Esta es una de las principales conclusiones del primer Seminario de Rectores de Universidades Públicas y Privadas, convocados por la Universidad Nacional de Colombia (Programa Interdisciplinario en Políticas Educativas PIPE-UN) y la Universidad Central.
Los rectores mostraron que el articulado del MEN no resuelve los problemas de cobertura, calidad y financiamiento. .
Por el contrario, que agrava estos problemas más los de autonomía institucional, definición de un Sistema de Educación Superior, revalorización de la educación técnica y tecnológica, apoyo en la consolidación de IES de excelencia y competitivas, construcción de un proyecto a largo plazo para el fomento de la Educación Superior en el país y establecimiento de una política estatal clara en este sentido.
Mostraron además que, aunque se eliminen los artículos referidos a las instituciones de educación superior con ánimo de lucro, la propuesta en general sufre de incoherencias, vacíos y debilidades que la hacen insuficiente, poco pertinente y que demuestran le necesidad de pensar, más que en una reforma, en una nueva propuesta de Ley de la Educación Superior.
En relación con la pregunta central sobre lo público y lo privado, se ratificó que esta diferencia es más compleja que la clasificación entre universidades estatales y no estatales. Ante todo, tanto rectores de universidades privadas como de universidades públicas, ratificaron que la educación es un bien público y un derecho que, como tal, implica la responsabilidad estatal en su cumplimiento y exige a las instituciones dedicadas a este fin, la realización de sus funciones cuyo ánimo esté concentrado en ofrecer la más alta calidad y no en el lucro de particulares.
Se mostró también que las universidades públicas han mantenido relaciones históricas con las universidades privadas y con el mundo empresarial, sin embargo, estas interacciones no han derivado en relaciones de dependencia o pérdida de libertad gracias a sus condiciones de financiamiento público y al reconocimiento de su autonomía. Por este motivo, resulta necesaria una ley que ratifique la autonomía de las universidades y que haga un llamado a los autónomos a autorregularse (Ej. la nueva Ley Estatutaria liderada por ASCUN). La implementación de una ley de este tipo, llevaría al establecimiento de un organismo conformado por representantes de las instituciones titulares de esa autonomía y por personas conocedoras de la lógica académica, cuya acción debe redundar en la concreción de medidas que asuman los problemas fundamentales de las IES, respetando las diferencias entre instituciones y permitiendo la participación de las comunidades educativas, el Estado y la sociedad.
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