Una locomotora que se descarrila: la propuesta de reforma a la ley 30

Por: Marco Antonio Vélez Vélez

Asoprudea

Presidente Asociación de Profesores Universidad de Antioquia.

Decir que la propuesta de reforma de la Ley 30, presentada por el gobierno de Juan Manuel Santos a través de la Ministra de Educación, María Fernanda Campo, profundiza la senda neoliberal de la Educación Superior en Colombia, no es quizá un descubrimiento novedoso. El gobierno Uribe ya habíahecho todo lo posible por afianzar el camino de la privatización de las universidades públicas. La progresiva desfinanciación de las universidades, el aporte de recursos vía indicadores de gestión, la autofinanciación como el recurso más expedito para cubrir sus necesidades: de profesores de planta, de infraestructura, de bienestar universitario.

Sin embargo, faltaba aún el golpe maestro de la privatización como camino único para la Educación Superior. Este llega ahora, con la propuesta de reforma de la Ley 30. El artículo 10 de la propuesta del gobierno habla de “contratos de asociación con particulares” para el desarrollo de proyectos de investigación y productivos en las Instituciones de Educación Superior. Que las ganancias de tales contratos deben revertir a la Educación Superior, no es más que un eufemismo para cubrir la penetración del capital nacional y transnacional en estos dominios. Y como si fuera poco el artículo 111, habla de crear sociedades de economía mixta “para vincular el capital privado a la prestación del servicio público de educación superior”. No hay disfraces. El rey está desnudo. La lógica de la ganancia y del rédito pueden campear en la Educación Superior Pública.

Los más avezados críticos de la propuesta gubernamental, visualizan tras el articulado privatizador, la necesidad de ponerse a tono con las exigencias de la OMC, en términos del denominado por ésta, mercado de los servicios educativos, cuya expresión transfronteriza abarca la posibilidad de la llegada a los países, de Instituciones de Educación Superior Transnacionales, las cuales recibirían tratamiento de nacionales, luego de la firma de los respectivos TLCS. Y ya sabemos que Colombia está a la expectativa de la firma de su TLC con los Estados Unidos. Luego, enunciar que esta propuesta de reforma, acondiciona los rieles de la futura locomotora por la que correrá el capital transnacional en la educación superior colombiana, parece ser una verdad de a puño.

La propuesta de financiación formulada entre los artículos 103 a 107, no es más que la reedición del proyecto de reforma de los artículos 86 y 87 de la Ley 30, propuestos por la anterior Ministra en el año 2010, la cual fue ampliamente rechazada por el movimiento universitario –con la excepción de ASPU, hay que decirlo. Esta asociación pensaba que recibir migajas se justificaba, en aras de mejorar en algo la situación de déficit de las universidades–, el incremento de 1 a 3 puntos anuales, sobre el IPC, poco alivia las finanzas universitarias cargadas de necesidades en términos de la llamada canasta educativa. Los porcentajes amarrados al crecimiento del PIB, parten del supuesto de una economía en crecimiento sostenido, incluso con niveles del 7%, algo altamente improbable dado el mediocre ritmo de crecimiento de la economía colombiana en las últimas décadas. La prosperidad a raudales solo existe en el sueño calenturiento de la banca internacional, que se hace aguas con las posibilidades de inversión en el país.

La autonomía universitaria queda retaceada, reducida con la emergencia de los Comités Departamentales de la Educación Superior, artículo 129 de la propuesta de reforma. En apariencia es un mecanismo de descentralización, pero pone sobre las universidades a pender la autoridad de los gobernadores y sus ansias de intromisión en las universidades públicas. Más juego para la politiquería que querría adueñarse de unos cargos adicionales a costa de copar la burocracia universitaria, en los niveles superiores y en las decanaturas. Los políticos de turno buscando medrar en las universidades públicas.

Y para los estudiantes, más de la formula ya conocida del neoliberalismo: el subsidio a la demanda. Crédito educativo y crédito de permanencia, a ser redimido al finalizar sus estudios, sujetos, pues, al voraz capital financiero colombiano, experto en vampirizar a quien caiga en sus fauces –las ganancias del capital financiero colombiano se cuentan por billones–; la opción de un verdadero bienestar estudiantil está así descartada. El estudiante trabajador, el estudiante ventero informal van quedando como únicas realidades de un ámbito universitario público desprovisto de oportunidades. O por otro lado, abocarse a la deserción, que es del 50% en las universidades del país.

El impulso a la innovación y a la internacionalización, forman parte de la urgencia de adaptación a los dictados del llamado capitalismo cognitivo, que demanda, hoy, homogeneización de los saberes y de la formación –por competencias–, es decir, los imperativos del capitalismo global deben ser correspondidos desde la ley, para así entrar en la senda de la denominada prosperidad. Solo que el capitalismo cognitivo nos tiene como satélites y no como estrellas en el nuevo firmamento de la división del trabajo. Algo de minería, algo de oro, tal vez biodiversidad, pero no más. Alta tecnología, desarrollos investigativos de punta, eso no. El coto ya está reservado para los grandes. Esa es la realidad de contexto en la que se inscribe la propuesta de reforma de la Ley 30. Una locomotora que pretende arrastrar un tren bala, pero que al parecer solo dará para el medroso transitar de un tren de cercanías.