En sentido contrario hacia donde va el mundo, y, en particular, América Latina en materia de educación, en Honduras hay una arremetida para derechizar nuestro sistema educativo y convertirlo en nicho de lucro para la empresa privada.
Los principios sobre los que descansa el sistema educativo hondureño, desde que se estableció el Estado moderno en 1880, son los mismos que ahora se imponen por su universalidad, sobre todo en aquellos países que torcieron el rumbo hacia la privatización y que ahora enfrentan graves problemas de inequidad y desajuste socio-económico a consecuencia de este error.
Tales principios –gratuidad, laicidad y control estatal exclusivo—nada tienen que ver con los problemas de la pérdida o falta de calidad de la enseñanza, por una parte, y del déficit en investigación en ciencia y tecnología. Esto depende primordialmente del desarrollo económico en cada país, y, de manera fundamental, del desarrollo económico equilibrado, o sea aquel que no se desentiende de la responsabilidad social.
Honduras es un ejemplo a este respecto, ya que nuestro sistema educativo confirma un gran atraso en razón directa de su subdesarrollo económico. La escasez de recursos económicos del Estado para el funcionamiento de la enseñanza en sus tres niveles –primario, secundario y superior—, precisamente por el fracaso económico, ha dado lugar a la explotación de la educación privada, al mismo tiempo que erosiona el sistema público, en el que se entiende la educación como un derecho humano inalienable.
Sin embargo, no puede alegarse con propiedad, salvo raras excepciones, que la enseñanza privada es de mejor calidad, especialmente en lo que corresponde a la educación superior que, al menos en Honduras, es inferior a la que se ofrece en la Universidad Nacional Autónoma (UNAH).
La proliferación de centros de enseñanza privados, igual a lo que sucedió en otros países de América Central en las décadas ’70 y ’80 del siglo pasado, lo que generó en todas partes fue mayor desajuste social y la franca degradación de los sistemas educativos, con escuelas y universidades de garaje, únicamente dedicadas a la explotación económica, pero carentes de excelencia educativa.
En el resto de América Central los gobiernos actuaron rápidamente para resolver ese problema, depurando de manera radical los sistemas y los establecimientos educativos y haciendo valer los principios universales en materia de educación, lo cual solamente puede hacerse bajo el control exclusivo del Estado.
Aquí, en Honduras, siempre vamos a la zaga en casi todo, sin importar si se trata de cuestiones fundamentales que amenazan la institucionalidad. En cuanto a la educación, es evidente que no se dan cuenta que ésta es un asunto esencial, el corazón del desarrollo económico y social. No es, entonces, cuestión de jugar a lo bruto, presentando proyectos de leyes sin pleno conocimiento del tema, en función de intereses particulares o de perversiones ideológicas.
El artículo 160 de la Constitución vigente establece con entera claridad, en base a los principios aludidos, que la UNAH es la Institución Autónoma del Estado que “goza de la exclusividad de organizar, dirigir y desarrollar la educación superior y profesional”. Eso es válido y correcto.
Hoy día vemos en América Latina un poderoso movimiento en demanda de educación de calidad, de gratuidad de la enseñanza y todo ello bajo el privativo control estadal. Lo presenciamos en Chile, en Ecuador, en Perú, en Brasil, en México, en los mismos Estados Unidos, donde ha crecido verticalmente la segregación de la educación para la gente pobre, que ahora viene peor con la recesión económica.
A nadie se le ocurre la privatización en ningún país latinoamericano. Menos, todavía, la derechización del sistema educativo. Es al revés, lo que se exige es la integración económica y social, de la que es base la educación. Es exactamente el gran reto de América Latina. La de todos los países que buscan democracia participativa, amplia, bienhechora e inclusiva.
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