La propuesta de reforma a la Ley 30, presentada por el Gobierno Nacional, tiene ambigüedades, no fue consultada con la ciudadanía, niega derechos adquiridos, busca solucionar problemas de presente y no de futuro, tiene vacíos de constitucionalidad, un marcado acento punitivo y no atiende todos los ámbitos de acción de la educación superior; y aunque presenta algunos desarrollos que pueden ser significativos, los primeros aspectos llaman a la preocupación de la comunidad académica sobre el futuro de la misma.
Estas son, en líneas generales, las impresiones de ponentes y asistentes al Foro que sobre el tema organizó El Observatorio de la Universidad Colombiana y el Grupo de Estudios sobre Educación Superior - GEES- este miércoles 13 de abril en la Universidad Central, con la asistencia de académicos de 60 IES del país, consultores y organismos relacionados con el sistema, que esperan que la ministra Campo modere su estilo y en vez de decir que la Ley "pasa porque pasa" ya, pues -según ella- no tiene tiempo para ajustarse a los tiempos de la academia, reflexione sobre la necesidad de incorporar el análisis de estos debates y replantee muchos aspectos de la misma.
Precisamente el mismo miércoles, en uno de los foros organizados por el Ministerio para socializar la reforma, y ante un auditorio con pocos asistentes en la Universidad de Cartagena, por la negativa de académicos y muchos estudiantes de entrar al recinto donde el viceministro expuso la misma, Javier Botero recalcó que la propuesta "está en pañales", pues aún se están recogiendo los aportes de todos.
Debate en torno de la autonomía universitaria
Aunque el texto de la propuesta del Gobierno inicia garantizando la autonomía universitaria, para muchos de los académicos la inversión de capitales privados en la universidad pública y la creación de entidades con ánimo de lucro, puede favorecer una especie de nuevo colonialismo de otros países, lo cual va en contra de la esencia de la autonomía universitaria.
Para Guillermo Páramo, rector de la Universidad Central, la autonomía de la universidad es el resultado de la autoridad que sobre el conocimiento tiene la academia, y que por lo mismo no debe subordinarse a intereses de otra índole. Para él, es claro que los inversores tienen una explícita finalidad de lucro, y ese será su único interés en la academia.
"Si no sabemos qué país somos, y otros tienen que decírnoslo, no somos un país soberano -característica propia de la autonomía- sino enajenado", afirmó Páramo, cuyo planteamiento fue recogido por otros ponentes -como Gabriel Misas y Jorge Orlando Melo-, preocupados porque el panorama no indica que a Colombia llegarían universidades de calidad como Harvard, sino capitalistas con un interés netamente mercantil.
Así mismo, se reiteró la preocupación de que la propuesta extienda la autonomía plena a todas las IES, misma que actualmente disfrutan sólo las universidades. Para varios asistentes, éste es un "privilegio" que debe ser adscrito a las "verdaderas universidades", entendidas éstas como las que tienen una verdadera vocación y resultados concretos en investigación.
Para la Asociación Colombiana de Instituciones con Educación Tecnológica - ACIET- en palabras de su vicepresidente, Mauricio Alvarado Hidalgo, la autonomía no es un problema de tipología institucional sino de la manera como las IES demuestren su compromiso con el cumplimiento de los objetivos de la Ley.
Queda en el tintero el debate sobre si una Ley como la que se propone puede modificar la definición de la Constitución Política con respecto al tema de autonomía.
La Ley se caería por vicios de forma
Para la experta en asuntos jurídicos de ASCUN, Patricia Linares Prieto, de llegar al Congreso, el proyecto se caería porque no cumple debidamente con el principio de participación de la comunidad.
Es decir, es erróneo pensar que cumplen con el requisito de procedibilidad los talleres y la socialización que está haciendo el Gobierno, pues se debe garantizar que la opinión pública entienda exactamente qué es lo que se analiza y cómo se obtiene la participación de ella, y no se dé por hecho presentar una propuesta trabajada de forma inconsulta.
Universidades no acreditadas no podrían perder su condición
Linares Prieto también advirtió que es inconstitucional el artículo que exige a las actuales universidades cumplir unos requisitos de calidad para mantenerse como tales.
Por ejemplo, el artículo 15 señala que:
La denominación de las instituciones guardará correspondencia con su misión, su vocación académica, el tipo de programas académicos ofrecidos, y la diversidad de áreas de conocimiento y campos de acción abordados por cada institución.
La denominación de "Universidad" se reserva para aquellas Instituciones de Educación Superior que demuestren ante el Ministerio de Educación Nacional el cumplimiento de las siguientes condiciones:
a) Contar con cuerpos profesorales en ciencias básicas.
b) Contar con acreditación institucional.
c) Contar con programas académicos en por lo menos tres áreas del conocimiento.
d) Desarrollar investigación de alto nivel demostrable a través de grupos de investigación reconocidos en las dos categorías superiores definidas por Colciencias y por lo menos en tres áreas del conocimiento.
e) Tener por lo menos un programa de doctorado debidamente autorizado.
PARÁGRAFO 1°: Las Instituciones de Educación Superior que al entrar en vigencia la presente ley ostentan la denominación de "Universidad" deberán demostrar ante el Ministerio de Educación Nacional el cumplimiento de estas condiciones en el término de cinco (5) años o cambiar su denominación.
Para la abogada, una Ley no puede generar requisitos adicionales para ratificar una condición dada previamente por el mismo Estado. Es como si a una persona adulta, después de entregarle la cédula, le exigieran demostrar una propiedad sobre algo, para mantenerle su cédula, señaló Linares Prieto.
Confusión en las tipologías
Aunque muchas de las IES que no son universidad ven con buenos ojos la propuesta de reforma, porque podrían ofertar programas de todos los niveles y recibirían autonomía plena, para varios de los asistentes y ponentes, esto causaría gran confusión por el riesgo de que IES sin vocación, experiencia ni estructura orienten programas sin las debidas condiciones.
Ahora será que el SENA ofrecerá doctorados?, se cuestiona Jorge Orlando Melo, para explicar un ejemplo de lo que podría pasar.
Son viables las alianzas público - privadas
El foro superó la discusión sobre la privatización o no de la universidad pública, aunque sí advirtió, como lo señala el rector de la Universidad Pedagógica Nacional, Juan Carlos Orozco, que esto no puede significar que el Estado se safe de su responsabilidad con la financiación de la educación pública.
Con respecto al lucro de las universidades, además de señalar el riesgo en la calidad, para algunos esto no es negociable, como el profesor Fabián Sanabria, de la Universidad Nacional: "Legalizar el ánimo de lucro es como legalizar los falsos positivos.. es un punto no negociable", afirmó.
José David Páez, presidente de la Asociación de Amigos de la Universidad de La Sabana, fue enfático en señalar que, con calidad académica, es viable obtener muchos recursos de alianzas y donantes, y señaló cómo el 41% de los estudiante sde dicha Universidad corresponden a los estratos 1 a 3 y que el 24% tiene algún tipo de beca, entre ellos muchos estudiantes que vienen de la Universidad Nacional, por la incapacidad física, de sillas de la Nacional, para atenderlos, y para los cuales La Sabana les consigue apoyos.
De todos modos, Páez se cuestiona cómo hablamos de incrementar cobertura cuando el desempleo profesional es el más alto.
¿Qué sigue?
Pese al avance de la propuesta, aún muchos se preguntan si es necesario que el gobierno adelante una reforma, o si de lo contrario la solución está en la revisión de los modelos de gestión del mismo Ministerio de Educación y de decretos reglamentarios que permitan actualizar la Ley 30.
El profesor Gabriel Misas, de la Universidad Nacional, lamentó la pobreza argumental del documento de exposición de motivos de la Ley, que ni siquiera se ha socializado debidamente.
Por ahora, la comunidad académica queda a la espera de que el Ministerio reúna todos sus aportes y oriente los pasos a seguir.
0 comentarios:
Publicar un comentario