Un grupo de estudiantes y docentes de la Universidad de Antioquia emprenderán una serie de acciones jurídicas para solicitarle en las próximas semanas a las autoridades respectivas “retirar inmediatamente los efectivos del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía Nacional”, que desde el pasado 15 de septiembre de 2010 y por orden expresa del gobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, se encuentran apostados de manera permanente en las inmediaciones de la ciudadela universitaria “a fin de impedir cualquier alteración de orden público que afecte el normal desarrollo de las actividades académicas”.
Entre las acciones adelantadas figura la documentación de una serie de denuncias sobre atropellos y abusos cometidos por esta fuerza de choque y que vienen siendo recolectadas por movimientos estudiantiles como el “Colectivo de Derechos Humanos Gustavo Marulanda”, organizaciones no gubernamentales como el “Comité de Solidaridad con los Presos Políticos” y un grupo de abogados independientes. Con esto, según lo expresan, buscan “evidenciar las irregularidades en que han incurrido los agentes del Esmad en su intento de disolver las concentraciones estudiantiles”.
Según voceros del Colectivo de Derechos Humanos Gustavo Marulanda, a la fecha se han documentado debidamente unas 70 denuncias de estudiantes, trabajadores, profesores y hasta personas ajenas a la Universidad que resultaron lesionadas en los hechos registrados el 15 de septiembre de 2010, el 31 de marzo y el 12 de mayo del presente año.
La Agencia de Prensa IPC conoció las denuncias y si bien buena parte de ellas dan cuenta de situaciones registradas durante las revueltas estudiantiles, otras por el contrario llaman la atención pues se trata de hechos presentados por fuera de todo disturbio e, incluso, vinculan a personal de la empresa que presta los servicios de vigilancia en las porterías de la U. de A.
Tal es el caso de la queja presentada por una estudiante de la facultad de Ingeniería según la cual, el 11 de marzo de 2011 fue violentada por los vigilantes de la portería Ferrocarril debido a que su Tarjeta Integrada Personal (TIP) no fue leída por los sensores dispuestos por las directivas del Alma Mater para verificar la vinculación del portador de este documento con la Universidad.
“Como ésta no la leía el sensor, el vigilante le pidió la cédula y la estudiante no la portaba. Luego apareció un vigilante civil, acompañado de un patrullero identificado con el chaleco 37-1733, quienes proceden a sacarla violentamente de la Universidad. El vigilante comenzó a rodar la TIP de la estudiante entre los miembros del Esmad ubicados en dicha portería, quienes también la increpan e intimidan”, se lee en la denuncia conocida por la Agencia de Prensa IPC.
Según conoció esta Agencia, la estudiante interpuso queja formal contra los miembros de la empresa de seguridad privada, recibiendo como respuesta dos memorandos en su contra por parte de las directivas de la Universidad. En otra de las denuncias recolectadas se detalla la situación de un estudiante de Ciencias Políticas, quien resultó gravemente lesionado en los hechos ocurridos el 15 de septiembre de 2010.
Según la denuncia, el joven se encontraba realizando un registro fotográfico de los hechos cuando un agente del Esmad, identificado con la placa 102177 y ubicado a escasos cinco metros de éste, le disparó con un objeto contundente que le produjo una herida en la cabeza de 25 centímetros y que le fue suturada en la enfermería de la U.de.A. Sin embargo, el joven debió realizarse una tomografía el 17 de septiembre debido a fuertes dolores de cabeza. En ella se descubrió una hemorragia en el occipital derecho, por lo que debió ser hospitalizado. El estudiante denunció su caso ante la Personería de Medellín y exigió a la Universidad de Antioquia acompañamiento médico, el cual le fue negado por las directivas del Alma Mater.
Procedimientos errados
En la resolución 03514 de noviembre 5 de 2009 se encuentran consignadas todas las disposiciones para el servicio de Policía en la atención, manejo y control de multitudes. En su Artículo 3º se determina que los funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley podrán hacer uso de la fuerza en los casos que sea estrictamente necesario y siempre apelando al principio de proporcionalidad.
Éste se define como no usar una fuerza desproporcionada en el deber legítimo de hacer cumplir la ley. Este manual de procedimiento también determina que, para casos como lo disturbios que tienen lugar en las universidad públicas, protagonizadas por sujetos encapuchados, se apele progresivamente al uso de la fuerza iniciando desde la persuasión hasta llegar progresivamente al restablecimiento del orden público.
Es por ello que en este tipo de revueltas y dado los elementos explosivos utilizados por los llamados “capuchos” para confrontarse con la Fuerza Pública, ésta ha recurrido al empleo de tanquetas lanza aguas, granadas de humo y cartuchos de impacto controlado calibre 37 mm, autorizados por las normas vigentes. Todo con el fin de controlar a los manifestantes.
Si bien desde las directivas, pasando por grupos de docentes y estudiantes, se rechazan las acciones realizadas por los “encapuchados”, también son abundantes las versiones según las cuales, en los últimos acontecimientos acaecidos en la Universidad de Antioquia hubo un evidente exceso del uso de la fuerza por parte del Esmad.
Testimonios recogidos por la Agencia de Prensa IPC señalan que el pasado 31 de marzo, a eso de la 1:00 de la tarde y en momentos en que se realizaba una Asamblea de Estudiantes en el Teatro al Aire Libre (TAL) del bloque 3, un grupo entre cinco y siete “encapuchados” lanzó varias “papas-bomba” junto a la portería Barranquilla, que da contra la calle del mismo nombre.
Pasados más de 15 minutos ingresaron más de 300 efectivos del Esmad. A partir de ese momento se registró una batalla campal entre miembros del escuadrón de Policía y los estudiantes por todos los rincones y pasillos del campus. “Fue una reacción a todas luces desproporcionada, porque arremetieron sin mediar palabra contra unos estudiantes que estaban concentrados en las plazoletas, sin capuchas, sin ningún tipo de armas o piedras”, expresa Humberto Perdomo, abogado de la organización Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, quien estuvo presente en los hechos.
La revuelta se extendió hasta pasadas las 7:00 de la noche y en ellos se vieron afectados no sólo estudiantes sino transeúntes, usuarios del Sistema Metro y personas que esa hora departían en el Parque de los Deseos. De eso dan cuenta las quejas recepcionadas por la Personería de Medellín, donde los denunciantes señalan una vulneración del derecho a la libertad e integridad física contra personas que nada tuvieron que ver con las revueltas.
“Hay casos como este: en el transcurso de las revueltas el Esmad capturó a un estudiante, lo golpeó varias veces y lo subió a una tanqueta identificada con la placa 37-0757. Ante esto, me acerqué con un funcionario de la Personería de Medellín para preguntarle al oficial para dónde se llevaban al estudiante. Recibimos como respuesta improperios como que éramos unos ‘sapos guerrilleros’ y cosas por el estilo”, reseña Perdomo.
De acuerdo con el abogado, por lo menos unas 70 personas resultaron lesionadas en los hechos del 15 de septiembre de 2010. Sin embargo, no se tiene un registro certero del número de lesionados durante las accidentas jornadas del 31 de marzo y el 12 de mayo, que incluyen a estudiantes, docentes, mujeres adultas mayores y hasta funcionarios de la Personería de Medellín. Muchos de los contusos no denuncian por temor a represalias de la Fuerza Pública o los vigilantes de la empresa privada de seguridad. Sin embargo, los pocos casos conocidos evidencian serias lesiones personales que van desde golpes contundentes hasta fractura de extremidades.
“Tenemos el caso de un menor de edad al que le dispararon con objeto contundente que le generó una herida abierta en la rodilla y le daña dos tendones. Esto fue en los sucesos del 31 de marzo. Estamos recopilando el mayor número de quejas posibles y hay varias personas dispuestas a dar su testimonio con nombre propio. La idea es llevarlas ante Procuraduría Regional y pedirle que asuma el poder preferente; es decir, que sea este órgano el que adelante la investigación y no asuntos internos de la Policía”, agrega Perdomo.
La preocupación entre la comunidad universitaria por estos excesos ha llegado a tal punto que el pasado 15 de mayo las directivas del claustro universitario emitieron un comunicado llamando al debate civilizado y con argumentos por parte de los estudiantes y una respuesta mesurada y prudente de parte de la fuerza de choque.
Habla la Policía
Al ser consultado sobre el particular, el comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, Brigadier General, Yesid Vásquez, enfatiza que se han tomado los correctivos necesarios frente a determinados casos de presuntos abusos por parte de los miembros del Esmad conocidos por su despacho.
Una de dichas medidas se comenzó a implementar desde el pasado 30 de mayo y consiste en alejar a los piquetes de la fuerza de choque de las porterías, para mantener una distancia prudente con el campus. “Ya destituimos a un oficial. Yo mismo tomé la decisión. Hemos recibido quejas y las estamos investigando. Pero en comparación, ha sido más el beneficio de tener al Esmad cerca de la Universidad”, agrega el Brigadier.
Su aseveración la sustenta en el amplio respaldo que según él, ha recibido por parte de estudiantes y trabajadores que sienten mayor tranquilidad desde que esta fuerza policial hace presencia en los alrededores del campus. “Deberían abrirle los micrófonos a los miles de estudiantes y profesores que quieren que la fuerza pública se quede ahí. La Universidad es un patrimonio de los antioqueños y no de un pequeño grupo de estudiantes y por eso ha permanecido ahí, porque los mismos estudiantes le han solicitado al Gobernador que estemos en la Universidad”, declara el Brigadier General.
Para las directivas de la Universidad de Antioquia, la presencia o no de los efectivos de la Policía Nacional responderá en gran medida a la madurez política con que los estudiantes adelanten sus jornadas de protesta. “Como Universidad, no estamos en contra de la protesta. Pero si se da en términos violentos, pues pasan cosas como las que han venido ocurriendo en los últimos tiempos”, indica Martiniano Jaimes, vicerrector general de la U. de A.
Según Jaimes, las directivas han mantenido un diálogo permanente con dependencias como la Personería de Medellín y Procuraduría Regional de Antioquia a fin de hacerle un debido seguimiento a las situaciones generadas en los recientes disturbios al interior del Alma Mater. “Nosotros tenemos una mesa de diálogo inter-estamental, pero los estudiantes se pararon de ella. Por eso, no conozco ninguna iniciativa de ellos para pedir que se retire la fuerza Pública”, añade el Vicerrector general.
“El Gobernador ha sido claro –continúa Jaimes- en que él no tiene problema en retirar la Fuerza Pública, siempre y cuando no se presenten esos disturbios que los mismos estudiantes rechazan. En eso sí ha faltado madurez política, porque esto se convirtió como un juego del gato y el ratón”.
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