Ante la justicia de las demandas de un movimiento estudiantil se responde con distractores violentos que lo que persiguen es borrar, desdibujar, desvirtuar, y perder el foco de lo que está en juego: la construcción de un proyecto de reforma universitaria democrática.
Lo que este conflicto sobre la reforma a la Ley 30, propuesta por el gobierno, y objetada por los estudiantes, ha puesto en evidencia es: la no viabilidad de políticas neoliberales en la educación y la salud con ánimo de lucro.
Una generación de jóvenes atravesada por la precarización laboral de su futuro que se levanta “indignada”, en diversos sitios del planeta contra la mercantilización de la vida, de la educación, de la salud.
Su levantamiento responde a una lucha que nadie parece darla por ellos, por su presente y por su futuro.
Estos jóvenes confrontan la injusticia de nuestros tiempos actuales, con formatos simbólicos que ponen en escena la “carnavalización” de las políticas públicas.
Cuando estos nuevos lenguajes que llaman al despertar, al amor por la universidad como bien público y como derecho ciudadano empiezan a penetrar en la sociedad y se inicia la comprensión de su movimiento y que este puede conducir a que la sociedad lo apropie y le asigne el lugar que le corresponde en la problemática del país, suceden hechos atípicos; justamente en ese momento y como freno a ese ascenso aparecen improvisadamente y de manera “inexplicable” y “extraña” hechos violentos que consiguen criminalizar la protesta y desorientar a una sociedad ya de por sí bastante desorientada y resignada.
A una sociedad que desconoce lo dramático de los efectos de una ley que desfinancia la educación pública por parte del Estado y que solamente posibilitará el ingreso de sus hijos por medio del endeudamiento financiero y la consiguiente usura bancaria, se le imponen por fuerzas extrauniversitarias y anarquizantes la violencia que han precisamente rechazado en sus “performances” y “acciones simbólicas”. Estas fuerzas irrumpen en el “campus universitario” con artefactos explosivos, autobuses en llamas, vidrios rotos y la consecuente policialización de la universidad.
Resultado de esta nueva situación: aislamiento del movimiento universitario, condena por la ciudadanía, criminalización de la protesta.
Ante esta situación la Asamblea de Profesores reunida el día 25 de octubre en el auditorio Jorge Roa Martínez considera:
- Identificarse con la justicia del movimiento universitario colombiano, por una reforma que sea democrática, que recoja la participación y las observaciones de toda la sociedad.
- Reconocer la manera simbólica que los estudiantes han utilizada para difundir y movilizar las razones de esta lucha. No ha sido el lenguaje de la piedra, ni el lenguaje de la papa bomba lo que dominado en estas semanas, sino el lenguaje, las reuniones, las discusiones, la festividad.
- Rechazamos la militarización de la universidad, pero además se hace un llamado al diálogo y al aislamiento de expresiones violentas que solo buscan una universidad separada y extrañada del contexto social.
- Hay evidencia de que entre los detenidos la mayoría son personas ajenas a la universidad. Como académicos y ante la evidencia de unas acciones violentas infiltradas por intereses bastante turbios consideramos que el peligro no son los estudiantes, ni sus demandas, no es el movimiento universitario, sino el uso de la fuerza a nombre del Estado y de la seguridad para acallar lo que se quiere verdaderamente sepultar: el derecho a la educación. El problema central es la ley 30. Lo que pasó el día lunes 24 de octubre hace parte de una cadena de hechos orquestados con un manejo sospechoso de la información: cilindros, material explosivo, rumores sobre la presencia de personas sospechosas.
Ante esta situación, que es de toda la nación y no solo de Pereira, llamamos a la continuación del diálogo, que es precisamente la esencia de una educación superior y libre.
Rechazamos la presunción de la cancelación del segundo semestre académico de 2011 porque de este hecho se derivan consecuencias como: la situación denigrante en la que han ubicado al 75% de los profesores de la universidad, que trabajan bajo la modalidad de contratos transitorios implementados por la insuficiencia de presupuesto estatal. Este tipo de exuberancia en los profesores precarios obedece a una gestión que respondió a unas políticas de ampliación de cobertura sin recursos adecuados, descargando la existencia de la universidad sobre la precariedad y el desprecio por la dignidad de los educadores y los profesionales del país. En una ciudad dominada por altas cifras de desempleo se adiciona la existencia de 850 docentes universitarios al borde de no tener salarios, ni navidad. No puede ser los paganinis de la crisis.
Se rechaza cualquier tipo de amenazas contra estudiantes, contra directivos pero también contra los profesores que abocados entre la espada y la pared dictan clase en algún garaje o área social de un complejo residencial.
Por último llamamos a la dirección de la universidad para que se pronuncie de la manera más ecuánime pues lo que deseamos es que todos los estamentos de la universidad hagan parte de la reforma universitaria y su debate.
POR UNA UNIVERSIDAR ABIERTA, DEMOCRÁTICA Y PÚBLICA
Asamblea de profesores UTP
Octubre 25 de 2011
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