¿Quiénes son los que no caben en la ciudad?
Pronunciamiento del Congreso de los Pueblos Antioquía a la opinión pública.
Como organizaciones populares articuladas y promotoras del congreso de los pueblos en la región, nos pronunciamos en contra de las políticas que hoy tienen a la ciudad sumida en una de las crisis humanitarias más agudas de toda su historia. Responsabilizamos a las instituciones estatales de ser las promotoras de la reproducción y perpetuación de la injustica a partir de sus políticas de segregación, negligencia y represión con la población, que hacen que Medellín sea cada vez menos, un espacio para la vida digna.
Desde hace algunos días observamos con indignación y perplejidad, las imágenes que medios alternativos y populares registraron sobre los llamados “desalojos” en el sector de la Cruz en el oriente de Medellín. Fueron desalojadas entre 20 y 50 familias mediante la acción desmedida y brutal en contra de los habitantes por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD). Asunto que obviamente se invisibiliza en los medios hegemónicos u oficiales. El trabajo en red ha posibilitado que dicho registro le dé la vuelta al planeta, dando cuenta sobre cómo es que se gobierna en el inframundo paisa.
¿Quiénes son las familias victimas del desalojo? ¿Será acaso gente que se ha portado mal y está pagando un castigo divino? o tal vez ¿oportunistas que en función de colmar su egoísmo individualista, están dedicadas a acumular grandes dimensiones de tierra a como dé lugar?
Lo que se observó, fue otra cosa. Al asentamiento que en su mayoría lo habitaban desplazados de regiones como Chocó y Urrao, llegaron los que desalojan, fuertes brigadas institucionales de variados uniformes e insignias en representación de diversas fuerzas oficiales orgullosas de cumplir con su tarea. Gente del más alto nivel de insensibilidad, con la eficacia que da la sangre fría y la razón formal que justifica la pérdida de humanidad que les ha dejado el adiestramiento oficial.
Parece que para la sociedad del capital en general y para la oficialidad que la administra, no es suficiente con que dichas familias ya estén sometidas a las presiones del clima y a los riesgos naturales, para no hablar del sin número de presiones sociales y culturales que les ha generado esta estructura social excluyente e injusta.
Lo que alguna gente se sigue preguntando es: ¿porqué sí la institucionalidad es la supuesta garante de las condiciones de bienestar y de vida digna, en nuestro contexto es el victimario? Lo que se espera de un órgano estatal, en condiciones normales, es que su participación contribuya al trámite favorable de los problemas históricos de la población, no que los agudice y perpetué. En otros lugares la respuesta de la sociedad en general, sería de indignación y protesta al punto de colocar en jaque la gobernabilidad, acá no.
Lo que vimos fue una gran avanzada, dotada de herramientas y armamento como para arrasar en un combate, pero ¿Cuál es su combate y contra quienes? La institucionalidad contra las personas desarropadas, destechadas y empobrecidas, que después de haber experimentado todas las expropiaciones materiales posibles por la violencia estructural, ahora la violencia de facto les despoja también de su dignidad como humanos y como parte de una comunidad.
Lo paradójico, es que nunca hubo tanta presencia institucional en el sector, estas comunidades anhelaron siempre una brigada de atención o prevención en salud, de vacunas para la niñez o de alfabetización y capacitación a la población adulta. Ni para el asistencialismo decembrino de mercados y juguetes se ve tanto funcionario en esos lugares, ni siquiera en campaña electoral en el histórico trueque clientelista de adobes y sancocho por votos.
Lo que sí queda claro de la situación, es que la institución o es demasiado torpe y carece de sentido común al no darse cuenta que quienes construyen ranchos de madera y de cartón en las montañas o en las laderas de ríos y carreteras de la ciudad, no lo hacen por deseo o capricho sino por necesidad, tratando de resolver los determinantes esenciales para sostener la vida o es demasiado cínica y lo que quiere es evadir la responsabilidad que le corresponde en la problemática.
Hemos nombrado concretamente lo que fue la vulneración a la posibilidad de techo, pero el listado de violaciones a estas comunidades del sector de la cruz y a la mitad de la población de la ciudad, es grande en términos de las otras necesidades que se suponen elementales, como la alimentación, el abrigo, la educación, los servicios públicos y la recreación acrecentando la desventaja y la crisis humanitaria que merecería un tratamiento y una legislación especial, sobre los mínimos vitales buscando un fondo de igualdad.
Lo real es que el desalojo se enmarca en la planeación estratégica impuesta desde los 90, en la pretensión de cumplir con la política de ordenamiento territorial, donde se sabe que priman intereses ajenos a las comunidades, pues quieren construir una ciudad amurallada al mejor estilo feudal, encerrando la ciudad en un proyecto al que llaman “el plan bordes” o “cinturón verde” que consiste en acordonar a media altura las montañas para que la ciudad no crezca hacia la cordillera.
¿Cuál fue el criterio para establecer la medida y como fue el proceso de consulta y participación de la comunidad? nadie lo sabe. Lo que se sabe es que en la medida decretada, muchos habitantes quedaremos sobrando y el límite problémico implicará un adentro y un afuera, y como siempre dejará en una gran parte de la población las consecuencias de la exclusión del territorio, que se sumará a las demás exclusiones que se expresaran en el formato de la histórica violencia de nuestra urbe.
En ello también, se manifiesta la torpeza del plan estratégico paisa, al no querer comprender y corregir, el contrasentido que condicionó el crecimiento de Medellín, que como en cualquier ciudad Latinoamericana, obedece a unas condiciones históricas, que no pueden remediarse de otra manera que interviniendo las causas que las generan, es decir el tramite al conflicto social y político
Fenómenos como el de la inmigración desmedida del presente, para nuestro contexto inmediato tienen que ver con el desplazamiento forzado y la dinámica del despojo ocasionado por la reforma agraria paramilitar que la misma planeación de los estrategas paisas viene consolidando desde los 90 y que obligó a diversas comunidades y familias a huir de su lugares rurales de origen.
Además el sector rural ha estado condicionado históricamente por las disputas bélicas de los selectos grupos de terratenientes que acumulan el 90% de las tierras, a partir del legendario modo de producción latifundista. Y como si fuera poco, en la década pasada se agudizó el problema del despojo, el destierro y el desplazamiento con el auge del modelo de desarrollo extraccionista y la invasión de las multinacionales.
Todos los anteriores factores, influyen en el real crecimiento poblacional de los centros urbanos Colombianos de los últimos años. Los desplazados en su mayoría huyen a las ciudades en busca de seguridad y para empezar nuevamente con sus familias. Muchos de ellos toman terrenos baldíos, abandonados o públicos para realizar sus asentamientos (llamados asentamientos irregulares), que muchas veces desembocan en barrios totalmente construidos por sus habitantes.
El cinturón verde puede tener grandes argumentos estéticos, ecológicos, turísticos y comerciales para la ciudad, pero el tratamiento integral del problema implicará resolver de forma decidida la crisis humanitaria en la que está sumida la población.
Si se sigue la línea del actual estratega local, posiblemente en el futuro, las personas que no vivan del muro hacia adentro, tendrán que pagar un peaje o conseguir un pasaporte para entrar al centro de negocios en el que vienen convirtiendo la metrópoli. Una ciudad para que vivan los que se adapten a los intercambios y servicios del condicionamiento mercantil. Que en el imaginario de viveza paisa significa mercantilización de los cuerpos de la niñez y las mujeres para atender al turismo y pauperización del costo de la fuerza de trabajo, pues la ciudad de los negocios neoliberales, exige la desobligación de las condiciones el bienestar social de las personas, que a su vez desestimula la capacitación y cualificación del esfuerzo de los jóvenes, quienes priorizan el pragmatismo del dinero fácil del micro tráfico de alucinógenos, el sicariato y la delincuencia.
El Congreso de los Pueblos Antioquía se solidariza con las comunidades víctimas de las políticas del gobierno local y nacional, invita a la resistencia y a avanzar en la organización en la lucha por la vida digna en comunidad.
Manifestamos nuestro rechazo total a unas políticas que contrarias a la solución de los problemas de la gente, al uso desmedido de la fuerza por parte de la fuerza pública, no podemos permitir que por un lado el gobierno no brinde soluciones de vivienda y por el otro tumben las casas de gente que necesita donde vivir.
Nos pronunciamos contrarios a cualquier política de segregación, exclusión y destrucción de los valores de vecindad y tejido social de los habitantes de las comunas populares.
Invocamos el derecho a vivir la paz los pueblos, por ello promovemos la organización popular para mandatar y legislar como pueblo, buscando se garanticen la vida, la dignidad y el buen vivir de las gentes.
EXIGIMOS SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE VIVIENDA.
TIERRA Y VIVIENDA PARA QUIEN LA NECESITA
Coordinación organizativa del Congreso de los Pueblos Antioquia.
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