Chile profundo hoy: Educación, economía, lucha de clases y trabajo

El Ciudadano

El profesor Manuel Cornejo Vilches, autor de ‘Acumulación de Capital en Chile: crisis y desarrollo, últimos 40 años‘, ahora elaboró un nuevo trabajo que combina las actuales relaciones de fuerza entre capital y trabajo, la coyuntura marcada por el movimiento estudiantil por la recuperación de la Educación Pública, y un análisis de clases. Una labor titánica demandada por las propias fuerzas sociales que en la actualidad sacuden el país más austral del mundo.

-¿Cómo caracterizarías el actual período de lucha de clases en Chile?

-La lucha de clases es la expresión total de la contradicción y tensión entre capital y trabajo. De este modo, necesariamente la lucha de clases hay que entenderla como una guerra de clases. Esto si atendemos y recogemos el concepto de guerra de Clausewitz, de derrotar la voluntad de lucha del enemigo, sometiéndolo al servicio de intereses que no le son propios. Por consiguiente podemos afirmar que la clases de los asalariados y explotados del mundo han conocido una duradera y  amarga derrota a partir del golpe de Estado en Chile el 73, y vivida en plenitud en los ochenta, noventa y en el primer decenio del siglo XXI. De aquí deriva por tanto el carácter del Estado, a saber, un órgano de dominación al servicio de la clase que rompe la resistencia de las demás clases sociales.

-¿Qué pasa con las fuerzas del trabajo y las crisis propias del capitalismo?

-En este sentido, durante las crisis económicas cualquier movimiento del capital acarreará al movimiento del trabajo. A su vez, durante un período pre-revolucionario, es el trabajo el que toma la iniciativa del movimiento histórico provocando la reacción del capital. Dado los supuestos anteriores se puede afirmar que la severa crisis económica del segundo lustro de los noventa, amortiguada y resistida por el imperialismo durante una década, hoy se expresa con una violencia directamente proporcional a  los esfuerzos para contenerla. Y eso que todavía no conocemos la cara más cruel y terrible de la crisis, pues el imperialismo nos depara hartas sorpresas. Por consiguiente, la lucha de clases a escala planetaria y local vive un momento de ascenso que no tendrá una salida revolucionaria en el corto plazo, pero que será escenario de violentos enfrentamientos globales y locales entre las dos clases sociales fundamentales de la sociedad. Este ascenso se explica por el reacomodo del capital y por consiguiente por el reacondicionamiento y reordenamiento de la burguesía y su hegemonía. En este contexto, como clase asalariada y explotada debemos ver en el actual período una gran oportunidad histórica para, por un lado, apropiarnos de las experiencias pasadas de lucha de clases con el mejor y más atento sentido de síntesis y, por otro, reestrenar, reformular, implementar, experimentar y aplicar, sin vacilaciones ni distracciones, todas las armas de la lucha ideológica, política y social posible, pues la eventual salida revolucionaria de la siguiente etapa de la lucha de clases no provendrá del derrumbe del sistema capitalista en un sentido “bíblico y celestial prometido por Dios”, sino que dependerá fundamentalmente de lo que las masas y los cuadros revolucionarios aprendan en organización, destreza y convicción ideológica durante el presente período. Esto necesariamente es así, porque como diría Marx y Rosa Luxemburgo: “Los seres humanos no hacen su historia libremente. Pero la hacen ellos mismos”. Debemos ser más disciplinados, flexibles, visionarios, organizados, conscientes e implacables que nuestro contendor, que ya nos lleva varias dolorosas victorias de ventaja.  Sin la voluntad consciente y la acción consciente de la mayoría de los explotados no podremos triunfar.

LOS ESTUDIANTES Y LA EDUCACIÓN

-¿Qué valoración le ofreces al movimiento estudiantil y a su demanda central de Educación gratuita y estatal?

-Quizás el aporte más importante del actual movimiento estudiantil tiene relación con dos hechos políticos trascendentales. Por un lado, han sacado a las masas a la calle, las que han aprendido en cosa de horas que sin ocupar el espacio público, sin protestar, sin organizarse, sin consigna, sin política es imposible hacerse escuchar. Y por la otra, con su exigencia se ha ido logrando traspasar el velo ideológico burgués y ver el real monstruo que existe tras la cortina publicitaria estatal. Ambos logros hubiesen sido imposibles sin la acumulación de las prácticas del antiguo movimiento popular: masas en las calles, demanda política, la protesta como instrumento, etc. De paso, todos los sumo sacerdotes y garúes de la “ciudadanización” de la política vieron que su apuesta quedó en bancarrota, pues existen cientos y quizás miles de organizaciones de ciudadanos, pero ninguna, ni una sola se ha acercado siquiera a los logros alcanzados por el actual empinamiento de masas.

-¿Cómo desarrollas la crítica a la ciudadanización de la lucha?

-Toda su panacea referente a las nuevas formas ciudadanas, pequeños grupos organizados jurídicamente, apolíticos y desideologizados, se esfumaron. Se acabó la ilusión.

-¿Y el propio movimiento estudiantil?

-Creo que el movimiento estudiantil es parte de un ascenso de la movilización social con la subsecuente apertura de una nueva etapa en la lucha de clases. Aquí es importante recalcar que, si bien es cierto que las presentes luchas están animadas por reivindicaciones económicas, dichas demandas se inscriben en un proceso general de construcción de conciencia política de los explotados. La densidad y profundidad de esa conciencia política reside fundamentalmente en la capacidad de ligar las luchas económicas inmediatas con la lucha de clases general. Es finalmente en el campo de la lucha política de las clases donde podremos definir las garantías históricas que tendrán las clases asalariada y explotada para resguardar sus conquistas sociales. De no hacer este ejercicio, estaremos abonando el terreno histórico para la aparición de nuevas formas de caudillismo y fascismo.

-¿Por qué?

-Porque la transformación del modelo educacional requiere la modificación del aparataje jurídico de la sociedad, el que descansa a su vez sobre la estructura productiva y económica. Por lo tanto, la clave en la modificación radical de la superestructura jurídica e ideológica reivindica sin ambigüedad un cambio radical en las relaciones sociales de producción y en la estructura productiva. Cualquier cambio que se haga a nivel superestructural sin una modificación sustancial a nivel productivo, no es más que una estrategia de cambios aparentes que perpetúan la tradición. En consecuencia, respecto de si la educación puede o no ser estatal, depende de qué clase social responda y con qué intereses lo haga. Es decir, lo fundamental es quién determina lo que es posible y que no lo es.

-¿Cómo se asocia la lucha de clases con las reivindicaciones de los estudiantes?

-Ligar la demanda estudiantil con la lucha de clases exige estudiar  la estructura económica nacional, identificando las clases sociales existentes en el país, su aporte específico en la creación de valor y las cuotas de plusvalía que explican la expansión de la burguesía chilena y la enorme explotación a la que están sometidos los trabajadores asalariados y cuentapropistas. Es esta la contradicción sustantiva que explica el renovado empuje del actual momento de lucha de clases. La consideración teórica anterior es la base para poder entender que lo posible y necesario depende de la capacidad de romper con el envoltorio ideológico del Estado y la sociedad. Esta condición sólo puede hacerse mediante un profundo y duradero cambio político ejecutado por una clase social. En esta línea se pueden sustentar dos ideas políticas fundamentales para el conflicto estudiantil: a) el problema actual no pasa por el tipo de logro o demanda social enarbolada o lograda por los sujetos sociales, sino más bien por la perspectiva estratégica que se le confiere a la lucha social. Dicho de otro modo, ¿cómo garantizar políticamente que los eventuales logros o conquistas se mantengan en el tiempo y no sean abolidos por la autoridad?; y b) El problema de la educación es una lucha indirecta que enfrenta a futuros trabajadores con el capital.

-¿Qué significa ello?

-Hay que precisar y reflexionar, ¿acaso los nazis no tenían educación estatal, pública, gratuita y de calidad?, ¿acaso países como Argentina o Francia no tienen educación estatal, pública y de calidad? En ambos casos ha existido educación estatal, pero en ambos casos los explotados no han tenido ninguna relevancia política e ideológica en la conducción estatal. La pregunta es importante porque no se puede exigir tener una educación estatal y permitir que sea la misma burguesía quien dirija. En otras palabras, no tiene sentido reclamar sobre el financiamiento, sin exigir simultáneamente el control político. Con una educación estatal en manos de la burguesía, ¿acaso finalizaría la explotación sobre los asalariados, dejaría de tener carácter de clase el actual Estado, se terminaría la depredación de los recursos naturales, dejaríamos de ser un eslabón del imperialismo, disminuirían los actuales niveles de endeudamiento, y sobre todo, los asalariados tendríamos mayor poder político?  Sin que ese Estado sea mandatado y conducido políticamente por la clase de los asalariados y explotados no existe ningún avance, porque ¿al servicio de quién estaría la universidad?, ¿quién determinaría su proyecto, financiamiento, carreras, planes de estudio? Bajo ningún contexto puede ser la misma clase social que ha creado y manejado el actual sistema.

-También se ha planteado la demanda de Asamblea Constituyente…

-Tal como hay que develar el carácter de clase del Estado precisando el componente político de la demanda estudiantil, hay que cuestionar y precisar otra arista que dice relación con el llamado a crear una Asamblea Constituyente para hacer una nueva Constitución. La pregunta concreta es ¿quién garantiza que las resoluciones de esa Asamblea Constituyente sean respetadas por la burguesía, el imperialismo y la alta oficialidad castrense? Nuevamente nos encontramos con el problema del poder político social. Es decir, no sacamos nada con participar de plebiscitos, asambleas y votaciones si como clase social no somos capaces de garantizar políticamente que las decisiones tomadas en esas instancias no sean quebradas por la clase dominante.  ¿Acaso no recordamos la experiencia del proyecto del Presidente Allende? Por cierto que la clase explotada lo apoyó, ganamos elecciones, sacamos nada menos que un Presidente de la República, haciendo sentirse orgullosa a nuestra clase, ¿pero  la burguesía con el imperialismo respetaron la decisión del pueblo? ¿Por qué como clase social no pudimos mantener las conquistas socio políticas logradas? Simplemente porque llegado el momento decisivo no teníamos poder, no teníamos fuerza con qué defender y garantizar lo conquistado. Es imposible desmontar la telaraña de leyes de la burguesía recurriendo a las propias reglas del juego de la burguesía. No olvidemos que quien hace la ley hace la trampa. Por lo tanto, la única condición política posible para que los resultados de una asamblea constituyente sean respetados es que los explotados y asalariados tengan la hegemonía del poder político. De esto la burguesía tiene mucha experiencia.

-¿Cuál es la situación en materia económica de la educación chilena en el concierto internacional?

-Mira, Chile es uno de los países del mundo en que prácticamente la totalidad de su sistema de educación superior está en manos privadas. De acuerdo a la OCDE, el Estado en Chile no alcanza a cubrir el 15% de las necesidades de mantenimiento de las “universidades estatales”. En consecuencia, exigir que el Estado se haga cargo de la educación superior no es una medida de carácter revolucionario. Esta reivindicación sólo viene a concordar y sintonizar el papel y función que ya tiene el Estado en el resto de las economías capitalistas, particularmente en el club más exigente de ellas, la OCDE. De acuerdo con los indicadores de la OCDE para el 2010, el conjunto de estos países invirtió anualmente 9.195 dólares estadounidenses por alumno desde la educación primaria hasta la educación terciaria; 6.756 dólares estadounidenses por alumno de primaria; 8.153 dólares estadounidenses por alumno de educación secundaria;  y 16.625 dólares estadounidenses por alumno de terciaria. Los países de la OCDE gastan el 6,2 % de su PIB colectivo en instituciones educativas. En la educación terciaria la proporción de financiación privada varía ampliamente, desde menos del 5% en Dinamarca, Finlandia y Noruega a más del 40% en Australia, Canadá, Estados Unidos, Japón, Reino Unido y los países asociados a la Federación Rusa e Israel, y por encima del 75% en Chile y Corea. Como media en los países de la OCDE, el 83 % de todos los fondos de las instituciones educativas proviene directamente de fuentes públicas. En educación superior, el gasto público por alumno (en instituciones públicas y privadas) alcanza un promedio de 8.467 dólares estadounidenses, pero varía desde menos de 1.000 dólares en Chile a más de 15.000 en Dinamarca, Noruega y Suecia, tres países en los que el nivel de gasto privado es bajo o insignificante en este nivel educativo.  Ahora bien, desde el punto de vista impositivo, Chile es uno de los países de la OCDE que menos impuestos cobra en relación a su PIB (18.2%). Por lo que exigir una reforma tributaria para que los más ricos paguen impuestos en forma progresiva a su renta, tampoco es una exigencia revolucionaria. Simplemente lo que se exige es que en Chile se tenga una carga impositiva similar a la que existe en el club de economías capitalistas al que pertenece, donde la presión inflacionaria representa alrededor del 34% del PIB. Todo esto hace que según la OCDE, Chile tenga una de las tasas arancelarias a la educación superior más altas del mundo. De este modo en el país se cobra una media de 3.140 dólares anuales, mientras que Israel cobra 2.658 US$, U.K 1.859 US$, Italia 1.027 US$, Nueva Zelandia 1.764 US$, Holanda 1.646 US$, Austria 837 US$, Bélgica 574 US$, España 795 USS, Francia 160 US$, Turquía 276 US$, siendo prácticamente gratuita en República Checa, Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Islandia, Noruega, Polonia y Suecia.

-Los datos hablan por sí solos…

-Ellos explican que en las universidades privadas sólo existe una media de un académico a jornada completa por cada 1.000 alumnos. Ojo, esto es muy importante porque es el fracaso de la educación municipalizada y subvencionada en la Prueba de Selección Universitaria lo que descubre el enorme negocio de la educación superior privada, que a estas alturas es una pobre educación para los pobres y familias explotadas. De lo contrario, no se puede entender que mientras las matrículas de universidades tradicionales han aumentado 13%, las matrículas de universidades privadas han crecido un 81%. Todo esto mediante endeudamiento. Un 79% de los estudiantes deben recurrir a financiamiento propio y vía crediticia, lo que explica el 53,5 % de alumnos que deben trabajar jornada completa para poder pagar sus estudios.  Agréguese el detallito relativo a que según la encuesta Casen,  si en la década de los 90 quienes engrosaron las matrículas de educación superior fueron los deciles V, VI y VII; en la primera década de 2000, los deciles que mayor afluencia tuvieron en la educación terciaria fueron el I, II, III y en menor medida el IV, siendo la educación superior técnico profesional y las universidades privadas las principales áreas donde se han concentrado los deciles de menores ingresos. Es tan irracional este modelo de educación que en las “universidades públicas” paradójicamente estudian los sectores más acomodados y también donde mayormente se concentran los beneficios, como las becas y exenciones, con un 30% de becas, cifra mayor que el 26,7% de becas asignadas a estudiantes cuyas familias pertenecen a grupos de trabajadores no calificados y obreros.

LAS CLASES SOCIALES Y LA DEUDA

-De acuerdo a tu última investigación, en términos esenciales, ¿cuál es la estructura económica de Chile y relación con las clases sociales que la sostienen?

-Según mi investigación ‘Acumulación de Capital en Chile. Crisis y Desarrollo. Últimos 40 años’ y cruzando los datos del Banco Central, el Servicio de Impuestos Internos, el INE y Casen, en Chile hay aproximadamente 8,1 millones de trabajadores. De estos, 1.750.000 reciben el salario mínimo y 5.500.000 reciben salarios que tienen como tope los 300.000 pesos (US$ 650). Las clases sociales existentes en el país son: asalariados del campo y la ciudad; burguesía productiva (con pymes incluidas, estimadas en unas 150 mil); cuentapropistas, asalariados que trabajan en municipios y sector público en general, y la alta burguesía financiera.

-¿Pero de dónde saca sus ingresos la burguesía?

-La masa de capitales que invierte la burguesía en cada ciclo productivo coincide con las altas tasas de endeudamiento de los asalariados y cuentapropistas, estimadas por el Banco Central en 29 billones de pesos al año 2007, de los cuales un 72% corresponde a deuda bancaria.  En consecuencia, si en 1993 había 2.660.325 tarjetas de crédito, hacia el 2007 estas ascendían a 23.773.646. Esta deuda crece un 15% real anual y ha estado expandiéndose por sobre el crecimiento del ingreso disponible de las familias en los últimos cuatro años. El resultado final ha sido que la Razón Deuda Ingreso (RDI) llegó a representar un 61,9% y la carga financiera (RCI) respecto del ingreso disponible alcanzó un 20,4%, sólo por el pago de intereses.  Y para agravar aún más la explotación de los asalariados y cuentapropistas, considérese el origen del capital inicial con el que la burguesía echa a andar el proceso productivo en su conjunto, el que proviene en forma monetaria del sector financiero, cuyas entidades (por ejemplo AFPs, bancos, aseguradoras, Isapres) utilizan los mismos fondos de pensiones de los trabajadores para distribuirlos como capital dinero entre la burguesía. Con datos del 2007, y siguiendo la investigación del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo (Cenda) y el economista Manuel Riesco, el Estado ha inyectado al sistema privado de pensiones 6,1 billones de pesos en bonos de reconocimiento y pensiones mínimas. Por su parte las AFPs y compañías de seguros se han apropiado como saldo neto de 9,3 billones de pesos a favor de ellas mismas (4 billones las AFPs y 5,3 billones las compañías de seguros). De estas platas generadas por los asalariados y manejadas por la burguesía en su propio beneficio un 47,5% va a manos de los grandes grupos económicos privados con inversiones en Chile: Santander, BBVA, Telefónica, Aguas Andinas, Endesa, Luksic, Yarur, Angelini, Paulman, Solari, Matte, Saieh, Ponce Lerou, Hurtado-Fernández, del Real y Andraca (los dos primeros grupos son dueño de dos de las AFPs más grande: Bansander y Provida, AFPs que concentran el 43% del total de fondos de pensiones). El 31,8% restante va a manos de conglomerados privados en el extranjero.”

-¿Los trabajadores son los únicos explotados?

-Los asalariados no son la única clase explotada. A este respecto considérese a los cuentapropistas donde existe una mayor cantidad de micro empresarios que de trabajadores, con una producción de valor muy reducida en relación a la masa de “emprendedores”. Este mismo antecedente da una idea aproximada del constante fluir de estos trabajadores desde el cuentapropismo al trabajo asalariado, asegurando entre medio una producción de valor vía auto explotación capitalizada por el tenedor de sus deudas: bancos, retailer, financieras, etc. Este sector de la sociedad está sometido a un constante proceso de erosión proletarizadora. Al observar la relación entre empresas se puede concluir un grave desequilibro impositivo, toda vez que apenas 10 mil  grandes empresas multiplican casi por 20 el valor producido por casi un millón de micro, pequeñas y medianas empresas. Sin embargo  las Mipymes (micro, pequeñas y medianas empresas) cargan sobre sus espaldas con casi la mitad de la carga tributaria a la que están afectas todas las empresas del país por concepto de impuesto a la renta (un 2% del PIB versus un 3% del PIB que pagan las grandes empresas). Ahora bien, este desequilibrio se amplía aún más si se considera que los asalariados deben cargar con la mitad de la carga impositiva de todo el país (un 52% de todos los ingresos tributarios equivalentes a un 8% del PIB).

-¿Qué consecuencias conlleva semejante política impositiva?

-Esta estructura impositiva implica que prácticamente el Estado subsidia la acumulación de capital en manos de las grandes empresas. Al respecto, obsérvese la pequeñez de los impuestos que se pagan por concepto de comercio exterior (apenas el 1,3% de los ingresos tributarios totales). Este mismo dato explica la avidez de las grandes empresas por los acuerdos de libre comercio. En cuanto a la carga impositiva, se puede apreciar que las ramas productivas con mayor inversión interna  y extranjera están ancladas en la producción de bienes de consumo intermedio (materias primas) y extracción de recursos naturales, precisamente los sectores que menos aportan impuestos. A su vez, estos sectores determinan en la economía la masa y la cuota de plusvalía. En este sentido, no es una coincidencia la astronómica cifra de 77.000 millones de dólares en inversión extranjera volcada en la economía nacional entre los años  1974 a 2010.

-¿Qué ocurre con la llamada pequeña burguesía?

-Esa clase está compuesta objetivamente por alrededor de 130 mil pequeños empresarios que tienen a su cargo alrededor de un millón y medio de trabajadores asalariados. Pero además debemos agregar lo que el SII define como trabajadores de altos ingresos (médicos, ingenieros, algunos abogados, jueces, oficiales militares, directores de escuela, gerentes corporativos, un grupo de académicos, gestores de cultura, información y publicidad, etc.), esto es, alrededor de un millón de personas que por sus altos ingresos deben pagar impuesto a la renta. Bueno, este grupo tiene una cualidad y es que pese a que son asalariados, también participan de la plusvalía al obtener un porcentaje de la misma vía utilidades y ganancias, participación en sociedades anónimas, repartición de intereses del capital, etc. Este grupo de personas cumple una función sumamente importante, a saber: generan, administran y gestionan el componente y aparataje ideológico y político fundamental con el que se sostiene y reproduce el sistema de dominación y productivo en su conjunto. Es tan relevante esta función que su influjo de ideas, hábitos, costumbres, aspiraciones, pensamiento político, ética, valores, historia, es transmitida hacia el sector de los explotados para que estos la hagan suya, permitiendo de este modo anular la iniciativa histórica y política de los oprimidos. Particularmente vulnerable a esta función son los explotados desideologizados, despolitizados y desorganizados, quienes ven llenar sus receptáculos ideológicos por el contenido generado y transmitido por la pequeña burguesía.

-¿Qué capitales invierten más en Chile, qué sectores exportan más, y de dónde provienen las importaciones del país?

-Es tan copiosa la explotación del capital chileno, que este se ha expandido con fuerza en América Latina. De este modo, durante el período 1990 a diciembre de 2010, la inversión chilena directa materializada en el exterior alcanzó la suma de US$ 56.789 millones. Diez países concentran un 93% de las inversiones materializadas a la fecha. Ellos son Argentina, Brasil, Perú, Colombia, Estados Unidos, Panamá, Australia, México, Uruguay y Venezuela. Argentina se situó en el primer lugar en el ranking de países receptores de las inversiones, al sumar flujos por 15.979 millones de dólares entre 1990 y el primer trimestre de 2011, con un 48 % de participación.  Le sigue Brasil con inversiones de empresas chilenas cercanas a los 10.614 millones de dólares (15 %); Perú con 9.990 millones de dólares (14 %). Colombia concentra 8.066 millones de dólares de participación. En el plano sectorial, tanto en generación como en distribución eléctrica, concentra el mayor volumen de inversiones, con un 73,3% de participación y US$ 5.914 millones. Le sigue en importancia el sector de servicios con una inversión de US$ 1.463 millones y un 18,1% de participación. Al interior de los servicios, un lugar significativo ocupa el comercio al detalle (retailer), que representa el 71,4%, con una inversión acumulada de US$ 1.045 millones. En tercer lugar se ubica el sector industrial, con una inversión acumulada de US$ 636 millones. Al interior de este sector  se destacan la industria maderera y la distribución de combustibles. A su vez Chile es el tercer receptor de IED (inversión extranjera directa) en América Latina. De este modo, si entre 2009-2010, la IED  total en Latinoamérica fue de 88.000 millones de dólares (a precios de 2010), Brasil captó 30.200 millones de US$; México captó 19.100 millones de US$; Chile captó 18.200 millones de US$; y Colombia captó 8.700 millones de US$. De este modo Chile se destaca por tener la más alta proporción de IED (8%) en relación a su PIB. El principal proveedor de estas inversiones fue EE.UU. con un 25,9%; le sigue España con un 18,7%, Canadá con 17,7% y K.U. con 8,5%. Los sectores en que se concentro esta IED fueron la minería con 32,9%, servicios con 22,1%, Electricidad con 19,2%, Industria con 11,3%, Transporte con 11,2%. Es importante recalcar que el año 2010 las exportaciones de Chile alcanzaron 69.621 millones de US$, debido fundamentalmente al precio del cobre, cuyas exportaciones alcanzaron a 39.200 millones de US$ acaparando el 56% de las exportaciones totales. Le sigue la exportación de celulosa y salmón. En este panorama el principal socio comercial de Chile es China, país al que se exportaron mercancías por valor de 16.457 millones de US$. Le sigue EE.UU. con 7.110 millones de US$.

-¿Cuál es la cesantía real en Chile y por qué?

-Desde el punto de vista de la magnitud cuantitativa de la fuerza de trabajo, cabe hacer notar cierta discordancia entre las cifras entregadas por el Servicio de Impuestos Internos (SII) y el Banco Central. De acuerdo al SII, en Chile hay aproximadamente 7.100.000 trabajadores asalariados, mientras que el Banco Central abulta la cifra a 8.050.000 trabajadores. Esta diferencia de alrededor de 1.000.000 de trabajadores representa mejor la real magnitud del ejército industrial de reserva, cesantía o paro estructural, situado según cifras oficiales en un 8%, pero que en realidad alcanzaría una cifra promedio cercana al 13% de la fuerza de trabajo. A este antecedente agréguese cerca de un 9% de la fuerza de trabajo en condiciones de subempleo, pero que en las cifras oficiales aparece como empleada. Por lo tanto en el país tenemos cerca del 25% de la fuerza de trabajo con problemas de cesantía parcial o total. La mayor desocupación se concentra en los jóvenes de entre 15 y 24 años de edad, donde la tasa de desempleo es más del triple respecto del promedio nacional oficial, alcanzando en el primer tramo (15 a 19 años) el 29,3%. Según las AFPs, del total de la fuerza de trabajo un 96,5% se registran como asalariados dependientes, sin embargo alrededor de 3,8 millones de asalariados están en condición de subcontratación, lo que se refleja en la escasa densidad de sus cotizaciones. A su vez, se estima que el número de trabajadores estacionales en el agro fluctúa entre los 250.000 hasta los 400.000. Además se debe agregar que las ferias libres tienen 60.000 comerciantes, generando empleos indirectos a 150.000 personas y comercializando la producción hortofrutícola de más de 300.000 familias campesinas. Los rubros que más utilizan la subcontratación son Guardia y Control, Servicios Alimenticios, Minería, Servicios Informáticos, Construcción, Aseo y Comercio. Estas son las principales fuentes de trabajo en Chile.

Por consiguiente, la burguesía logra desembarcar en las grandes ligas del capitalismo mundial gracias a las altísimas tasas de explotación sobre el trabajo asalariado, los subsidios impositivos que le da el Estado, los altos niveles de auto explotación de los cuentapropistas, la subcontratación, el subempleo y la pesada carga financiera que deben soportar los sectores asalariados y cuentapropistas por conceptos de deudas. Todas estas son las condiciones fundamentales para que la burguesía chilena amplíe a niveles jamás soñados sus capitales y plusvalía en abierta contraposición con los explotados (asalariados y cuentapropistas).