La ratificación de María Fernanda Campo como Ministra de Educación no nos sorprende, pues esta funcionaria viene cumpliendo fielmente el encargo hecho por el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio, cual es profundizar y acelerar la privatización de la educación pública.
El gobierno deshonró la palabra empeñada con FECODE y la MANE, violó los acuerdos laborales pactados el año anterior e incumplió el compromiso de concertar la Reforma a la Educación Superior; en resumen, el gobierno 'le hizo conejo' al país en materia de educación.
Mientras que el Presidente Santos hace lo que le viene en gana con la educación, salud, recursos naturales, y cierra las puertas del diálogo con maestros, estudiantes y trabajadores, anuncia paradójicamente el inicio de conversaciones con las guerrillas.
Teniendo en cuenta la grave situación que vive el país en lo político, económico, social, ecológico y ambiental, la Federación Colombiana de Educadores -FECODE-, la Mesa Amplia Nacional Estudiantil -MANE-, las Asociaciones de Estudiantes de Secundaria, las Centrales Obreras y la Comunidad Educativa hemos tomado la decisión de adelantar una jornada nacional e internacional de protesta y exigencias durante los días 4 y 5 de septiembre próximos.
PROTESTAMOS CONTRA LA POLÍTICA NEOLIBERAL EXPRESADA EN:
Privatización y mercantilización de la educación pública, hacinamiento de niños, persecución del Ministerio de Educación contra los educadores.
Privatización de la salud pública en beneficio de las Empresas Promotoras de Salud.
Tratados de Libre Comercio que arruinan la producción nacional.
Desarrollo sin control de la gran minería y desvergonzada entrega de los recursos naturales a las multinacionales.
Establecimiento de paraísos fiscales en favor del gran capital internacional.
Descarado favorecimiento al sector financiero.
Flexibilización del trabajo que precariza el salario y las condiciones laborales (despidos masivos, contratos temporales, nombramientos provisionales y Cooperativas de Trabajo Asociado).
Reformas tributarias para eximir de impuestos a los poderosos y descargar pesadas cargas tributarias sobre los sectores populares.
Incremento de tarifas de servicios públicos.
Reformas pensionales y laborales para beneficiar al gran capital y golpear al trabajador.
Violación y desconocimiento de los derechos sindicales, persecución, hostigamiento, desaparición y asesinatos de maestros y dirigentes sociales.
EXIGIMOS DEL GOBIERNO
Congelamiento del proceso de privatización que sufre la educación pública en los niveles de Preescolar, Primaria y Secundaria.
Cumplimiento de los acuerdos pactados con FECODE en mayo de 2009 y junio de 2011.
Cumplimiento del compromiso adquirido con el Movimiento Estudiantil articulado en la MANE, de concertar un proyecto de Ley de Reforma a la Educación Superior.
Protección efectiva a la vida de los maestros amenazados, mediante la derogatoria del Decreto 1628 del 31 de julio de 2012 que hace tortuosa la preservación de la vida e integridad física de los educadores, para que en su lugar se expida del decreto concertado entre el Ministerio de Educación y FECODE.
Sostenibilidad financiera y rigurosa vigilancia al Régimen Especial de Salud de los Maestros, hoy en crisis.
Respeto a los derechos sindicales como permisos y negociación colectiva, vulnerados recientemente por parte del Ministerio del Trabajo a través de la Circular No. 000024 de junio de 2012.
Derogatoria de la Directiva Ministerial 02 de enero de 2012, que desconoce la autonomía institucional e incrementa la asignación académica de los docentes.
Inmediata convocatoria de la Comisión Tripartita para iniciar la concertación del proyecto de ley sobre Estatuto Único de la Profesión Docente.
Establecimiento de un número máximo de alumnos por curso, 25 en primaria y 30 en secundaria en el sector urbano.
Reconocimiento y pago directo de derechos salariales, como la Prima de Servicios y demás bonificaciones otorgados por la Ley 91 de 1989, conculcados por más de 20 años, los cuales hoy han sido reconocidos por el Consejo de Estado, Tribunales de lo Contencioso Administrativo y jueces de la República.
Pago de la deuda prestacional (50 billones de pesos aproximadamente) que tiene el Gobierno con el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
EL GOBIERNO ES RESPONSABLE DEL PRECARIO SERVICIO DE SALUD QUE SE PRESTA A LOS MAESTROS
La Ley 91 de 1989 es una conquista del magisterio, alcanzada mediante la lucha; pero en los últimos 8 años los gobiernos de turno han pretendido eliminar el régimen especial de salud de los maestros, utilizando varios mecanismos, como la desfinanciación del mismo. A pesar de que los 470.000 afiliados entre docentes activos y pensionados cotizamos 1.5 billones de pesos anualmente tan solo 870 mil millones de pesos se destinan para la salud, lo restante es utilizado en el pago de la nómina de los maestros pensionados, acción ilegal que hoy es materia de investigación por parte de la Contraloría General de la Nación.
Como resultado de estas arbitrarias acciones gubernamentales, los maestros y sus familias son víctimas de la precaria atención médico asistencial, por tal razón, este asunto fue incluido en el pasado pliego de peticiones y sobre el cual se acordó hacer estudios técnicos para revisar el valor del per cápita que se paga por usuario y organizar un sistema de auditoría médica que garantice la eficiente prestación del servicio de salud. Sin embargo, el gobierno, en cabeza del Viceministro de Educación MAURICIO PERFETTI, saboteó el estudio contratado por FECODE con el Centro de Investigación de la Universidad Nacional de Colombia, buscando con ello profundizar la crisis y hacer de las auditorías un proceso encaminado a justificar la desaparición del régimen especial de salud, torvo anhelo que de tiempo atrás acaricia el gobierno.
Finalmente, frente a los diálogos que adelantan las guerrillas y el gobierno, encaminados a la superación del conflicto armado, estamos de acuerdo con la solución política del conflicto en Colombia. Pero consideramos indispensable tener en cuenta experiencias sucedidas en gobiernos pasados que llamaron al diálogo para la paz y cuyos resultados se convirtieron en frustración del pueblo colombiano, pues dichos procesos fueron utilizados o bien como táctica para atizar la guerra o bien como cortina de humo para imponer medidas económicas y sociales adversas tales como: la reforma tributaria regresiva de Belisario Betancourt; la apertura económica y expedición de la Ley 100 de César Gaviria; y el recorte de los recursos de salud, educación, agua potable y saneamiento básico de Andrés Pastrana. Reiteramos que es bienvenida esta iniciativa pero que la misma debe estar acompañada de una postura transparente y de cara al país por parte de los actores involucrados y esperamos que dicho proceso no sea utilizado como distractor frente a las dramáticas condiciones sociales y económicas en que vive el pueblo colombiano.
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