Muy contradictorias han sido las directrices que el padre Camilo Bernal, Director General del SENA, ha establecido para reglamentar la contratación de instructores y demás funcionarios que se requieran en la institución en el año 2012. Por una parte estableció que debían mantenerse a aquellos contratistas que habían sido evaluados satisfactoriamente en la pasada vigencia, pero paradójicamente en lugar de estimular el buen desempeño de estos trabajadores, mediante Circular del 27 de diciembre estableció unas tarifas de pago, que en algunos casos resultan inferiores a las que remuneraban los contratos el año pasado.
Si a lo anterior le sumamos la directriz, que estos contratos solamente tengan vigencia hasta junio de 2012, consideramos que la respuesta que la institución le debe dar a los usuarios se va a ver afectada negativamente por muchas consecuencias que estas arbitrarias determinaciones generan. Tal actuación solo se justificaría, ante la decisión de concretar el aumento de planta de personal que hemos reclamado vehementemente desde hace tanto tiempo.
Resultan contradictorios e incoherentes los planteamientos de la administración, según los cuales establecen como uno de los ejes centrales de su actuación, la recuperación de la calidad, cuando al tiempo desconocen condiciones dignas a los contratistas y no pareciéndoles esto suficiente, imponen la reducción de la remuneración de un importante número de compañeros que de manera esmerada y dedicada han prestado sus servicios a la entidad, so pretexto de que no cuentan con TITULOS, con lo que además quedan sorprendidos en otra incoherencia, pues justamente la entidad que proclama la importancia del modelo de competencias pretende centrar los requisitos, exclusivamente en la exigencia de títulos académicos. Es preciso aclarar, que no pretendemos que se desmejoren las condiciones económicas a quienes ostentan títulos, simplemente que se reconozcan la competencia demostrada: experiencia, dominio técnico y demás calidades de quienes imparten Formación Profesional, quienes son los que especialmente aportan a la cualificación de los trabajadores colombianos de menor nivel académico.
Es difícil exigirle sentido de pertenencia y calidad a un contratista que día a día debe sufrir la incertidumbre de su estabilidad laboral, y muy seguramente si además se siente indignado ante la disminución del pago por su contrato, cuando de una vigencia a otra los costos de supervivencia en Colombia se incrementan ostensiblemente.
Por otra parte, en la mencionada circular, se establecen cuatro grupos de contratistas, un grupo A, al que no se le hacen exigencias académicas y se le da el nivel de “Expertos”, quienes deben contar con el visto bueno de la Dirección Nacional serán beneficiarios de asignación mensual de $5.500.000 o $60.000 por hora, mientras que a otros funcionarios “tipo B”, a quienes se les exige nivel universitario con postgrados se les determina asignación mensual de $3.100.000 o $26.500 por hora. Esta definición da cuenta nuevamente de la verdadera intención de la administración que es la de convertir al SENA en una entidad de Educación Superior y formalizar su oferta, pues no de otra manera se explica la elevación de los requisitos académicos, dado que para Formación Profesional, requerimos instructores con dominio técnico efectivo, más que doctores, considerando que nuestra misión es la ejecución de la Formación Profesional y no el desarrollo de disciplinas académicas.
Pero también están los de tercera y cuarta categoría, que el director llama “tipo C” y “tipo D”, son los instructores que en mayor número deben atender los programas de formación a quienes se les asignan tarifas de $2.600.000 y $2,000.000 respectivamente o su equivalente en horas de $20.900 y $16.700, es en estos grupos donde es más sensible la reducción de las tarifas, con relación a las que recibieron el pasado año.
Durante muchos años SINDESENA, ha exigido un trato digno para los contratistas en general y particularmente para los instructores, los que en número han llegado a superar los 20.000 anuales, este grupo de trabajadores han sido objeto de explotación desmedida, en la mayoría de los casos no se les reconoce costos de manutención cuando deben desplazarse a un lugar diferente a su sede habitual de prestación de servicios, no se les permite programar ni le son reconocidos tiempos para la preparación de clases, tiempo de evaluaciones y seguimiento a sus procesos y para ajustar una asignación digna, deben laborar en horas directas de formación en jornadas que superan lo establecido en cualquier establecimiento educativo para quienes hacen labores de docencia y lo que es más vergonzoso pregonan el trabajo en equipo, pero no se les garantiza tiempo remunerado para reunirse.
Este comportamiento de la administración da cuenta que sus planteamientos sobre la calidad, la inclusión y el respeto de los derechos de los trabajadores, son más un discurso que una premisa que se aplique en la entidad.
De manera particular llama la atención que sea un Sacerdote quien lidere estas decisiones, muy en contravía de conceptos papales que en diversas oportunidades han hecho llamados al reconocimiento justo del trabajo, como elemento básico de justicia y convivencia.
SINDESENA rechaza esta manifestación clasista de la dirección del SENA en contra de los trabajadores colombianos, hace un llamado vehemente para que se establezca un reajuste a dichas tarifas, mínimamente acorde con los incrementos establecidos por el gobierno en torno al salario mínimo y hace un llamado a todos los contratistas a organizarse para evitar que sus mínimos derechos sean vulnerados de esta forma tan perversa. En el mismo sentido, exhortamos a los trabajadores de planta de la entidad y a los estudiantes a condenar estas prácticas de explotación, a acompañar las denuncias nacionales e internacionales que instauraremos, especialmente las acciones de hecho que seguramente emprenderemos en defensa de la entidad, los derechos de trabajadores y estudiantes, por la ampliación de la planta de personal, contra la corrupción, el clientelismo y la politiquería en la entidad.
Finalmente, pese a que desde que conocimos la situación hemos indagado a la administración aún no hemos obtenido respuesta alguna, por ello solicitamos a los contratistas remitirnos los casos en donde se evidencie la desmejora de la remuneración por los servicios prestados, a fin de iniciar inmediatamente acciones legales, elevar la denuncia, movilizarnos en contra de estas medidas y poner de manifiesto la explotación a que son sometidos algunos contratistas del SENA.
JUNTA NACIONAL DE SINDESENA
Bogotá, 17 de enero de 2012
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