Hace 25 años, el martes 25 de agosto de 1987, Medellín vivió un día trágico. En pocas horas, en dos episodios distintos, fueron asesinados tres reconocidos catedráticos de la Universidad de Antioquia. En la mañana, cuando ingresaba a la sede de la Asociación de Institutores de Antioquia, fue acribillado a tiros Luis Felipe Vélez Herrera. Al caer la tarde, cuando acudían al acto de velación de su colega, corrieron la misma suerte los académicos y dirigentes sociales Héctor Abad Gómez y Leonardo Betancur Taborda.
El Espectador conmemora los 25 años donde la Universidad de Antioquia fue blanco de la violencia paramilitar, desatando asesinatos de catedráticos y estudiantes.
Este triple asesinato estremeció a la sociedad antioqueña y reafirmó lo que ya era evidente: una ola de crímenes contra profesores y estudiantes de la Universidad de Antioquia perpetrada por los grupos de autodefensas. En ese momento ya llegaba a 15 el número de asesinados en los últimos 10 meses, pero la andanada homicida se incrementó aquel aciago mes de agosto de 1987, cuando Carlos Castaño empezaba a demostrar su poder criminal en lo que él mismo denominó después ‘la autodefensa urbana’.
La racha de asesinatos contra profesores y estudiantes de la Universidad de Antioquia se inició el lunes 3 de agosto, cuando un sicario motorizado le causó la muerte al profesor Carlos López Bedoya. Casi de inmediato, sucedió lo mismo con el estudiante de periodismo José Ignacio Londoño Uribe. En ese momento ya figuraban en la lista de las víctimas mortales los estudiantes Edison Castaño, José Abad Sánchez, Jhon Jairo Villa, Yowaldin Cardeño y Gustavo Franco, así como el profesor Darío Garrido.
En rechazo a esta ola de asesinatos, el jueves 13 de agosto, hacia las cuatro de la tarde, unas tres mil personas se reunieron para realizar una marcha de protesta que desfiló por las calles de la ciudad hasta la gobernación de Antioquia. Profesores, estudiantes, empleados de la universidad o espontáneos transeúntes se fueron sumando al desfile que tomó el nombre de ‘La marcha de los claveles rojos’, porque quienes salieron a exigir respeto por la vida, lo hicieron portando pancartas y claveles rojos en señal de protesta.
A las 48 horas de la marcha, los asesinos concretaron su primera represalia. Minutos antes de las siete de la mañana del viernes 14 de agosto, cinco sujetos que vestían uniformes de la Policía llegaron hasta la casa del senador de la Unión Patriótica y catedrático de la Universidad de Antioquia, Pedro Luis Valencia Giraldo, y lo asesinaron a tiros. El congresista Valencia había sido uno de los principales convocantes de la marcha de los claveles rojos y era quien más había reclamado acciones contra los grupos de autodefensa.
El comando paramilitar irrumpió en la casa del senador Valencia a bordo de un campero, atropelló la puerta del garaje de la residencia situada a unas seis cuadras de la IV Brigada del Ejército, y cuando el congresista se asomó a una de las ventanas para averiguar qué estaba sucediendo, fue atacado con ráfagas de ametralladora. A los 48 años de edad, luego de una exitosa carrera política en las filas de la izquierda, en los últimos tiempos de la Unión Patriótica, Valencia Giraldo pagó con su vida sus incontables denuncias.
Como era de esperarse, el asesinato del senador Valencia generó nuevas protestas en la capital antioqueña y varias declaraciones del Comité Regional de Derechos Humanos, liderado por el médico y catedrático Héctor Abad Gómez, reclamando acciones concretas de las autoridades para frenar la arremetida del paramilitarismo en Medellín, que se había ensañado contra el gremio de los educadores sindicalizados, y también había elegido como un blanco particular: los estudiantes y profesores de la Universidad de Antioquia.
Sin embargo, en vez de que se frenara la violencia, vino el episodio del 25 de agosto. Hacia las siete de la mañana, cuando ingresaba a la sede de la Asociación de Institutores de Antioquia, sicarios que se movilizaban en un automóvil Mazda 626 de color verde, acribillaron a tiros al presidente de la organización y catedrático universitario Luis Felipe Vélez Herrera. El crimen causó conmoción en el gremio sindical y al tiempo que se anunció una jornada nacional de protesta, se dispuso su velación en la Casa del Maestro.
Entre los organismos más activos en la defensa de los educadores y líderes políticos amenazados, estaba el Comité de Derechos Humanos de Antioquia. Su presidente, Héctor Abad Gómez, se reunió con los principales líderes para expedir una declaración de repudio a lo sucedido con Vélez Herrera. Después de las cinco de la tarde, en compañía del también catedrático Leonardo Betancur Taborda, emprendieron el camino a pie hasta la Casa del Maestro. No obstante, al llegar al sitio se enteraron que el cuerpo sin vida de Vélez ya había sido trasladado al Coliseo de Medellín.
Abad y Betancur se quedaron conversando con otros profesores frente a la Casa del Maestro, cuando súbitamente aparecieron dos jóvenes en una moto que sin mediar palabra atacaron a tiros a los contertulios. Seis disparos acabaron con la vida del médico Héctor Abad. Su colega Leonardo Betancur alcanzó a correr hacia la edificación para tratar de eludir la acción de los sicarios, pero uno de ellos lo persiguió hasta rematarlo. El revuelo fue inmediato, no sólo en Antioquia sino en el resto del país.
Al día siguiente, por lo menos cinco mil personas acudieron al cementerio Campos de Paz para rendir el último homenaje a los líderes sacrificados. En nombre del Comité de Derechos Humanos de Antioquia, su vicepresidente Carlos Gaviria Díaz tomó la palabra para exaltar la vida y obra de Héctor Abad y comparando lo que estaba pasando en Medellín con lo que algún día sucedió en España durante la Guerra Civil exclamó: “los asesinos lo apostrofaron con la expresión bárbara de Millán Astrai que ensombreció un día a Salamanca: viva la muerte, abajo la inteligencia”.
Días después, Gaviria Díaz, junto a sus colegas Jaime Borrero y César Muñoz tuvieron que emprender la ruta del exilio. Al frente de las actividades del Comité de Derechos Humanos de Antioquia se quedó el abogado y teólogo Luis Fernando Vélez. En la tercera semana de diciembre, después de ser secuestrado en Medellín, el cadáver de Vélez fue encontrado en un paraje de la carretera al mar. Con dos impactos de bala los asesinos acabaron con la vida de un intelectual que le entregó 19 años a la Universidad de Antioquia.
En ese momento no cabía más que recordar la gesta humanitaria cumplida por las víctimas. Luis Felipe Vélez, abogado y politólogo que durante muchos años promovió la actividad sindical en Antioquia hasta consolidarse como miembro del comité provisional de la CUT e integrante de la junta nacional de Fecode. Leonardo Betancur, médico, militante del movimiento de izquierda Firmes, exconcejal de Medellín y, sobretodo, activo militante de la izquierda democrática además de reconocido profesor universitario.
Héctor Abad Gómez, médico de profesión y activista político. En varias ocasiones fue secretario de Salud en Antioquia, lo mismo que diputado del departamento y Representante a la Cámara. Era habitual columnista de los periódicos El Mundo y El Tiempo, y en el momento de su muerte oficiaba como precandidato a la alcaldía de Medellín. Al conocerse de su sacrificio se supo también que hacia parte de una lista de 22 líderes colombianos que estaban amenazados por las fuerzas oscuras del paramilitarismo.
Los expedientes que se abrieron por los asesinatos de educadores y estudiantes de la Universidad de Antioquia quedaron en absoluta impunidad. Años después en el libro ‘Mi confesión’ del periodista Mauricio Aranguren, el jefe paramilitar Carlos Castaño admitió que en ese momento él personalmente lideraba la autodefensa urbana en Medellín y particularmente admitió que la organización criminal que ya orientaba participó en el crimen del senador de la Unión Patriótica y profesor universitario, Pedro Luis Valencia.
Después de esta oleada de crímenes, al frente del Comité de Derechos Humanos de Antioquia quedó el abogado y activista Jesús María Valle Jaramillo, quien no sólo se ocupó de preservar la memoria de sus antecesores asesinados, sino que persistió en la tarea de denunciar la forma como el paramilitarismo siguió haciendo de las suyas en Antioquia. Desafortunadamente, el 27 de febrero de 1998, en su propia oficina, en pleno centro de Medellín, sicarios al servicio de Carlos Castaño acabaron también con la vida de Jesús María Valle, el último bastión de una generación borrada por el paramilitarismo.
Por: www.elespectador.com
El Espectador conmemora los 25 años donde la Universidad de Antioquia fue blanco de la violencia paramilitar, desatando asesinatos de catedráticos y estudiantes.
Este triple asesinato estremeció a la sociedad antioqueña y reafirmó lo que ya era evidente: una ola de crímenes contra profesores y estudiantes de la Universidad de Antioquia perpetrada por los grupos de autodefensas. En ese momento ya llegaba a 15 el número de asesinados en los últimos 10 meses, pero la andanada homicida se incrementó aquel aciago mes de agosto de 1987, cuando Carlos Castaño empezaba a demostrar su poder criminal en lo que él mismo denominó después ‘la autodefensa urbana’.
La racha de asesinatos contra profesores y estudiantes de la Universidad de Antioquia se inició el lunes 3 de agosto, cuando un sicario motorizado le causó la muerte al profesor Carlos López Bedoya. Casi de inmediato, sucedió lo mismo con el estudiante de periodismo José Ignacio Londoño Uribe. En ese momento ya figuraban en la lista de las víctimas mortales los estudiantes Edison Castaño, José Abad Sánchez, Jhon Jairo Villa, Yowaldin Cardeño y Gustavo Franco, así como el profesor Darío Garrido.
En rechazo a esta ola de asesinatos, el jueves 13 de agosto, hacia las cuatro de la tarde, unas tres mil personas se reunieron para realizar una marcha de protesta que desfiló por las calles de la ciudad hasta la gobernación de Antioquia. Profesores, estudiantes, empleados de la universidad o espontáneos transeúntes se fueron sumando al desfile que tomó el nombre de ‘La marcha de los claveles rojos’, porque quienes salieron a exigir respeto por la vida, lo hicieron portando pancartas y claveles rojos en señal de protesta.
A las 48 horas de la marcha, los asesinos concretaron su primera represalia. Minutos antes de las siete de la mañana del viernes 14 de agosto, cinco sujetos que vestían uniformes de la Policía llegaron hasta la casa del senador de la Unión Patriótica y catedrático de la Universidad de Antioquia, Pedro Luis Valencia Giraldo, y lo asesinaron a tiros. El congresista Valencia había sido uno de los principales convocantes de la marcha de los claveles rojos y era quien más había reclamado acciones contra los grupos de autodefensa.
El comando paramilitar irrumpió en la casa del senador Valencia a bordo de un campero, atropelló la puerta del garaje de la residencia situada a unas seis cuadras de la IV Brigada del Ejército, y cuando el congresista se asomó a una de las ventanas para averiguar qué estaba sucediendo, fue atacado con ráfagas de ametralladora. A los 48 años de edad, luego de una exitosa carrera política en las filas de la izquierda, en los últimos tiempos de la Unión Patriótica, Valencia Giraldo pagó con su vida sus incontables denuncias.
Como era de esperarse, el asesinato del senador Valencia generó nuevas protestas en la capital antioqueña y varias declaraciones del Comité Regional de Derechos Humanos, liderado por el médico y catedrático Héctor Abad Gómez, reclamando acciones concretas de las autoridades para frenar la arremetida del paramilitarismo en Medellín, que se había ensañado contra el gremio de los educadores sindicalizados, y también había elegido como un blanco particular: los estudiantes y profesores de la Universidad de Antioquia.
Sin embargo, en vez de que se frenara la violencia, vino el episodio del 25 de agosto. Hacia las siete de la mañana, cuando ingresaba a la sede de la Asociación de Institutores de Antioquia, sicarios que se movilizaban en un automóvil Mazda 626 de color verde, acribillaron a tiros al presidente de la organización y catedrático universitario Luis Felipe Vélez Herrera. El crimen causó conmoción en el gremio sindical y al tiempo que se anunció una jornada nacional de protesta, se dispuso su velación en la Casa del Maestro.
Entre los organismos más activos en la defensa de los educadores y líderes políticos amenazados, estaba el Comité de Derechos Humanos de Antioquia. Su presidente, Héctor Abad Gómez, se reunió con los principales líderes para expedir una declaración de repudio a lo sucedido con Vélez Herrera. Después de las cinco de la tarde, en compañía del también catedrático Leonardo Betancur Taborda, emprendieron el camino a pie hasta la Casa del Maestro. No obstante, al llegar al sitio se enteraron que el cuerpo sin vida de Vélez ya había sido trasladado al Coliseo de Medellín.
Abad y Betancur se quedaron conversando con otros profesores frente a la Casa del Maestro, cuando súbitamente aparecieron dos jóvenes en una moto que sin mediar palabra atacaron a tiros a los contertulios. Seis disparos acabaron con la vida del médico Héctor Abad. Su colega Leonardo Betancur alcanzó a correr hacia la edificación para tratar de eludir la acción de los sicarios, pero uno de ellos lo persiguió hasta rematarlo. El revuelo fue inmediato, no sólo en Antioquia sino en el resto del país.
Al día siguiente, por lo menos cinco mil personas acudieron al cementerio Campos de Paz para rendir el último homenaje a los líderes sacrificados. En nombre del Comité de Derechos Humanos de Antioquia, su vicepresidente Carlos Gaviria Díaz tomó la palabra para exaltar la vida y obra de Héctor Abad y comparando lo que estaba pasando en Medellín con lo que algún día sucedió en España durante la Guerra Civil exclamó: “los asesinos lo apostrofaron con la expresión bárbara de Millán Astrai que ensombreció un día a Salamanca: viva la muerte, abajo la inteligencia”.
Días después, Gaviria Díaz, junto a sus colegas Jaime Borrero y César Muñoz tuvieron que emprender la ruta del exilio. Al frente de las actividades del Comité de Derechos Humanos de Antioquia se quedó el abogado y teólogo Luis Fernando Vélez. En la tercera semana de diciembre, después de ser secuestrado en Medellín, el cadáver de Vélez fue encontrado en un paraje de la carretera al mar. Con dos impactos de bala los asesinos acabaron con la vida de un intelectual que le entregó 19 años a la Universidad de Antioquia.
En ese momento no cabía más que recordar la gesta humanitaria cumplida por las víctimas. Luis Felipe Vélez, abogado y politólogo que durante muchos años promovió la actividad sindical en Antioquia hasta consolidarse como miembro del comité provisional de la CUT e integrante de la junta nacional de Fecode. Leonardo Betancur, médico, militante del movimiento de izquierda Firmes, exconcejal de Medellín y, sobretodo, activo militante de la izquierda democrática además de reconocido profesor universitario.
Héctor Abad Gómez, médico de profesión y activista político. En varias ocasiones fue secretario de Salud en Antioquia, lo mismo que diputado del departamento y Representante a la Cámara. Era habitual columnista de los periódicos El Mundo y El Tiempo, y en el momento de su muerte oficiaba como precandidato a la alcaldía de Medellín. Al conocerse de su sacrificio se supo también que hacia parte de una lista de 22 líderes colombianos que estaban amenazados por las fuerzas oscuras del paramilitarismo.
Los expedientes que se abrieron por los asesinatos de educadores y estudiantes de la Universidad de Antioquia quedaron en absoluta impunidad. Años después en el libro ‘Mi confesión’ del periodista Mauricio Aranguren, el jefe paramilitar Carlos Castaño admitió que en ese momento él personalmente lideraba la autodefensa urbana en Medellín y particularmente admitió que la organización criminal que ya orientaba participó en el crimen del senador de la Unión Patriótica y profesor universitario, Pedro Luis Valencia.
Después de esta oleada de crímenes, al frente del Comité de Derechos Humanos de Antioquia quedó el abogado y activista Jesús María Valle Jaramillo, quien no sólo se ocupó de preservar la memoria de sus antecesores asesinados, sino que persistió en la tarea de denunciar la forma como el paramilitarismo siguió haciendo de las suyas en Antioquia. Desafortunadamente, el 27 de febrero de 1998, en su propia oficina, en pleno centro de Medellín, sicarios al servicio de Carlos Castaño acabaron también con la vida de Jesús María Valle, el último bastión de una generación borrada por el paramilitarismo.
Por: www.elespectador.com
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