La Educación Superior (es), según la Constitución, es responsabilidad del Gobierno, de la sociedad y de las familias. El gasto total en ES es el 1,2% del PIB; el presupuesto nacional aporta el 0,5% del PIB y la diferencia es asumida por las familias.
El proyecto de reforma a la ES no contempló un incremento en el porcentaje de financiación pública. Los aportes fiscales crecen —porcentualmente— menos que el incremento del PIB. Los modelos mostraban que se producía un descenso al 0,45% del PIB. La política de aumentar la cobertura no estaba respaldada por aumento de los recursos presupuestales que permitiera lograr el objetivo. El gobierno anterior mostró aumentos en la cobertura, que en gran parte se explican por el efecto estadístico de incluir la matrícula del Sena en las cifras de ES, a pesar de que los programas no contaban con el registro calificado obligatorio. Agotado este recurso, se requieren esfuerzos presupuestales y de financiación para crecer en cobertura y calidad. Una política en la dirección correcta es la ley que autoriza el subsidio al crédito educativo a través del Icetex, haciendo explícita la obligación del Ministerio de Hacienda de aportar los recursos y evitar la desfinanciación de aquél.
La educación de calidad exige construir una comunidad académica con profesores de planta que tengan formación de posgrado, muchos de ellos con doctorados, que puedan crear grupos y semilleros de investigación. Esto implica reducción de su carga académica. Los egresos en docencia de una universidad que investiga a una que simplemente dicta clases, pueden ser de 4 a 1. ¿Quién debe pagar este sobrecosto? Es difícil para las familias hacerlo. Aun en países desarrollados se está dando esta discusión. La investigación es un bien público, sus resultados benefician en mayor grado a la sociedad en su conjunto que al investigador individual. La comunidad tiene mejores niveles de bienestar con una población altamente educada. Muchas veces, la remuneración que obtiene el profesional no refleja el tiempo dedicado y el conocimiento adquirido.
Colciencias es el instrumento para canalizar las transferencias fiscales a la investigación. La ley de regalías incrementa los recursos que se destinarán a la investigación, al dirigir el 10% de las regalías a ciencia, tecnología e innovación. Sin embargo, al no reconocer los costos administrativos de los proyectos financiados por Colciencias, a partir de un cierto nivel, deja de ser una ayuda financiera. En estas condiciones no se logra aliviar el costo de las matrículas.
El valor promedio de las matrículas en las universidades privadas es costoso para el nivel de ingreso de las familias, pero no lo es si se compara con los costos incurridos para ofrecer educación de calidad. Todos los excedentes deben reinvertirse en mejoramiento académico. En Colombia, el promedio de una matrícula universitaria representaba en el 2007, según el Banco Mundial, el 28% del producto per cápita. En Francia equivale al 7%; en Suecia, al 4%; en Bélgica, al 2%. El porcentaje destinado en Colombia es superior al de Brasil y al promedio de América Latina. No parece viable que el aumento de costos por cobertura y calidad esté a cargo de las familias, y no como consecuencia de una reorientación del gasto público.
*Rector Universidad Jorge Tadeo Lozano
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