El Tiempo

El proyecto de ley de educación superior no atiende lo que la Constitución prevé para el Estado.

La discusión sobre el proyecto de ley de educación superior llama la atención de la sociedad colombiana sobre asuntos de importancia fundamental. En un comunicado del Ministerio de Educación Nacional del 11 de julio hay dos afirmaciones que en mi parecer están en el corazón de las divergencias planteadas.

La primera es que "la ley propuesta no pretende resolver el problema de financiamiento de la educación pública, sino solo contribuir parcialmente a su solución". Entonces, ¿quién lo resuelve y cuándo? Nadie pretende que les asegure "todo" a las universidades estatales. Esta ley, que reemplaza a otra que duró 19 años, debe generar al menos un modelo realista que asegure un financiamiento básico y que corrija los problemas detectados.

La segunda afirmación, relacionada con la anterior, es que la Constitución dice que la educación de los jóvenes colombianos es obligación de la familia, la sociedad y el Estado, no exclusivamente de este. Acá uno tiene que tratar de entender qué quiso decir la Constitución con eso. Seguro no pretendía una división aritmética simple sino que más bien concebía tareas específicas y complementarias para los tres.

La familia en Colombia ha asumido con creces su obligación en la educación superior. Más de la mitad de los estudiantes pagan los costos de sus estudios, bien sea directamente (la gran mayoría) o por medio de préstamos que tendrán que devolver. No creo que el espíritu de la Constitución haya sido llevar esa obligación a extremos aberrantes como el de las familias que gastan más del 60 por ciento de sus ingresos en matrículas, o de las que se unen para sacar adelante a uno solo de sus hijos entre todos, o a que se gaste en educación de los hijos en Colombia proporcionalmente varias veces más de lo que gastan las familias ricas de la Ocde (organización de 34 países con economías fuertes y especialmente comprometidos con la educación y la ciencia), o a que el esfuerzo se transfiera a la futura familia del estudiante, restándole posibilidades de avanzar en posgrado y de ahorrar para pagar los estudios de sus hijos. Pero, en ese sentido, la Constitución está bien servida, la familia participa.

El papel de la sociedad es menos claro si se separa del de la familia. Puedo suponer que se trata de apoyos altruistas, o de participación de empresas con objetos diferentes al de la educación. Se ha dado en alguna forma. Ha habido casos excepcionales de donaciones y becas, pero esto no modifica sustancialmente el panorama. No parece, analizando la realidad colombiana, que esa situación vaya a cambiar tan rápidamente como para constituirse en parte de la solución del problema.

Finalmente, debemos preguntarnos cuáles son los papeles específicos que la Constitución prevé para el Estado. El primero, atender las necesidades educativas de jóvenes capaces y deseosos de estudiar, pero que no pueden recibir apoyo de sus familias porque no tienen con qué. De eso se deriva un deber de calidad; el Estado debe (si quiere reducir las enormes brechas sociales) ofrecer oportunidades de altísima calidad al menos equivalentes a las que pueden comprar familias con buenos recursos. Proyectar la educación superior como motor de desarrollo económico, social, científico y cultural. Tratar de llevar a las instituciones colombianas (públicas y privadas) a los más altos niveles de competitividad internacional. Invertir con seriedad para que las universidades regionales progresen en calidad y tamaño de su oferta. Generar una política de formación y mantenimiento de un cuerpo de educadores del más alto nivel académico.

Esas tareas no pueden ser asumidas ni por la familia ni por la sociedad. El proyecto de ley presentado no las atiende. Al contrario, da la impresión de una delegación en agentes inciertos. Reconozco que se puede renunciar a los derechos o a los privilegios, pero no entiendo que se pueda renunciar a las obligaciones.