Docentes y personal administrativo se unieron a la marcha protesta de estudiantes de la Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar, que piden a la Asamblea una ordenanza revivir la estampilla Procultura, que genera recursos básicos para el sostenimiento de la institución.
La ordenanza inicial fue anulada tras la demanda que hizo de la misma el Consejo Gremial de Bolívar, por considerar que iba en contra de las leyes, dado que la Asamblea Departamental se abrogó facultades del Congreso de la República, lo que le está prohibido. El impuesto lo había 'tumbado' el Tribunal Administrativo de Bolívar recientemente, junto a otra estampilla, la Pro Hospital. Él tribunal le dio la razón a los empresarios de la región que señalaban que ambas estampillas cobraban sobre actividades que ya eran gravadas en otros impuestos, como el de Industria y Comercio.
Para estudiantes y docentes, la nulidad de la estampilla Procultura pone al borde del cierre a la institución y por ello califican al gremio del sector productivo local como “sepultureros naturales del gremio cultural y de la salud del Departamento”.
Según directivos de la institución, dirigida por Sacra David Náder, serían aproximadamente 3.000 jóvenes del Departamento de Bolívar los que se verían afectado sin la institución cierra sus puertas.
Durante la marcha de protesta, los asistentes hicieron un llamado a los egresados de la Institución, a los gestores culturales, a los artistas del Departamento y a todas aquellas personas que consideran como suya esa institución para que acompañen cívica y culturalmente la protesta, la cual se extenderá hasta tanto la Asamblea remedie la situación con otra ordenanza.
La Gobernación de Bolívar volvió a presentar un proyecto de ordenanza para revivir las estampillas que consideran fundamentales para la financiación del Instituto de Bellas Artes y del Hospital Universitario del Caribe.
El secretario de Hacienda del departamento, William Valderrama, señaló que el nuevo proyecto no gravará los ingresos, sino los trámites y contratos que deben hacer las empresas y particulares con las dependencias de la Gobernación y los municipios.
El Consejo Gremial dijo en ese entonces que "ni el Gobierno puede insistir en su cobro ni mucho menos intentar revivir el acto declarado nulo, pues lo uno y lo otro implica un claro agravio a la ley que prohíbe que ello así suceda sin perjuicio de incurrir en faltas contra el régimen disciplinario y penal".
La situación sigue en suspenso.
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