La idea hace parte de las varias que, a propósito de la reforma a la Ley 30 que llevará el MEN al Congreso, realiza Alberto Uribe Correa, rector de la Universidad de Antioquia, quien ratificar que no hay consenso al respecto entre el Gobierno y los rectores universitarios, y que ahora comenzarán a hacer lobby con lso congresistas para tratar de hacer una reforma "más civilizada y democrática posible". El siguiente es el texto de la entrevista publicada por el portal de la Universidad de Antioquia.
En diálogo con los medios que integran el Sistema de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia el rector de la Institución, Alberto Uribe Correa, hizo un análisis de la propuesta de reforma a la Ley 30 de 1992 que presenta el Gobierno Nacional, así como los principios y observaciones a la misma ley de las universidades públicas reunidas en la Asociación Colombiana de Universidades, Ascun.
De igual manera, el directivo hizo énfasis en que en el tema de regionalización la Universidad es pionera y ha crecido en un alto porcentaje, y según la propuesta de reforma en este caso es un tema en el que se empieza a medir a todos por igual.
Alberto González Mascarozf, coordinador del Departamento de Información y Prensa de la Universidad, entrevista al directivo universitario en nombre de los medios de comunicación institucionales.
¿Por qué es necesaria en este momento una reforma a la educación superior en Colombia?
La Ley 30, que regula la educación superior en el país, es de 1992, es una norma que ha cumplido una labor muy importante en cobertura, calidad, en organización del Sistema de Educación Superior del país, tanto público como privado; pero el mundo ha cambiado y al ser el conocimiento el fundamento para el desarrollo, para el crecimiento económico y para el bienestar de las personas se requiere de una ley que organice la educación superior en Colombia y que esté acorde con la realidad de la Universidad actual.
¿Qué tipo de ley necesita un país como Colombia?
El Gobierno inicialmente presenta una propuesta muy desafortunada, una ley muy extensa, sin embargo desde el Ministerio de Educación ha existido una apertura a escuchar sugerencias para tener esa ley que tanto necesita el país.
ASCUN presentó una ley estatutaria en la parte de autonomía que es la esencia viva de la Universidad, el Sistema Universitario Estatal, SUE, creó unas comisiones responsables de dar respuesta a unas necesidades sentidas en autonomía, financiación, calidad e investigación, y la comunidad académica presentó sus puntos de vista acerca de la propuesta; todo esto ha enriquecido el debate y hemos logrado construir una propuesta que fue entregada al Gobierno Nacional recientemente.
¿En el nuevo texto de reforma qué tanto ha acogido el Gobierno las propuestas que han surgido en el seno de las universidades? Hay algo que está claro y es que hemos coincidido en que debe haber una nueva ley de educación superior, pero ¿cuál debe ser el contenido de esa nueva ley?
El Gobierno ha acogido marginalmente las propuestas concretas que se han hecho, tanto desde ASCUN, como desde el SUE, y que incluyen importantes diferencias en los siguientes aspectos: autonomía, financiación, incremento del IPC, (índice de precios al consumidor) más tres puntos y calidad.
En lo que respecta a la financiación estamos lejos de lograr lo que necesita la educación superior en Colombia, y hemos planteado al Gobierno Nacional nuestros argumentos con mucha veracidad.
La interpretación de los artículos 86 y 87 que hizo el Gobierno lleva a un déficit presupuestal importante para el SUE, un déficit cercano a los 700 mil millones de pesos. Como universidades no vamos a reclamar esos 700 mil millones pero sí proponemos que sea el IPC más tres puntos.
Debe haber un equilibrio en cuanto a los porcentajes de los aportes: 50% universidades, 50% el gobierno. Preocupa que el Gobierno incremente sólo lo del IPC porque la canasta de la educación superior sube mucho y los costos son bastante altos.
El Gobierno va a entregar recursos a partir de indicadores, entre ellos figura la ampliación de cobertura. ¿Qué va a hacer la Universidad de Antioquia?
No sólo a partir de la ampliación de cobertura, pues la regionalización aparece como un indicador o como un factor de equidad y de desarrollo, y es algo que compartimos, pero instituciones como la nuestra que es modelo para el país en ese campo vamos a recibir muy poco.
La Universidad de Antioquia ha hecho un gran esfuerzo en las regiones, allí tenemos más de 5.600 estudiantes y queremos recuperar recursos a través de ese 50% más esos tres puntos en el IPC y no quedar en desventaja, con respecto a otras instituciones que van a empezar apenas su proceso de regionalización, y a las cuales se les darán más recursos.
En el campo investigativo, ¿cómo va a ser esa asignación de recursos prevista a partir de la nueva Ley de Regalías?
Queremos que en esta nueva ley quede claramente que el Alma Máter de los antioqueños es una universidad investigadora, de las que tanto necesita el país.
La SIU es un referente regional, nacional e internacional, un esfuerzo particular de la Universidad de Antioquia, habitan en ella unas 2.700 personas de ellas 1.700 estudiantes de pregrado, de maestría y de doctorado; que tanto necesita el país para que en esa economía del conocimiento jalonen desarrollo. Pero esta infraestructura ya se nos hizo pequeña tenemos que seguir creciendo.
Y para promover el crecimiento de la investigación en el país es que el Gobierno Nacional quiere que con una ley sancionada sobre las regalías un 10% vaya a ciencia, tecnología e innovación.
¿Qué propuestas concretas le han hecho al gobierno nacional en el tema de la financiación?
Proponemos el IPC más tres puntos a partir de la aprobación del proyecto, un 50% que se incorpore a las universidades y un 50% para que el Ministerio implemente su política de educación superior de acuerdo con su Plan de Desarrollo.
En lo que respecta a los servicios públicos, que los municipios donde las instituciones cumplen con su quehacer misional se les dé un tratamiento especial. Por ejemplo, la Universidad de Antioquia está exenta del pago del impuesto predial en Medellín y en algunas de las regiones donde tenemos sede, pero hay instituciones ubicadas en otras ciudades del país que no gozan de estos privilegios.
¿Por qué la universidad pública defiende tanto el concepto de autonomía universitaria?
La esencia desde la creación de la Universidad, no sóolo de la pública, es la autonomía y no podemos estar a los vaivenes de los gobiernos. La Universidad debe ser autónoma desde lo administrativo, financiero y sobre todo desde lo académico.
Hay gran apertura del gobierno en este tema pero no queda plasmado en la ley. Se está estudiando si puede ser o no a través de una ley estatutaria, como la presentada por los rectores del SUE y ASCUN. Parece que hay diferencias entre lo que piensa ASCUN y lo que piensa el Gobierno Nacional.
En el aspecto de las tipologías ¿qué es, entonces, una institución privada, pública, y sin ánimo de lucro?
En esta nueva ley todos somos instituciones de educación superior, y nosotros no compartimos esa tipología porque no es lo mismo instituciones con un gran desarrollo en investigación, en recurso humano, en ciencia y extensión que instituciones técnicas y tecnológicas que tienen toda la vigencia y el respaldo del sistema pero que tienen un carácter misional diferente. Van a poner a estas instituciones a que tengan maestrías y doctorados desviándose de su verdadera misión.
La universidad abarca la generación del conocimiento, las instituciones técnicas y tecnológicas tienen un quehacer particular de aplicar el conocimiento al desarrollo.
En cuanto a las universidades con ánimo de lucro, el Gobierno piensa que esta es una solución a la ampliación de cobertura, pero se está sacrificando la calidad en contra de programas como los de las áreas básicas, además se tiene la dificultad de la vigilancia y control de esas instituciones.
¿Usted considera que el Gobierno sí tiene la vocación de privatizar la universidad pública?
Yo no creo. No soy tan radical, ni creo que porque hayan universidades con ánimo de lucro se vaya a privatizar la universidad pública. Lo que pasa es que no se va a contribuir es con la esencia de la educación superior que es la calidad.
Nos ponen de modelo a Brasil, a Estados Unidos o a China y es equivocado el modelo que nos ponen, cuando allá hay universidades públicas de primer orden, el gobierno sí permitió esto pero primero inyecto un gran capital, viró su sistema universitario hacia las estatales y las puso en los primeros lugares en calidad, en desarrollo, en investigación, en relacionamiento. Y no es lo que vemos en el proyecto que propone el Gobierno Nacional.
¿Qué contempla el proyecto con respecto al bienestar estudiantil?
Esta es una de las partes que ha atendido el Gobierno, incorporando en su propuesta que se destine el 2% del presupuesto de las universidades al bienestar. No puede haber desarrollo si no hay un soporte importante en lo que tiene que ver con el bienestar estudiantil.
El hecho de incentivar los préstamos a los estudiantes, ¿no cree usted que es una forma del Gobierno irse desprendiendo de su responsabilidad de financiación?
Una parte fundamental y que es loable de la reforma es corregir la deserción, la que provenga de factores o de problemas económicos, la misma que se pretende corregir a través de créditos para la manutención. Porque el problema en el SUE por su estructura de matrículas, no es el valor de la inscripción para el estudiante el problema de manutención es el que en muchos casos lo lleva a desertar.
En el aspecto organizacional ¿en el proyecto de reforma presentado se mantienen los Consejos Académicos?
Sí, esa es otra parte que acata el Gobierno que no estaba en el borrador. Mantiene la estructura de la Ley 30, les da más fortalece de la que tenían. Ya es de ley que los consejos académicos son el máximo organismo en lo académico de las instituciones de educación superior.
¿Qué le critica a los Consejos Académicos? ¿Demasiado numerosos y paquidérmicos?
Son organismos pesados por el número de integrantes, pero yo rescato son fundamentales porque allí se reúne la academia por la academia y para la academia, lo cual hay que sostener. Considero que deben hacerse algunos cambios en su agilidad pero en ningún momento son un obstáculo para la vida académica.
¿Y los consejos superiores si son representativos?
Considero que ahí faltan otras organizaciones sociales como padres de familia, acciones comunales, entre otros.
¿Qué tanto aportaría este proyecto a la gobernabilidad y a la convivencia de las universidades públicas?
Las universidades que cuentan con unos presupuestos adecuados para cumplir con su desarrollo misional pueden estar tranquilas, ya que este factor es lo que más deteriora el ambiente dentro de las universidades. Sin embargo, hay motivos ajenos a la Universidad de índole político o gremial que también deterioran el ambiente universitario, sobre todo en las universidades públicas, que no estarían contemplados en este, ni en ningún proyecto de ley, porque lo que buscan estos movimientos es el poder general del Estado y de la Universidad.
¿Qué estrategias tienen Ascun y el SUE para incidir positivamente sobre los políticos, luego de haber debatido ampliamente la propuesta en los universidades?
Tanto el Gobierno como el Ministerio de Educación coincidieron que esta ley sería lo más concertada posible para evitar traumatismos en su curso en el Congreso de la República, infortunadamente eso no es lo que vemos en el último texto que se nos entregó.
Ahora viene el lobby que hay que hacer y que estamos dispuestos a hacer en el Congreso de la República, ojalá lo hagamos en la forma más civilizada y democrática posible.
El Consejo Nacional de Educación Superior, CESU, nombró una comisión asesora del Ministerio para acompañar la propuesta en su tránsito por el Congreso. Dicha comisión está integrada por los rectores de las universidades: Nacional, de Antioquia y algunos representantes de universidades privadas; de docentes, de estudiantes y gremios económicos.
La UdeA ha tenido un gran desarrollo en la relación con el sector empresarial, así como con los políticos ya que periódicamente se le están presentando los logros de la Universidad a los congresistas, diputados y a los concejales de los diferentes municipios donde está la Institución.
Sí, tengo que hacer un reconocimiento a los congresistas del departamento de Antioquia que siempre han apoyado a la Universidad. Igualmente a la Asamblea de Antioquia, al Concejo de Medellín y a los concejos de los diferentes municipios que hemos asistido que siempre han estado muy atentos a colaborar, y a apoyarnos.
En el reciente Consejo Académico, que sesionó en el suroeste antioqueño, contó con la participación de varios alcaldes, tuvimos la oportunidad de insistir acerca de la reforma a la Ley 30 y hay total respaldo a las universidades públicas en este propósito.
¿No cree usted que en este Consejo Académico que se realizó en el Suroeste se hace realidad de que la Universidad es un proyecto de construcción colectiva?
Sí, es una vocación natural del suroeste, donde el sector cafetero es muy comprometido, ellos han hecho grandes aportes que nos han permitido acompañar a los estudiantes del sector rural por más de cinco años.
Es un modelo que el Ministerio ha copiado para el país, con una experiencia única de acompañamiento a 65 estudiantes ya van adelante en su proceso de formación y que ninguno se ha retirado, cero deserción.
Este tema lo menciono porque da la impresión de que el Ministerio plantea el relacionamiento con el sector productivo y otros sectores como algo novedoso cuando instituciones como la UdeA lo viene haciendo desde hace mucho tiempo.
Sí, eso se le ha dicho al sector productivo y académico y la Ministra lo tiene muy claro. No hay que hacer una ley para hacer ese relacionamiento. Con la Ley 30 ha existido y se ha fortalecido ese relacionamiento. De lo que sí estamos seguros es que a través de este modelo no se va a financiar la universidad pública como posiblemente lo piensa ella.
¿Qué le diría usted a los honorables parlamentarios que van a encarar esta discusión, en aspectos fundamentales para un futuro halagüeño para la educación superior pública en Colombia?
Que van a tener en sus manos la posibilidad de de entregarle al país un extraordinario proyecto en educación superior, el cual es una necesidad sentida para el desarrollo, para la equidad, para la inclusión y para la búsqueda de la paz que tanto quiere y requiere Colombia.
Que tienen la oportunidad –ya lo hicieron en la reforma a la Constitución en la parte de las regalías–, de incluir en la ley las universidades de investigación, como un factor fundamental para el desarrollo regional y nacional.
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