Escrito por El Tiempo
Miércoles 23 de Marzo de 2011 13:42
Según el rector de U. Nacional, no basta con desembolsar créditos para aumentar cobertura educativa.
Una respuesta imperfecta. Así califica el rector de la Universidad Nacional, Moisés Wasserman, la propuesta de reforma de la Ley 30 de Educación Superior, que el Gobierno presentó la semana pasada a los rectores de las universidades públicas y privadas.
El académico asegura que este proyecto es complejo, poco concreto y que no resuelve la necesidad de mayores recursos para la educación pública. Sostiene, además, que delega en los privados una responsabilidad financiera del Estado y que la propuesta de crear universidades con ánimo de lucro hay que mirarla con cautela, pues usualmente no son de muy buena calidad.
¿Cuál va a ser el impacto de la alianza público-privada en las finanzas de la educación pública?
La alianza público-privada es tan importante que las universidades estamos en eso desde hace rato, porque ayudan a desarrollar conocimiento y ciencia. Para los estudiantes se convierte en una tarea formativa y está bien facilitarla. Pero esto no puede presentarse como la solución financiera a las universidades.
¿Por qué no?
La universidad y la empresa se alían para resolver un problema que les interesa a las dos. Si lo que la Ministra piensa es que las regalías o rendimientos del resultado financiarán a las universidades, me parece que es una posición ingenua. Las universidades más activas del mundo en tecnología no se financian de esta manera. Con estos recursos generados de la alianza no se cubre ni el 5 por ciento del presupuesto.
Y en el tema de las instituciones de educación superior (IES) con ánimo de lucro que propone crear el Gobierno, ¿de qué manera su existencia beneficiará a la universidad pública, o van a ser más competencia?
Las IES con ánimo de lucro van a ser más competencia para las universidades privadas que para las públicas. Estas, efectivamente, pueden aumentar la cobertura, porque va a haber capital privado en la generación de nuevas instituciones, pero algunos dicen que es una forma de sincerarse, pues en el sistema colombiano, al lado de universidades privadas sin ánimo de lucro, hay universidades que ocultan un ánimo de lucro. Lo que esta propuesta hace es que sigan siendo de lucro, pero pagando impuestos.
¿Y serían de calidad?
Usualmente no son universidades de calidad. Las universidades privadas están preocupadas porque el público para las universidades con ánimo de lucro no es un público rico. Estas serán para gente de pocos recursos, por lo tanto tendrán que ser financiadas con préstamos para los estudiantes y en ese momento habrá competencia entre las universidad con ánimo de lucro y las sin ánimo de lucro por estos créditos. Otro problema es que tenemos malas experiencias con recursos subsidiados del Estado que fluyen a las privadas, y esta va a ser la situación.
¿En qué sentido?
Se van a pagar con préstamos subsidiados las matrículas de esas universidades, que a la larga es un flujo de dinero subsidiado a entidades privadas, lo cual no es un mal en sí, sino que hay que tener muy bien vigilado este tema para garantizar la calidad de esa oferta educativa.
Usted habla, entonces, de que la competencia va a darse entre las privadas, pero ¿cómo se fortalece la educación pública?
Con una política de fortalecimiento de la educación pública, que no es delegable. El Gobierno no puede renunciar a esa obligación, y transferírsela al sector privado es un absurdo. Insistimos en la necesidad de generar un modelo sustentable a largo término que mantenga nuestra competitividad. Tenemos un ejemplo muy dramático en la educación básica y media, pues el sistema evolucionó de tal forma que la educación pública perdió competitividad al lado de la privada y hoy cualquier persona que gane un salario mediano manda a sus hijos a la educación privada.
¿Y pasa lo mismo en educación superior?
Esto no ha pasado todavía con la educación pública superior y se mantienen estándares de calidad iguales o superiores a la privada.
En el momento en que esta capacidad de competitividad de la educación pública se rompa, el problema de la inequidad será monumental.
¿Qué le hace falta a esa propuesta de reforma de la Ley 30 para mejorar la calidad y acceso a educación superior, particularmente en las universidades públicas?
A pesar de que se ha presentado como una reforma estructural, es una ley nueva y distinta, que modifica sustancialmente el sistema de educación superior del país. Es una respuesta imperfecta a la necesidad de mayores recursos. Es, además, compleja -son 164 artículos- y cubre muchos ámbitos que tienen implicaciones. Yo creo que tiene un acento muy grande en vigilancia y control, y me parece que los ejemplos del mundo indican que funcionan más los programas de fomento e incentivos a la calidad y la cobertura.
Algunos afirmaron que con esta propuesta se fortalecía la educación privada y otros, más osados, que se privatizaba la educación pública, ¿qué opina?
Es un fantasma permanente que ronda y hay mucha gente que cree en fantasmas, pero yo no. No creo que se esté privatizando, pero sí pienso que se le está restando competitividad; y restarle competitividad, aunque no es privatizar, sí es aumentar las brechas de inequidad y esto me parece grave y hay que evitarlo.
Con los recursos que recibe hoy la educación pública -como no son suficientes-, ¿qué se hace?
Los invertimos supremamente bien. La relación de costo-calidad en el sistema público es muy buena, comparada con el privado. Hace 10 años éramos el 25 por ciento de la educación superior, hoy cubrimos más del 50 por ciento. En posgrados, en algunos campos inexistentes, pasamos a un dominio completo. En la U. Nacional tenemos el 40 por ciento de los doctorantes del país. En maestrías, nos multiplicamos por tres; en doctorados, por cinco; en investigación, por cinco, y en cobertura, por dos, pero el presupuesto está congelado con el IPC.
¿Y entonces cómo lograron este crecimiento?
Se hace un esfuerzo grande de recursos propios. En el 2000, del presupuesto global de la universidad, el 30 por ciento eran recursos propios, y este año es más del 50 por ciento. Nos hemos modernizado gracias al dinero que hemos conseguido. El Gobierno, por ejemplo, no ha hecho un plan de sistematización de las universidades y no tenemos apoyo para el financiamiento del ancho de banda con el fin de hacer la universidad a distancia. Si recibimos ahora el doble de estudiantes que hace 13 años, alguien tiene que financiar los edificios donde van a estar, los pupitres...
¿De dónde sacan esta plata?
Con múltiples trabajos que llamamos extensión; hacemos asesoría y consultorías y una de las condiciones para que las hagamos es que tengan valor académico. También, a través de cursos de educación continuada que generan recursos para la universidad; así mismo, contratamos con los gobiernos locales y departamentales, y en estos contratos hay ganancia para la universidad que se reinvierte en sus misiones. Pero esto tiene un límite y el Estado, como dije, no se puede desentender de su obligación.
Fórmulas para aumentar cobertura educativa...
"Deben ser muchas estrategias. Para las universidades privadas, con créditos. De otra forma, los estudiantes de bajos recursos no podrían estudiar, pero con el problema de que al salir no podrán hacer posgrado, porque tienen que pagar el crédito. Para la universidad pública, la única forma es un aumento de inversión, y no desechar la idea de que se creen nuevas universidades públicas. El número de bachilleres crece mucho más en los círculos de bajos recursos. Por eso, debe crecer la oferta pública, pues hay sectores que no pueden asumir un préstamo, ni económicamente ni psicológicamente."
Fuente: El tiempo.com, 16 de marzo de 2011,
Entrevista (video): http://tinyurl.com/5vfnn65
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