Por: Moisés Wasserman
Rector Universidad Nacional
Hace tres meses la señora ministra de Educación anunció que iba a presentar al Congreso de la República un proyecto de reforma de la Ley 30 de 1992, Ley de la Educación Superior.
Hasta el momento en que escribo estas palabras no se conoce el texto en detalle, pero se saben algunas generalidades. Los rectores de las universidades públicas estamos muy preocupados con el hecho de que una vez más el Gobierno se abstiene de abordar con profundidad el problema del financiamiento de la educación superior pública y propone unos paliativos insuficientes (los mismos que estaban en el proyecto de reforma del anterior gobierno).El problema se describe fácilmente: la Ley 30 congeló el presupuesto de las universidades con el IPC, mientras que los costos crecen anualmente muy por encima de ese índice. No sólo crecen porque las universidades en forma muy responsable han duplicado durante esos años la cobertura de pregrado y han multiplicado varias veces la de posgrado y el número de sus grupos de investigación. Crecen también por el efecto de la modernización tecnológica y por la mejora de calidad de sus docentes, que han pasado en gran medida de catedráticos con título profesional a doctores y magísteres de dedicación exclusiva. A eso se suman además exigencias surgidas de nuevas leyes que han regulado el salario de los profesores de acuerdo con su productividad académica, han aumentado los costos de la seguridad social de todos los empleados y han modificado sustancialmente las exigencias estructurales para las instalaciones docentes. Asimismo, el sistema de mejoramiento de la calidad ha requerido de más y mejores laboratorios, bibliotecas, lugares de estudio y ámbitos para el bienestar.
Mientras que las matrículas en las universidades privadas han subido anualmente varios puntos por encima del IPC (con permiso del Ministerio) y cada estudiante nuevo representa para ellas un ingreso adicional, el aporte global y congelado del Gobierno en las públicas genera una disminución significativa y creciente del subsidio que hace por estudiante. La educación superior pública colombiana está perdiendo su capacidad de reclutar a los mejores profesores y de actualizarse para mantener su calidad.
Los estudios universitarios, además de ser reconocidamente el principal factor de desarrollo de los pueblos, son también la mejor vía para disminuir la inequidad social. La responsabilidad del Gobierno y del Congreso es enorme. Este momento es crucial para resolver de fondo el desfinanciamiento crónico de las universidades públicas. No podemos permitir que en unos años sólo se consiga educación de calidad, a altísimos costos, en el sector privado.
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