Con una propuesta de ley, la Asociación de Universidades le sale al paso al Mineducación en su intento por permitir la entrada de entidades con ánimo de lucro al sistema.
Rectores de universidades definieron tres puntos esenciales de la ley que aspiran presentar al Congreso.
A la propuesta del Ministerio de Educación para reformar el sistema universitario y que sería presentada en la próxima legislatura, la Asociación Colombiana de Universidades respondió ayer con una contrapropuesta de ley estatutaria que ponga límites claros a las intenciones de los gobiernos para inmiscuirse en su autonomía.
Los rectores de las universidades afiliadas definieron tres puntos esenciales de la ley que aspiran presentar al Congreso. Según José Fernando Isaza, rector de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y presidente de Ascun, el proyecto de ley define, en primer lugar, el derecho a la educación. “La educación es un bien público”, recordó Isaza. Además, se fijan las fronteras entre la autonomía de las universidades y la inspección y vigilancia por parte del Gobierno. “El objetivo es limitar la actividad policiva del Estado”, afirmó Isaza. En tercer lugar, el documento plantea la diversidad del acceso a las universidades.
En cuanto a la reforma a la Ley 30, presentada por el gobierno de Juan Manuel Santos a través de la ministra de Educación, María Fernanda Campo, Ascun mantiene su rechazo a la idea de permitir la entrada de entidades con ánimo de lucro. Mientras el Gobierno argumenta que con esta medida entraría más capital para financiar la oferta educativa y aumentaría, por lo tanto, el porcentaje de estudiantes matriculados, para Ascun es una opción contraproducente. “Hubo un consenso de todos los rectores —dijo Isaza—: las universidades no deben tener ánimo de lucro. La educación es un bien público, no una mercancía”.
Las universidades, apuntó Isaza, deben extender su cobertura pero con calidad: “Mantener las universidades públicas implica mayores recursos”. Los rectores de Ascun recordaron al Gobierno que los dineros estatales no son suficientes para apoyar a las instituciones públicas. Asimismo, el aumento del aporte estatal hacia 2019 no se ajusta al crecimiento de la demanda. El Gobierno declaró en días pasados que la inversión de capital extranjero serviría para cubrir los vacíos financieros de éstas. “Nuestro proyecto regula el derecho a la educación —aseguró Isaza—, mientras que la Ley 30 define el servicio. Son leyes complementarias”.
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