Los retos del naciente movimiento estudiantil de la UT: Una administración oscura y una tenebrosa reforma legislativa a la educación pública.
Más allá de eso: plantear una nueva universidad para Colombia.
Previo a este informe deberé recomendar a quienes lo lean completo y manejen la idea que aquí se postula, que hagan llegar la traducción a los compañeros más apáticos frente a los procesos organizativos estudiantiles; debemos arraigar en la conciencia colectiva de la UT que nuestra responsabilidad histórica para con el pueblo tolimense es irremplazable y exige de una mayoritaria disposición a la consolidación del proceso, que crece cada vez que un estudiante plantea una idea alternativa para afrontar la grave crisis en que estamos sumidos como UT, cada vez que alguien pregunta por su asamblea, cada vez que aclaramos a familiares y vecinos que no es que no queramos estudiar sino que ahora lo hacemos en torno a nuestro derecho y su inminente peligro.
El actual momento que vive el naciente movimiento estudiantil universitario ya tiene en claro sus dos retos primordiales: La actual administración que ha despilfarrado los recursos públicos, vilipendiado el nombre de la institución, y engrosado el aparato burocrático institucional sin que esto se vea reflejado en aumento de la eficacia de gestión administrativa ni académica, esta última particularmente más importante, por el contrario, las gestiones son cada vez mas engorrosas y facilitan la corrupción. Este término, corrupción, es quizá el elemento más nocivo de la actual administración de la Universidad del Tolima.
La crisis en que está sumida la Universidad del Tolima se puede entender como un traumatismo estructural que tiene vicios en la misma moral institucional, sin embargo es preciso entender la actual crisis como el resultado de una serie de circunstancias, malas intenciones y dolorosas omisiones de quienes pudieron evitar el cataclismo, es la crisis también de un síntoma más del estado crítico que presenta globalmente el sistema capitalista, aquí vigente su expresión más salvaje y devastadora, el neoliberalismo, incapaz de ofrecer perspectivas viables a la humanidad como especie.
La actual administración en cabeza del rector Jesús Rivera, que lleva más de once años en vigencia ha tenido una visión corporativista y empresarial de la universidad que ha ido plasmando en la infraestructura generando así una “esquizofrenia colectiva” donde en el mismo espacio físico habitan dos universidades, la patrimonio histórico del pueblo tolimense, conciencia crítica de la sociedad, nicho de saberes y debates intelectuales, y por otro lado la universidad al servicio del libre mercado que tiene su más clara expresión en el bloque 33, o en la biblioteca-cárcel de libros, como la llamó algún estudiante, y es esta segunda universidad la que la actual administración ha querido implantar omitiendo los procesos de construcción y diálogo con la comunidad universitaria.
La universidad del Tolima ha aumentado su población estudiantil en los últimos años desproporcionadamente en relación con las garantías de calidad académica que puede ofrecer, por ejemplo El IDEAD (instituto de educación a distancia) ha abierto programas regionales sin las garantías mínimas de prestación de una buena educación; en presencial se observa un crecimiento acelerado de los programas sin la adaptación institucional que esto conllevaría y estallan las crisis en puntos neurálgicos como el bienestar universitario y la calidad académica. Esto significa una evidente vulneración al derecho a la educación pues no hay garantías para ejercerlo. Ahí la razón de las escandalosas cifras de deserción.
Los principales males que se le ha diagnosticado a la administración actual son: impertinencia, corrupción, ineficacia, clientelismo, nepotismo, burocracia, tecnocracia, ineptitud, e Ilegalidad[i] con Mayúscula. Todos con nexos de la derruida moral institucional que desvanece no solo nuestra universidad sino todo el sistema universitario público.
La administración actúa de manera tosca y primitiva y muchos de los espacios (despachos, oficinas y dependencias) son administrados según caprichos de particulares, se desdibuja la misión, y se establecen políticas arbitrarias pasando por encima de los derechos de la comunidad universitaria; los procesos académicos, nuestra educación integral, son los grandes perjudicados mientras la universidad se convierte en un botín burocrático que aprovechan unos pocos, amparados en una normatividad amañada para hacerse los de la vista gorda orquestada desde el CSU (consejo superior universitario). Casos de esta problemática son la apertura irresponsable de programas que maneja el IDEAD y sus represivas contrataciones, los convenios millonarios con entidades mercantilizadoras de la educación, y la apertura de las oficinas de control disciplinario y la de desarrollo interno.
Las denuncias y el tufillo a ilegalidad que emana de las oficinas administrativas es inocultable y ya son más de ocho procesos judiciales no más los que afronta el señor rector por cuenta de organismos de control como el ministerio de educación, la procuraduría y la fiscalía. Suceso que no hace nada bien a la imagen de la Universidad del Tolima frente a la nación, imagen que Rivera ha querido mejorar con una millonaria suma de publicidad cancelada a la revista semana, sin embargo, la universidad del Tolima figura en el puesto 32 entre las mejores universidades del país, debajo de universidades más pequeñas como la Nacional de Palmira.
Los pecados de la administración ya toman matices preocupantes cuando el rector oculta las estadísticas del presupuesto de la Universidad y entorpece su investigación, además el último atentado contra la vida del funcionario Jancen Maecha que hace parte de la veeduría ciudadana y ha hecho graves denuncias de la actual administración, deja todavía más sabor a ilegalidad y criminalidad en las directivas de la UT.
El despilfarro del erario público ha sido norma en estos once años, donde hay gastos innecesarios, injustificables la mayoría, en celulares para la planta directiva, en refrigerios, almuerzos y alquiler de costosos lugares para sesiones del CSU, en publicidad inefectiva, y las pocas inversiones que hace se quedan en más insatisfacción general, como el altísimo pago por conexión web, que no llega a cubrir la mitad de la demanda.
Total, la razón de los estudiantes en su pretensión de una nueva administración, elegida democráticamente por la comunidad universitaria, y no por un amañado consejo superior universitario[ii] está estructuralmente ligada con su otro gran reto, que es la nueva ley de educación superior, que establece un nuevo modelo educativo y no precisamente en función de la sociedad y sus necesidades, si no del mercado y sus caprichos.
La principal preocupación para los estudiantes inconformes debe ser la garantización de la construcción de un paro y un proceso asambleario amplio y dinámico, que involucre todos los sectores de la comunidad universitaria incluso de la sociedad, que es la directamente afectada con la reforma a la ley 30. Las actividades que se planeen desde las iniciativas de los diversos programas deberán apuntar a la conformación de un movimiento estudiantil unitario, académico y juvenil en el espíritu, que sea capaz de recoger las voces de las mayorías que tuvieron siempre algo más importante que hacer en vez de ir a la asamblea, siendo que en caso que hubiera habido clase estarían en primera fila.
Notas:
[i] Informe crisis de la UT- ASPU
[ii] UNIVERSIDAD DEL TOLIMA – ACUERDONo. 104 DE 1993 – Art. 24.
El Rector es un funcionario de libre nombramiento y remoción por el Consejo Superior. Podrá ser removido mediante votación calificada de las dos terceras partes de los miembros del Consejo Superior. Cuando se presente remoción, el Rector elegido iniciará un nuevo período.
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