Estudiantes UIS
Editorial
El Ministro de Defensa Nacional Rodrigo Rivera Salazar ordenó que las fuerzas militares y de policía ejerzan el control territorial de la Universidad Industrial de Santander, para evitar que se repitan los actos de barbarie que se produjeron la semana pasada y que ocasionaron incendios, destrozos y depredaciones al interior del establecimiento de enseñanza superior.
Los sujetos capturados al final de la jornada salvaje de la semana pasada serán juzgados como terroristas por la justicia ordinaria, como responsables de asalto a mano armada, daño en bienes ajenos, tentativa de homicidio y secuestro, toda vez que clausuraron las puertas de ingreso y evacuación de la Universidad Industrial, mientras destruían la sala de cómputo, que es el soporte tecnológico de todas las operaciones internas, contables y administrativas.
El Presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, dio la orden de aplicar mano dura a los encapuchados que atacaron con bombas molotov a la fuerza pública, mientras internamente se consumaba el saqueo y la depredación de instalaciones académicas. La fuerza pública actuó, con las limitaciones propias de recientes jurisprudencias, que les han quitado autonomía para intervenir en situaciones de peligro, como la que se presentó la semana pasada en la UIS.
El Ministro Rivera Salazar escuchó a los representantes de los gremios económicos, de las organizaciones sociales y directivos de la Universidad Industrial, que deliberaron a puerta cerrada, buscando una solución a los graves problemas de orden público. “Se utilizarán las fuerzas militares y de policía, para evitar nuevos actos de barbarie; las clases continuarán con quienes quieran asistir a las aulas, bajo las garantías de seguridad que ofrecerá el gobierno”, expresó el ministro.
La destrucción de bienes comunes, que hacen parte de la dotación de laboratorios y los equipos del centro de cómputo, por parte de bandidos que la semana pasada se infiltraron entre los estudiantes de la UIS, que protestaban por la supuesta ley de reforma universitaria, es tema de preocupación nacional. “La Universidad Pública no puede ser escenario de conflictos, sino templo de la formación académica”, expresaron miembros del mando militar, que recibieron órdenes de intervenir para evitar que estos hechos se repitan.
El gobierno confirmó que existe una recompensa de cincuenta millones de pesos para delatar e identificar a los terroristas, que tomaron parte en la asonada. De ellos, varios son militantes de las guerrillas de las FARC, afirmaron los voceros del gobierno. Los daños materiales fueron avaluados en tres mil quinientos millones de pesos.
La junta consideró fuera de contexto la propuesta del Defensor Nacional del Pueblo, Wolman Pérez, para intervenir en el conflicto universitario, cuando se trata de una acción terrorista impulsada por la subversión, que debe judicializarse y aplicárseles a sus autores todo el peso de la ley. Así lo pidió el Ministro Rivera Salazar y los exigieron los representantes de los gremios. Con posiciones blandengues como las que propone el Defensor del Pueblo estaríamos rindiéndole homenaje a la anarquía. ¡Mano fuerte y nada mas!
1 comentarios:
"mano fuerte",, esa consigna uribista a favor de la extrema derecha ya vemos en que termina, ,,, si los estudiantes nos manifestamos es por que nos quieren meter una reforma a la ley 30 que quiere privatizar nuestra universidad publica.....La lógica liberal, en todos los ámbitos, se ha implantando a sangre y fuego, ,, la educación, la tierra, los derechos laborales son perseguidos y nuestras vidas con ellos
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