Hace más de 50 días que los docentes santacruceños se encuentran en huelga por tiempo indeterminado. Luchan por una mejora salarial que tenga en cuenta el elevado costo de vida de esa provincia.
Hace más de 50 días que el gobernador kirchnerista Peralta busca desactivar la protesta mediante diferentes formas represivas. Intentó usar a su policía, a la gendarmería, dependiente del estado nacional, y a la patota de la UOCRA. Además de estos intentos represivos, efectuó descuentos en los salarios y multó al sindicato docente ADOSAC por la suma de $700.000.
Pese a toda esta persecución, los docentes se mantuvieron firmes y ampliaron sus métodos de lucha, recibiendo además la solidaridad de los alumnos y sus padres, quienes tomaron escuelas para evitar que los suplentes dictaran clases, y de los trabajadores petroleros, quienes pararon la producción.
Sin embargo, el gobierno kirchnerista de Santa Cruz no cesa en su política de represión a la protesta social. El 7 de junio continuó con el operativo político de generar consenso para reprimir publicando una solicitada de una página en el diario supuestamente enemigo: Clarín. En la solicitada se corría el eje de la discusión (el reclamo salarial), se mostraba a los docentes como los culpables de que no se dictaran clases y como desestabilizadores del proyecto “nacional y popular”. Se agregaba también que, con esa lucha, se perseguían intereses políticos ocultos y espurios. Todos argumentos para deslegitimar la lucha y generar consenso para una respuesta represiva.
Ante la paga, el diario Clarín dejó de lado principios como la “libertad de prensa” y publicó la solicitada del kirchnerismo contra los trabajadores. Asimismo, el kirchnerismo dejó de lado su “batalla cultural” contra el monopolio y se aprovechó de la tirada del “gran diario argentino” para llevar adelante su política antiobrera. Contra los maestros se efectivizó el frente único de la burguesía.
El operativo no se quedó en eso, sino que el ministro del Interior del gobierno nacional, Florencio Randazzo, salió a calificar a los docentes de vándalos que quieren desabastecer el país. Igualito que cuando el ministro de Salud, Ginéz González García, llamo terroristas sanitarios a los trabajadores durante el conflicto en el Hospital Garrahan.
Coherentes con esta línea política represiva, el 10 de junio el estado provincial mandó a una patota de jóvenes a aleccionar a los maestros. Tomaron por la fuerza la sede de ADOSAC y mantuvieron como rehenes a varios dirigentes de ese sindicato. Varias personas que protagonizaron la toma de la sede fueron reconocidas como militantes de las agrupaciones “La Cámpora “y “Los muchachos peronistas”. Asimismo, se pretendió legitimar el accionar de la patota invocando el derecho a la educación.
El kirchnerismo es especialista en recurrir a la tercerización de la represión. Con el fin de seguir manteniendo la impostura de ser el “gobierno de los derechos humanos” y de evitar cargar con el costo político que significa reprimir con la policía o la gendarmería, máxime en épocas electorales, recurre a todo tipo de patotas para realizar el trabajo sucio. La utilización de este tipo de represión cumple una función ideológica al hacer uso de la ilegalidad, mientras el estado, que las defiende y organiza, parece permanecer en la legalidad.
Para luchar contra esta política represiva no alcanza con buenas intenciones o lindos discursos. Resulta claro cómo terminan aquellas organizaciones de derechos humanos que se integran al estado para tratar de utilizarlo para sus propios fines: el abandono de su frente de lucha. La única forma efectiva de luchar contra todo tipo de represión es la organización y lucha independientes del estado y de cualquier fracción de la clase dominante.
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