A nadie, por más ingenuo que sea, le puede caber dudas sobre el continuismo de Santos frente a la política neoliberal, autoritaria y represiva del gobierno anterior. No porque lo haya dicho abiertamente en su publicitado encuentro en Madrid con el presidente y la prensa española, sino porque sus reformas neoliberales y la forma arbitraria y violenta de imponerlas así lo dejan ver. Realmente se trata de una política de Estado adelantada por la élite de este país desde la imposición del modelo neoliberal que, por naturaleza demanda represión y contención a las masas populares, víctimas impunes de tal modelo. Basta ver la propuesta de educación superior de este gobierno con su reforma a la ley 30 de 1992 (Ley marco de la educación superior en Colombia). Pero comprender la continuidad no es necesariamente un paso hacia la confrontación de sus políticas; ahora lo que importa es saber cómo las enfrentamos.
Es claro que la política educativa que defiende el gobierno de Santos no nació con él ni se la inventó él. Ni siquiera se la inventó Uribe, pues el que realmente la puso en marcha fue el gobierno de Pastrana (1998-2002), al cambiar el esquema de financiación de la Universidad Pública en función ya no de la oferta sino de la demanda, lo que en la práctica resultaba en privatización; o mejor, en que el Estado no asumía más la responsabilidad frente a la educación superior con los sectores más pobres, sino que se convertía en un prestamista más que, a través de el ICETEX convertido en una banca de segundo piso, otorgaba créditos a los estudiantes para estudiar en cualquier universidad, pública o privada, lo que en la práctica implica una transferencia de los recursos de la educación desde el sector público al privado, redundando en una desfinanciación de la Universidad Pública que debe competir por recursos con la universidad privada. Así, como consecuencia lógica, se traducía todo esto en un incremento acelerado de matrículas.
De esta manera tenemos que decir que, en la práctica la Universidad Pública ya está privatizada. Una prueba de ello es el énfasis que estas hacen hoy en los posgrados, en detrimento de los pregrados, donde las matrículas son superiores incluso a las que se cobran en muchas universidades privadas. El énfasis en los posgrados no responde a una búsqueda de mayor calidad sino a las necesidades del sector privado que se hacen compatible con las necesidades de financiación de la Universidad Pública. Algo parecido ocurre con las actividades de extensión, en donde ya la Universidad Pública no busca atender problemáticas de las comunidades vulnerables como parte de su compromiso con la sociedad, sino ofrecer servicios de asesoría, consultoría y acompañamiento al sector privado y a algunos programas institucionales que reporten ingresos y sean rentables.
Sin embargo, esto tampoco fue un invento del gobierno de Pastrana, sino una “recomendación” del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, cuyo interés es abrir al mercado los servicios básicos que el Estado está obligado a garantizar a la población más pobre como nuevas oportunidades para la inversión de capital. En este sentido, lo nuevo de la reforma de Santos es sólo el hecho de que abra la Universidad Pública a la inversión privada, privatizando lo poco que de ella queda, por más que insista cínicamente en que esto es inversión que fortalecerá a la universidad sin privatizarla. La fortalecerá, tal vez (porque no es una garantía), pero sólo para quienes tengan capacidad de pagarla.
Lo preocupante de la situación es que todavía hoy la sociedad colombiana, los sectores populares principalmente, siguen pensando que la defensa de la educación pública es un problema de la comunidad universitaria. Incluso un problema de los estudiantes, pues los mismos profesores sólo se involucran en la pelea cuando les tocan el bolsillo. Nada más falaz que esto. Los menos afectados realmente son los estudiantes actualmente activos, aunque de entrada ya la mayoría de ellos están excluidos de los programas de posgrado (en promedio, una maestría en la Universidad de Antioquia está por encima de los cuatro millones de pesos por semestre, y en la universidad Nacional sede Bogotá supera los cinco millones de pesos por semestre); los incrementos de las matrículas, los nuevos estatutos y reglamentos estudiantiles, en general, las nuevas condiciones en que se materializa la reforma, afectarán sobre todo las posibilidades de estudio y las condiciones de las generaciones futuras; así como la reforma de Pastrana afectó sobre todo a los estudiantes que se han matriculado en la universidad pública después del año 2000.
Al parecer, los estudiantes son los únicos que, en medio de su brío, mantienen intacta la solidaridad intergeneracional, pues desde hace muchos años, la clase obrera en general, entre ellos los profesores universitarios, limitan sus luchas a sus reivindicaciones más inmediatas. Es cierto que en medio de su juventud e inexperiencia, además de la debilidad organizativa heredada de todo el movimiento popular en Colombia, incurren con frecuencia en tácticas erráticas y sus propias estrategias muchas veces son inmediatistas, lo cual los pone a merced de la utilización mal sana de grupos de derecha y de izquierda. También es cierto que como grupo transitorio, sus horizontes muchas veces no van más allá del escenario universitario. Pero son su brío y su entusiasmo, su disposición contestataria y beligerante las que hoy deben nutrir todo el movimiento popular que desde hace años languidece.
La prueba más diciente está en la Universidad de Antioquia, sitiada desde septiembre del año pasado por los asesinos del ESMAD, por orden del gobernador de Antioquia, aunque hace ya varios años está vulnerada en el interior por el paramilitarismo con el cual ha sido condescendiente la administración. Pero, aunque las movilizaciones y las protestas han sido protagonizadas por los estudiantes, no es cierto que la universidad se haya cerrado para ellos; aunque efectivamente la implementación de la TIP (Tarjeta de Identificación Personal) es una aberración que incorpora en la cotidianidad de la universidad la represión, pero con ella siempre podrán entrar. A quien realmente le han cerrado la Universidad de Antioquia es a toda la comunidad de Medellín, literalmente sus puertas se le han cerrado en la cara sin que haya desde afuera ninguna reacción. Todos los eventos promocionados como de entrada libre en la Universidad son una mentira; ya nadie se atreve a programar eventos académicos o culturales para toda la ciudad en la universidad porque la entrada está bloqueada.
Así, pues, la vida de la Universidad Pública, más bien su recuperación, depende de la movilización popular en su conjunto más que de los mismos estudiantes, que hasta ahora han demostrado coraje pero también se han visto impotentes ante la brutal arremetida de la fuerza pública. Lo que se juega en ello es, nada más ni nada menos, la posibilidad de formación de los sectores populares en los próximos años. Además, en la estrategia de represión contra la Universidad no sólo se juega su apaciguamiento a favor de la tranquilidad de los negocios vecinos, sino una estrategia más amplia de domesticación de la clase trabajadora, de la mano de obra calificada y barata que requieren aquí las multinacionales que desde hace años miran hacia acá con avaricia. Ojalá así se sienta este primero de mayo. Y, sobre todo, ojalá así lo entienda El Congreso de los Pueblos y diseñe estrategias de movilización, confrontación y construcción nacional desde todos los sectores populares contra estas políticas criminales.
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