Comunicado APUN - Medellín sobre propuesta de reforma a la ley 30

EL NUEVO PROYECTO QUE REEMPLAZA  A LA LEY 30 DE 1992 (LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR) PRESENTADO POR  EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL,  NO SATISFACE A LA COMUNIDAD  UNIVERSITARIA.

En el mes de marzo la Ministra de Educación presentó públicamente un proyecto para reemplazar la Ley 30 de 1992 o Ley de Educación Superior, y abrió un espacio de discusión al respecto, el cual despertó serias preocupaciones en el sector universitario y se dio una gran movilización estudiantil  en Bogotá como rechazo a dicho proyecto.  Por su parte, los rectores del Sistema Universitario Estatal (SUE) y las organizaciones gremiales de los profesores y estudiantes, expresaron profundos desacuerdos relacionados con elementos allí consignados, tales como: 1.  No expresar explícitamente que la educación es un derecho fundamental, tal como lo consagra la Constitución Colombiana sino como un servicio público cultural. 2. Introducir la categoría de universidades con ánimo de lucro, al definir que estas “serán públicas, privadas o mixtas.” 3. No reconocer el déficit acumulado por el sistema universitario en los últimos años debido al esfuerzo que han hecho las universidades para atender la presión y requerimientos de la política educativa gubernamental al incrementar la cobertura, mejorar infraestructura, atender exigencias legales para los docentes, déficit que asciende aproximadamente a un billón de pesos.  Obliga conocer que, con relación a la propuesta de financiación para atender las nuevas exigencias del crecimiento en la cobertura (pasar de un 36% a un 52% antes de 2019), los rectores consideran que con los recursos ofrecidos se podría llegar a atender un crecimiento no superior a un 15% de lo pretendido por el Gobierno central y que al momento algunas universidades se encuentran al borde de la inviabilidad económica al haber querido cumplir con el crecimiento que el Ministerio de Educación solicitó, en la gestión que adelantó la Ministra de Educación Cecilia María Vélez W. 4. Notoria violación al principio constitucional de la autonomía universitaria, razón por la cual ASCÚN se dio a la tarea de estructurar un proyecto de Ley Estatutaria al respecto, que será presentado al Congreso de la República a pesar de la inconformidad sobre el asunto expresada por el Ministerio de Educación. 5. Desacuerdo en relación con la concepción que tiene el Gobierno Nacional en el tema de la inspección y vigilancia que debe ejercer, llegándose al punto de considerar esta propuesta, más como un reglamento policivo.

Ante las críticas surgidas y con la intención de socializar y de convencer acerca de las “bondades” de la propuesta, el Ministerio de Educación generó una serie de espacios para responder al debate de la sociedad en general y recoger las observaciones.  El balance que se puede hacer es que fue muy escaso lo que la Ministra de Educación recogió e introdujo en la nueva propuesta, tal como lo expresa el Rector Moisés Wasserman en su comunicado del 6 de julio de 2011, y según las manifestaciones del Representante Profesoral en el Consejo de la Educación Superior (CESU) y de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios (ASPU), luego de dos reuniones para presentarle al Ministerio una propuesta de modificaciones a algunos de los articulados del proyecto que reemplaza la mencionada ley.  El resultado de la discusión, es la presentación el día 15 de julio de 2011, de la propuesta que según el Ministerio de Educación recoge el debate y se presenta por el Presidente de la República al Congreso en la instalación de la legislatura que empezó el 20 de julio del año en curso.

Dentro de esa escasez se nota una actitud poco comprometida, tal es el caso de reconocer que la educación es un derecho y no un derecho fundamental en el primer artículo de la nueva propuesta y a renglón seguido: “…un bien público basado en el mérito y la vocación, y un servicio público inherente a la finalidad social del estado.”1 El resto del articulado se dedica al desarrollo y regulación de la educación como servicio (mercancía).  Además, se nota una incongruencia cuando insiste en el esquema de la financiación a la demanda antes que a la oferta, fortaleciendo el sistema de crédito educativo a través de ICETEX, que en últimas servirá para propiciar el endeudamiento de los estudiantes provenientes de los estratos sociales bajos para que busquen las universidades privadas con o sin ánimo de lucro, con ejemplos destacables, como el que se manifiesta con relación a la situación del estudiantado chileno, cuyo modelo se exhibe por el Ministerio de  Educación  y de lo que se da cuenta en: “la entrevista publicada en EL TIEMPO (27 de julio2011) a Francisco Figueroa vicepresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech). El afán de lucro adoptado desde la época de la dictadura ha llevado al abandono y la postración a las universidades del Estado, que reciben apenas el 10% de recursos oficiales y deben conseguir el 90% restante con venta de servicios y elevadas tasas de matrícula, manejada con créditos que los estudiantes no pueden pagar después del grado, pues no consiguen empleo o reciben salarios irrisorios que no alcanzan para cubrir las deudas, contraídas con el soporte hipotecario de los bienes de su familia…” 2 Con relación a la autonomía universitaria manifiesta reconocerla, no obstante mantiene su presencia mayoritaria en los Consejos Superiores Universitarios, lo que constituye una situación inconstitucional y de injerencia en las decisiones que puedan ser asumidas.  Frente al tema que más escozor ha generado, como lo es la presencia de universidades con ánimo de lucro en el territorio nacional, el Gobierno Nacional no cedió en absoluto y, en torno a la financiación, mantuvo su oferta de un incremento del presupuesto del 3% más IPC, sin ir a la base presupuestal, hasta 2014, cuya distribución entre las universidades del sistema estará atada a los tradicionales indicadores donde prevalece el incremento de cupos.  Situación que no resuelve el déficit estructural denunciado por los rectores a través de ASCÚN y del SUE.

Lo mencionado solo es una parte de la gran cantidad de consideraciones que están por hacerse. Así las cosas, se puede afirmar que la contradicción entre el Gobierno Nacional (Ministerio de Educación Nacional – Presidente de la república), la comunidad universitaria y amplios sectores de la sociedad, sobre la ley que reemplazará a la Ley 30 de 1992, no se ha resuelto y que por lo tanto se hace imperioso mantener erguida la postura de defensa de la educación pública superior, exigiendo los recursos económicos necesarios para incrementar el número de personas que puedan acceder a ese derecho fundamental, mejorar sustancialmente la infraestructura existente, velar por fortalecer la autonomía universitaria como elemento esencial de su existencia y propender por una excelente calidad donde se dé un verdadero equilibrio entre el hacer, el saber y el ser, donde se reconozca que la universidad debe formar seres humanos y no producir mercancías, tal como se pretende con la formación basada en competencias, concepto más de tipo empresarial que pedagógico.

Desde la Junta Directiva de la Asociación de Profesores de la Universidad Nacional de Colombia Sede de Medellín -APÚN MEDELLÍN-, queremos hacer un llamado a que se preste la máxima atención al tema, y se atienda y profundice el debate que debe darse a la propuesta.  Urge el análisis del futuro de la Universidad Nacional en el nuevo contexto planteado y llamamos a los profesores a que identifiquen cuál será su situación en el nuevo entorno y si ello responde a sus expectativas de pertenecer a una universidad de investigación a la que se consideran vinculados.  Requerimos el acompañamiento que debe darse a la movilización civilizada que debe expresar el rechazo a la intención de acabar con la universidad pública y con el Derecho fundamental de la Educación.

JUNTA DIRECTIVA

ASOCIACIÓN DE PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE DE MEDELLÍN -APÚN MEDELLÍN-

Medellín, agosto 10 de 2011.

1. Artículo 1 proyecto de Ley: “por el cual se organiza el Sistema Nacional de Educación Superior y se regula la prestación del servicio público de la educación superior.” Versión del 15 de julio de 2011 del MEN.

2. Comunicado COMITÉ OPERATIVO MULTIESTAMENTARIA NACIONAL  julio de 2011.