La Gerencia Departamental de la Contraloría General de la República ofició a la Secretaría General de esa entidad en Bogotá, sobre el alcance del control fiscal efectuado a la ejecución de los recursos de la Estampilla Pro Ciudadela Universitaria durante los últimos cinco años (2006-2011), para que el órgano de control ordene el traslado a la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación, quienes deberán efectuar la investigación desde el punto de vista penal y disciplinario, respectivamente.
EL HERALDO tuvo acceso a la comunicación de fecha 10 de mayo de 2012, en la que el Gerente Departamental Ad Hoc de la Contraloría, Danilo Cabarcas Orozco, ofició sobre el procedimiento al abogado Antonio Nieto Güette, quien en representación de los intereses de la Universidad del Atlántico, presentó el pasado 12 de septiembre una denuncia ciudadana sobre el presunto desvío de recursos que debían ser destinados a la institución de educación superior.
El mismo documento señala que una vez escuchado el informe del funcionario designado a la investigación y teniendo en cuenta las pruebas presentadas, se concluyó que “podrían existir hechos con presuntas connotaciones de naturaleza penal y disciplinaria, ocasionadas por el manejo irregular de los recursos de la Estampilla Pro Ciudadela Universitaria del Atlántico, por el orden de 30 mil millones de pesos, por tal razón considero que hay argumentos suficientes para hacer los respectivos traslados a la Fiscalía y Procuraduría General de la Nación para que sean esos organismos los encargados de adelantar las respectivas investigaciones”.
La rectora de la Universidad del Atlántico, Ana Sofía Mesa, dijo que “el tema del manejo de los recursos de la Estampilla nos ha venido preocupando desde hace varios años y por eso se motivó la denuncia ciudadana, en la que mi apoderado es el señor Antonio Nieto”.
Por su parte, el abogado Nieto Güette explicó que “los avances de la investigación fiscal han llevado a determinar un desvío de $40 mil millones de la estampilla que fueron incorporados al presupuesto de la Gobernación y utilizados en rubros diferentes a su destinación legal”.
Nieto Güette agregó que toda la documentación probatoria fue obtenida mediante derechos de petición, ya que la Gobernación se negaba a entregar la información directamente a la Vicerectoría Administrativa y Financiera de la Universidad. “En los documentos se ha podido establecer que la Gobernación destinó más de 25 mil millones de pesos para Gastos de Funcionamiento referentes al Saneamiento Fiscal; para ello subestimaba el recaudo, con el objeto de declarar como recursos propios los mayores valores recaudados y no ejecutados durante las vigencias de 2007 a 2011”.
También se investiga la utilización de más de 10 mil millones de pesos en atención de gastos como aseo, vigilancia, reparaciones locativas y otros gastos de funcionamiento; y unos cuatro mil millones más en el pago de la nómina de funcionarios nombrados por el Secretario de la Junta, así como los gastos de funcionamiento que la dependencia requiere.
El jurista expresó que los recursos de la estampilla tienen destinación específica, por lo que por estos hechos deberán responder tanto la Gobernación, como la Secretaría de Hacienda Departamental, la Secretaría de la Junta Pro Ciudadela y la Asamblea del Atlántico.
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