Antes de que lean este artículo, adjuntamos enlaces a otros artículos que tienen imágenes e información muy interesante, también de Notiagen: Performance de infarto el 7 de septiembre de 2011 en Bogotá. Registro fotográfico de la marcha por el derecho a la educación; y Varias ciudades colombianas se movilizaron el 7 de septiembre.
En varias ciudades del país, estudiantes y profesores de universidades y colegios fueron por las calles expresando su voluntad de detener el proyecto de ley de reforma a la educación y otras medidas lesivas a la comunidad educativa.
(Se cambió la cifra del número de participantes en la marcha.)
Allá llegaron, provenientes de distintos puntos de Bogotá y de otros lugares del país, estudiantes y docentes de colegios y universidades. Era la calle 26 con carrera séptima, punto donde coinciden un parque con nombre de Independencia, la plaza de toros llamada Santamaría, el Planetario Distrital y edificios más y menos altos, varios de ellos de entidades financieras. Suele ser sitio preferido para los encuentros de multitudes que caminan hacia el sur, por toda la carrera, rumbo a la Plaza de Bolívar, situada entre las calles 10 y 11 y entre las carreras 7ª y 8ª. Esta vez se mantuvo la costumbre.
Acordaron encontrarse allí a las 10 de la mañana, mientras otros grupos de marchistas, que pasarían también por ese lugar, provenían de la Universidad Nacional, de la Pedagógica, de la Distrital y de universidades privadas como la Santo Tomás de Aquino y la Javeriana. Igual que los primeros, irían a la Plaza de Bolívar.
El recorrido conjunto inició poco antes de la 11. Adelante, la Federación Colombiana de Educadores, Fecode, y la Asociación Distrital de Educadores ADE. Estudiantes de secundaria que acompañaban en el sitio de partida a estas dos organizaciones, salieron una hora más tarde delante de las voces de los universitarios.
A criterio de quienes marchaban, varias razones justificaron la organización de la jornada y la participación en ella. Por un lado, la expedición del decreto 2355 de 2009 mediante el cual se abrió la puerta a la contratación del servicio público educativo por parte de las entidades territoriales. Eso significa entregar la labor educativa bajo la figura de concesión a personas naturales y jurídicas del sector privado, algo que interpretan las personas que se manifestaban en la marcha como un paso evidente hacia la privatización de la educación, con lo que ello implica en la perspectiva del manejo de este derecho. La figura de la concesión se implementó entre 1999 y 2002 durante el gobierno del ex alcalde Enrique Peñalosa, ahora nuevamente candidato a la Alcaldía de Bogotá.
Por otra parte, explican los conocedores de la problemática, en el Distrito Capital hay intenciones de establecer la jornada única, lo que ha prendido aún más las alarmas, por las implicaciones que esto tiene. La idea, que formuló el anterior secretario de Educación de Bogotá, Carlos José Herrera, es implantar en los colegios públicos del Distrito la jornada única de 8 horas, medida inconveniente en varios sentidos: la infraestructura es insuficiente y se necesita un poco menos del doble de las instalaciones actuales para poder cumplir con la demanda, pero el Distrito no tiene los recursos para construirlas. De esta manera, como lo afirmaba el ex secretario de educación, se requeriría acudir al sector privado, para contar con su inversión y se haría bajo la figura de concesión.
Hay más situaciones adversas. Hoy los docentes tienen unas condiciones de trabajo caracterizadas por que reciben salarios más bajos que antes y la carga laboral es mayor. Y de otro lado, llega la propuesta del gobierno de Juan Manuel Santos de reformar la ley 30 de 1992, que rige actualmente la educación superior.
Estudiantes y directivas universitarias, como las de la Universidad Nacional, han criticado la propuesta gubernamental por varias razones. Por ejemplo, en uno de los artículos, la ley daba vía libre a instituciones educativas con ánimo de lucro. Este aspecto se retiró de la propuesta gracias a la presión reiterada de la comunidad académica, pero el asunto va más allá, porque la privatización y el enfoque neoliberal en el manejo de la educación hacen que esta tienda a ser cada vez más un servicio mediado por el dinero, lo que implica que deja de ser un derecho independientemente de que haya capacidad de pago de quien lo solicita. Si actualmente son cerca de 3’200.000 estudiantes los que no pueden acceder al servicio de educación pública, este número se incrementaría con ese tipo de medidas. Al tiempo, dicen las voces críticas, estimularía a los estafadores de la educación superior que ofrecerían todavía más un deficiente servicio educativo y títulos. Las universidades públicas han denunciado una situación que hace inviable la posibilidad de cubrir los requerimientos de la sociedad y obligaría a la venta de servicios, otra estrategia que privatiza.
La iniciativa de modificar la Ley de la educación superior sigue latente y si bien el gobierno ha retirado uno de los artículos de mayor controversia, el relativo al ánimo de lucro, el conflicto persiste con los otros 163 artículos que la componen.
Aunque se está argumentando la inconveniencia de la reforma a la ley que rige actualmente la educación, dicen las personas que exigen mejores condiciones para el ejercicio del derecho que eso no significa un respaldo total a esa ley 30 de 1992, pues esta ha introducido procesos de autofinanciación con los que el Estado se ha venido excusando para desentenderse de su obligación de financiar la educación.
«La salud y la educación son un derecho no una mercancía»…
… es la consigna con la que docentes de colegios públicos invitan a la jornada de protesta. Sus demandas, además del derecho a la educación y el respeto a la jornada laboral, incluyen reclamos sobre la prestación de un servicio de salud digno y eficiente; actualmente los docentes están cobijados por un régimen especial que defienden, ante la posibilidad de que los obliguen a integrarse al que determina la ley 100 de 1993. No obstante, los prestadores actuales del servicio de salud docente son deficientes, los abusos son incontables, no se otorgan consultas médicas, se niegan medicamentos, hay negligencia en la autorización de citas para especialistas y exámenes específicos.
Su predilección por la actual forma de obtener el servicio de salud obedece, dicen los y las docentes, a que este régimen común de salud es altamente cuestionado en Colombia por el maltrato a los usuarios y el ánimo de lucro exacerbado de empresas prestadoras del servicio de salud EPS y los abusos que estas cometen.
Es así que los marchantes señalan que en el avance del neoliberalismo los derechos básicos son negados y entre estos, la salud y la educación son los más manoseados, y por supuesto, la vida, la ciencia y el conocimiento son relegados, mientras que en contraste se entrega más presupuesto y con ello se da preferencia a la guerra a un país cansado de la muerte y la ignorancia.
Por último, recuerdan las personas movilizadas que este problema atañe también a otros países. Chile ha protagonizado por estos días la resistencia social en defensa de la educación pública de calidad, un derecho que ha sido negado de manera sistemática y que se ha profundizado en el gobierno del presidente Piñera.
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