000 manifestantes; Pasto (Nariño), con 10.000 indignados; Florencia
(Caquetá), con 6.500 personas; y Popayán (Cauca), con 4.000.
En
Neiva (Huila), a los 7.000 campesinos que llegaron hasta allí desde distintos
municipios del departamento se unieron, en horas de la mañana, estudiantes de
la Universidad Sur Colombiana. Mientras tanto, en Ibagué (Tolima), cerca de
5.000 campesinos, estudiantes y trabajadores se movilizaron por las principales
vías de la cuidad hasta llegar al parque Manuel Murillo Toro.
En
Medellín, la protesta contó con una importante movilización de 5.000
estudiantes de la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional y el
Instituto Tecnológico Metropolitano, que marcharon bajo la intensa lluvia entre
el Parque de los Deseos y el parque San Antonio.
En
Bucaramanga (Santander) se presentaron dos importantes acciones colectivas. En
horas de la mañana, un grupo de vendedores ambulantes y sindicalistas se tomó
pacíficamente las oficinas del Ministerio del Trabajo para exigir la
derogatoria del Decreto 0179 del alcalde, Luis Francisco Bohorquez, donde se
restringe el comercio informal en el espacio público. Por otra parte, en horas
de la tarde, estudiantes de la Universidad Industrial de Santander (UIS)
bloquearon, de forma intermitente y pacífica, el sistema de transporte masivo
Metrolínea, en la carrera 15 con calle 36, para manifestarse en contra de las
irregularidades y el autoritarismo que ha caracterizado la designación del
rector de esa institución.
Represión a pesar de promesas de garantías
Bogotá,
Pasto y Pereira fueron las ciudades donde se dieron mayores desmanes de parte
de la Policía, que no permitió que los manifestantes se concentraran en los
puntos de destino de las marchas.
En el
caso de Bogotá, a pesar de los acuerdos establecidos entre manifestantes,
Policía y Administración Distrital, luego de intensas reuniones desarrolladas
los días 10 y 11 de octubre, las órdenes impartidas a los uniformados
incluyeron el uso de gases lacrimógenos, tanquetas y, especialmente, las
peligrosas granadas de dispersión contra los manifestantes. En total, se
registraron alrededor de 71 detenidos, 23 heridos –a pesar de que la Secretaría
de Gobierno de la capital sólo reporta 8– y un judicializado: el defensor de
derechos humanos Óscar Iván Londoño, quien, según un comunicado de la Marcha
Patriótica, “fue torturado física y psicológicamente, siendo trasladado a la
URI de Tunjuelito, donde será procesado bajo cargos de agresión a funcionario
público”, de acuerdo con la polémica Ley de Seguridad Ciudadana.
Aunque
el Ministro del Interior, Fernando Carrillo Flórez aseguró, el pasado 11 de
octubre, que “nosotros damos todas las garantías para la protesta social y no
vamos a permitir que se irrespeten los derechos de las organizaciones sociales
en Colombia”, en la capital las movilizaciones pacíficas fueron fuertemente
reprimidas desde tempranas horas de la mañana en los puntos iniciales de
concentración de las localidades de Bosa, Kenedy, Ciudad Bolívar y Usme.
Los
primeros reportes indican que antes de las 7 a.m. se dieron las primeras
acciones del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía contra los
manifestantes, cuando disolvieron por la fuerza la concentración en la
Autopista Sur, a la altura del Portal del Sur de Transmilenio. Posteriormente,
hacia las 9:20 am, el comando de la Policía Metropolitana dio la orden de despejar
las calles por la fuerza y fueron atacadas de forma casi simultánea las
movilizaciones de la localidad de Bosa, en el barrio Nuevo Chile; Usme, a la
altura de Yomasa; y Kennedy, en la avenida 1 de mayo con carrera 86, donde
fueron detenidas 37 personas en un camión de la Policía.
De la
misma manera, hacia las 11 am, cuando más de 3.000 estudiantes del Servicio
Nacional de Aprendizaje (SENA) marchaban por la avenida Caracas con calle 22
sur hacia la Plaza de Bolívar, fueron dispersados por el Esmad. Poco después,
cuando estos jóvenes intentaron reunirse con la movilización proveniente de la
Universidad Pedagógica Nacional, también fueron reprimidos por los uniformados,
a la altura de la carrera 7 con calle 39. Prácticamente todas las
manifestaciones, que confluían desde los 10 puntos autorizados por la Alcaldía
Mayor de Bogotá, fueron atacadas en algún momento o disueltas por la Policía.
Hacia
la 1:30 p.m. , luego de horas de confrontaciones, empezaron a congregarse los
marchantes en la Plaza de Bolívar, de donde fueron desalojados por una
desmedida carga policial, donde los miembros de la Fuerza Pública, además de
usar indiscriminadamente gases lacrimógenos, lanzaron granadas de dispersión a
los cuerpos de los manifestantes y, de acuerdo con testigos, usaron explosivos
artesanales con metralla, balines y descargas eléctricas contra los allí
presentes.
De
igual forma, en la ciudad de San Juan de Pasto (Nariño) la brutalidad policial
que caracterizó la jornada se saldó con 30 detenidos, 60 heridos y 2 judicializados,
luego de que los uniformados se lanzaron a disolver la marcha de más de 10.000
personas a la que se le impidió llegar hasta la Plaza de Nariño, según ellos,
bajo órdenes del alcalde Harold Guerrero López.
Asimismo,
en Pereira (Risaralda), la movilización de trabajadores, estudiantes,
indígenas, mujeres y pobladores de los barrios fue dispersada a la altura del
viaducto principal de la ciudad sobre el mediodía, dejando 6 detenidos y 5
heridos; y en Barranquilla (Atlántico), los manifestantes cortaron vías en 6
seis puntos de la ciudad, siendo duramente reprimidos, sin que hasta el momento
se conozcan cifras sobre detenidos, judicializados y heridos.
También
se reportaron acciones contra campesinos en los departamentos de Antioquia,
donde las comunidades campesinas del valle de Toledo del municipio de Ituango
fueron rodeadas y hostigadas por tropas de la Brigada Móvil 18 del Ejército
Nacional; y en Neiva (Huila), donde los manifestantes provenientes de las zonas
rurales del departamento, concentrados en el barrio Villa Constanza, fueron
rodeados y atacados con gases lacrimógenos y granadas de dispersión por
miembros de la Fuerza Pública, que luego incendiaron las carpas y cambuches en
que se alojaban, y pisotearon los alimentos que allí guardaban.
La libertad de expresión agredida en la
capital
Los
periodistas nacionales e internacionales también se vieron afectados por la
brutalidad policial en Bogotá. Desafortunadamente, uno de los casos reportados
fue el del periodista venezolano Ernesto Mercado, integrante del equipo de El
Turbión, quien fue atacado a las 9:50 am por agentes del Esmad en la avenida
Villavicencio con carrera 72, en el barrio Nuevo Chile de la localidad de Bosa,
mientras se encontraba cubriendo la persecución que efectuaban los uniformados
a los manifestantes. Uno de los agentes atacó a nuestro reportero, destruyendo
el lente de su cámara Sony modelo DSLR-A230. Cabe resaltar que ninguno de los
agentes presentes en el lugar presentaba número de identificación en sus cascos
o chalecos, lo cual demuestra una grave falta a los protocolos reglamentarios
que deben cumplir para garantizar la seguridad y responsabilidad sobre sus
hechos.
Pocos
minutos después, en la avenida 1 de mayo con carrera 86 de la localidad de
Kennedy, el periodista independiente italiano Giorgio Sabaudo fue detenido
arbitrariamente, junto con 37 manifestantes, y subido a un camión de la Policía
de número 171324 y con placas OBH-144. Algunas horas después fue liberado, por
intervención de la Defensoría del Pueblo.
Hacia
las 2:30 pm, en la carrera 7 con calle 19, el periodista Guillermo Castro, del
periódico alternativo El Macarenazoo, sufrió una requisa ilegal, cuando una
mujer policía intentó decomisarle el material fotográfico que tenía en su
cámara y al final retuvo su credencial de prensa, lo cual vila las leyes
colombianas e internacionales relacionadas con al libertad de prensa. En hechos
relacionados, mientras cubría las confrontaciones entre manifestantes y
policías en el centro de Bogotá, al periodista Camilo Aguilera, miembro del
Centro de Medios Populares, le fue disparada una cápsula de gas lacrimógeno que
le impactó en el rostro, provocándole una lesión en su maxilar izquierdo. Por
su parte, a Luis González, de RCN Televisión, los uniformados le rompieron la camisa
y equipos celulares.
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