Los problemas de la educación superior son apenas la punta del iceberg: restricciones de acceso, inequidad programada, resultados mediocres, brecha que se amplía entre pobres y ricos, calidad inaceptable, todo el sistema educativo público ofrece un panorama desolador, pero eso sí absorbe el 4,8% del PIB. Mirada descarnada de un experto veterano y angustiado.
No hay cupo…ni futuro
La coincidencia entre las marchas universitarias que dieron al traste con la propuesta del gobierno para reformar la educación superior y la publicación de los resultados de la prueba Saber 11º, obligan a pensar el sector desde una perspectiva más integral.
Lo primero que conviene repasar son los datos gruesos de la situación de los jóvenes que concluyen su bachillerato en Colombia:
· Este año saldrán a continuar sus estudios o a buscar trabajo 625.466 chicos y chicas, de los cuales solamente una pequeñísima porción tendrá cabida en las universidades públicas.
· La matrícula universitaria total para el 2010 fue de 978.554, según datos del Ministerio de Educación; de esta, corresponden 454.908 estudiantes a la universidad pública.
· Si los cupos para el primer año fueran el 25 por ciento de la matrícula total, asumiendo tasas de deserción y graduación un poco mayores que este porcentaje, sólo habría cupo para cerca de 120.000 bachilleres.
· La universidad privada podrá ofrecer una cifra similar.
Esto significa que el sistema universitario no está en capacidad de acoger siquiera a la mitad de una cohorte anual.
No tantos doctores
Desde luego deben tenerse en cuenta la educación técnica y tecnológica y las múltiples opciones de educación para el trabajo. Sin embargo, no es apropiado incluir como educación superior al SENA y al inmenso archipiélago de centros de capacitación laboral, salvo si se pretende maquillar las cifras.
Esto lo corroboran las proyecciones ofrecidas por el gobierno, que muestran que para el 2019 la matrícula en educación técnica y tecnológica aumentará en un 49 por ciento, mientras la universitaria de pregrado sólo lo hará en un 17 por ciento.
Desde luego, un país requiere trabajadores especializados, técnicos y tecnólogos. Pero necesita muchos profesionales de alto nivel si de veras aspiramos a ser competitivos en un mundo donde la ciencia y la innovación tecnológica avanzada constituyen el capital más valioso.
Se ha dicho muchas veces que Colombia no debe ser un país de doctores. Si con ello se quiere significar que la formación universitaria debe ser para pocos y que esos pocos deben provenir de los niveles socioeconómicos más altos, entonces tenemos la perfecta doctrina plutocrática que justifica todas las inequidades: no solo la que nos hace campeones en la peor distribución del ingreso, sino también la que reserva el conocimiento para unos pocos y, por ende, el control absoluto de todas las posiciones de dirección de la sociedad.
Si por el contrario lo que insinúa la sentencia es que debe haber menos abogados formados en instituciones de tiza y tablero, menos economistas mediocres, menos administradores y más ingenieros especializados, físicos, químicos, matemáticos, biólogos, entonces tal vez tenga algún sentido.
Lo que no es sensato es que cada año se dé oportunidad a tan pocos jóvenes de acceder a las aulas universitarias y simultáneamente se pretenda contar con una masa crítica importante de personas capaces de crear conocimiento.
Universidades y programas de tercera
Me atrevería a decir que aún si la cobertura real de la educación universitaria no fuera superior al 30 por ciento — como en efecto no lo es hoy — no sería extremadamente grave si fuera de buena calidad, si no tuviera una tasa de deserción cercana al 50 por ciento y si no estuviera violentamente segregada por estratos socioeconómicos. Pero la realidad es deplorable, como lo muestran los últimos resultados del ICFES.
La mayoría de las universidades públicas tienen como criterio principal para admitir nuevos estudiantes los puntajes obtenidos en las pruebas de Estado. De esta manera, los jóvenes con resultados bajos sólo pueden ingresar a aquellas carreras donde no se presentan otros candidatos con puntajes altos, o a instituciones que no sean las preferidas por los mejores estudiantes es decir, a los llamados huecos, públicos o privados, y a las carreras de menor prestigio y expectativa de progreso.
Intensa desigualdad
Es claro que el Estado ha sido incapaz de garantizar a los jóvenes más pobres los más elementales grados de libertad para elegir la educación que desean y a la que tienen derecho, al menos en el texto de la Constitución.
· Esa libertad de elección está limitada, en primer lugar, por la disponibilidad de recursos económicos que no permite decidir en qué institución se quiere estudiar. Los muy ricos pueden escoger cualquier universidad del mundo, si son admitidos. La gente acomodada con ingresos estables altos puede escoger entre las mejores universidades privadas del país. Los de ingresos más bajos tienen que apuntar a la Universidad pública en el área en la que los reciban y, aún así, sus familias deben hacer enormes sacrificios para sostenerlos.
· Pero la segunda limitación es aún peor y más difícil de subsanar, porque es la ausencia de programas serios de educación inicial que va acumulando carencias por cerca de diez años de mala calidad en la educación básica y media. Al concluir el bachillerato, sus víctimas no pueden competir en igualdad de condiciones con los afortunados que fueron a buenos preescolares desde los tres años y luego asistieron a colegios privados de buena calidad.
Los resultados recientes de la prueba Saber 11º, permiten apreciar mejor estos diferenciales, tal como los divulgó la revista Dinero:
· El puntaje promedio en los colegios privados de calendario B es 53,2; para los colegios oficiales el promedio es 42,2, es decir, once puntos por debajo.
· Si se toma por nivel socioeconómico, la diferencia se amplía: el promedio para los estratos altos es 54,8; para los estratos bajos, es 41,2.
Estos pocos datos indican que las universidades de mejor calidad seguramente serán las más apetecidas y se quedarán con los jóvenes que han recibido mejor educación que, naturalmente, son los más ricos.
De esta forma comienza a monopolizarse el conocimiento -que no es lo mismo que el talento o la inteligencia. Con seguridad la naturaleza es más democrática que nuestro sistema educativo y distribuye equitativamente las capacidades intelectuales y el ingenio creativo. El problema es que estos dones no crecen solos y, por el contrario, suelen asfixiarse en un sistema de educación anacrónico y precario.
Inequidad programada, cultivada y sistemática
El Estado colombiano ha sido y es responsable de promover y ahondar la inequidad. Las cifras prometidas en torno a la discusión de la ley son tramposas y sólo sirven para justificar esta situación. Revolver toda clase de instituciones de capacitación laboral y formación profesional (en la nomenclatura de la OIT) sólo sirve para disfrazar cifras y eludir la obligación de hacer inversiones importantes en universidades de verdad.
· Vaya y venga que se incluya una amplia variedad de instituciones para sumar peras con guayabas, hasta llegar al dudoso 37 por ciento de educación post secundaria (que no es lo mismo que educación superior).
· Pero reservar las mejores oportunidades para los económicamente más afortunados es una opción devastadora, tanto para la competitividad internacional como para la construcción de una democracia.
La acumulación de capital cultural y el monopolio del conocimiento se han hecho a partir de la segmentación de la educación en privada y pública. Los ricos y los que un día quieren serlo no van a los colegios oficiales, si pueden evitarlo.
Esto libra de responsabilidad a las clases altas, pues así sólo se ocupan de la calidad que un colegio determinado, elegido por ellos, ofrece a sus hijos y les da igual lo que pase en el resto de los colegios donde se educan “los otros”. En los países donde la educación pública es para todos, las clases medias profesionales se preocupan por la educación de todos, porque ellos son parte interesada.
Según informa Dinero: “Dentro de los 500 mejores solo hay 19 colegios públicos, el primero de los cuales está en el puesto 67. Dos terceras partes corresponden al nivel socioeconómico más alto y tan solo 3 por ciento está en los niveles socioeconómicos más bajos. 73 por ciento tiene jornada continua, mientras 25 por ciento trabaja en la jornada de la mañana. Solamente este dato daría pie para revisar la política de doble jornada en muchos colegios oficiales.”
Debe añadirse que el Estado colombiano considera que $1´100.000 es suficiente para educar durante un año a un niño o niña en los planteles oficiales, mientras las familias de estratos altos (de donde salen los mejores bachilleres) están dispuestas a pagar entre diez y veinte veces más por la educación de sus hijos y perpetuar así los privilegios que otorga el asistir a las mejores universidades en las carreras que sirven para el desempeño de las posiciones de poder y decisión, tanto del Estado como del sector productivo y financiero del país.
Mientras las familias que pueden enviar sus hijos a jardines infantiles con recursos y personal especializado, el Estado cree que las madres comunitarias son suficientes para los niños más pobres y deprivados culturalmente.
Este panorama se complementa con la situación de los maestros. Todos los países que han logrado un desarrollo educativo importante lo han hecho a partir de maestros valorados socialmente, bien preparados y remunerados de manera equivalente con otras profesiones, como lo muestra el estudio de McKinsey. Finlandia, por ejemplo, selecciona maestros con doctorado para los primeros años de escuela primaria, obviamente pública.
En Colombia no hemos logrado llevar al magisterio a los jóvenes más capaces. Por el contrario, las facultades de educación se han ido convirtiendo en la alternativa para quienes no logran ingresar a otras carreras.
La investigación en educación no es pertinente y, desafortunadamente, hay signos preocupantes de deterioro cultural y humano en esas unidades académicas.
No se hace nada
Frente a este panorama descarnado, de acuerdo con los datos disponibles, el gobierno no tiene ninguna propuesta razonable. La educación inicial no ha cambiado de rumbo: sólo se han ofrecido recursos para hacer más de lo mismo. Se dice que se comprarán textos escolares para repartir a las escuelas de más bajos puntajes, sin saber qué textos ni con qué orientación… Pero eso no se discute públicamente.
Como panacea se habla de contratar cien maestros para que cada uno asesore otros treinta y así en cascada hasta los cien mil… Esto no es serio, porque a nadie le interesa tomarse la educación en serio, hasta tanto no salgan multitudes a la calle a pedir cabezas.
Sea en el nivel nacional o en el local, la educación merece un poco más de respeto por parte de los gobernantes. No puede seguirse repitiendo hasta la náusea la idea de que la dirección de este sector puede estar en cabeza de cualquier bien intencionado.
Hace falta saber, haber trajinado los temas, conocer los actores, tener experiencia en el tratamiento científico de los problemas. De no ser así todo seguirá conspirando para que Colombia sea el campeón de la inequidad social en el mundo.
Francisco Cajiao: Filósofo, magister en Economía. Consultor en educación, ex Secretario de Educación de Bogotá y columnista de El Tiempo.
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