Por: COLECTIVO INFORMATIVO SUSURRO
E-MAIL: informativosusurro@yahoo.es
Bucaramanga - COLOMBIA
Todo parece indicar que la persecución política, y el conflicto humanitario que hoy vive la comunidad académica de la Universidad Industrial de Santander (UIS) debido a la cuestionable autonomía universitaria aplicada por los Consejos Superior y Académico de dicha universidad, pone nuevamente en la mesa el debate sobre si estos nobles órganos de gobierno universitario deberían tener algún tipo de control respecto a los abusos e irregularidades que allí a diario se cometen.
El discurso virulento y la actitud cuatrera del Ex-Presidente Álvaro Uribe Vélez parecen ser el ideario acogido por parte de la actual dirección universitaria liderada por el reelegido rector Jaime Alberto Camacho Pico, el cual está hoy investigado en la Fiscalía por un plan pistola. En este Plan, según conversaciones telefónicas desde el año 2007, se atentaría contra la vida de algunos miembros de dicha Alma Máter, simplemente por seguir pasos de izquierda y no estar de acuerdo con lo que se venia implantando en dicha época al interior de la universidad.
En Colombia hoy los victimarios se convierten rápidamente en víctimas y gestores de PAZ; en el caso del rector Camacho Pico se corrobora la anterior tesis. En julio de año pasado, como estrategia para seguirse limpiando las manos sobre el tema del Plan Pistola, montó con su grupo de asesores una farandulesca Comisión Institucional de Derechos Humanos dictando un Diplomados en solución de conflictos y D.H. Curiosamente, entre sus graduandos aparecieron algunos personajes como el mal llamado Defensor Regional del Pueblo Dilmar Ortíz Joya (Por qué esto es sorprendente?)
Como si lo anterior fuera poco, el pasado mes de marzo se firmó un contrato por más de 1.494 millones de pesos que cubren 9 meses de vigilancia privada al interior de las distintas sedes de nuestra universidad. Este contrato se le adjudicó a la Empresa de Vigilancia TECNISEG de Colombia LTDA, la cual lleva más de 3 años cumpliendo funciones de Policía Judicial al interior de la universidad y ha desempeñado servicios de seguridad y vigilancia armada en las distintas seccionales de la Fiscalía General de la Nación.
El martes 10 de agosto el Consejo Académico de la UIS, órgano que está presidido por el pacificador rector, solicitó a las autoridades municipales un Consejo de Seguridad Extraordinario como una medida de “aparente protección” para la comunidad universitaria. La medida militar, con la cual pretenden defender la Democracia y solucionar el “orden” público en la Universidad, fue rápidamente respaldada y avalada por la Defensoría del Pueblo en Santander, en cabeza del lúgubre Ortiz Joya.
Hay que recordar que durante el periodo 2007 – 2009 se declaró objetivo militar por parte de grupos paramilitares a más de 50 miembros de la comunidad académica de la UIS. Jamás hubo Consejos de seguridad para velar por la vida e integridad de dichas personas (las cuales hoy aun se encuentran en la mira de dichos grupos de autodefensa); por el contario, el Consejo Académico abrió procesos disciplinarios contra los activistas estudiantiles que en dicha época se encontraban amenazados. En julio de 2009, para completar la faena, suspendió la matrícula académica a 6 de estos reconocidos estudiantes.
La militarización no tiene plazo
Debido a los panfletos amenazantes, a la incursión paramilitar y a la oleada de acoso a los activistas estudiantiles y sindicales desplegada por el cuerpo directivo de la universidad de los años 2000-2001, entonces encabezada por el rector Miguel José Pinilla Gutiérrez y su Vicerrector Jaime Alberto Camacho, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó en Junio de 2001 medidas de Protección Cautelar a favor de los estamentos estudiantil, de profesores y trabajadores de la Universidad Industrial de Santander. Y estas medidas fueron revalidadas y confirmadas en marzo de 2003 por la CIDH.
Sin embargo, lo anterior no ha sido tenido en cuenta por el actual gobernador de Santander, Horacio Serpa Uribe, quien más bien defendió, en agosto de 2009, la benévola propuesta de un acompañamiento militar permanente a la comunidad universitaria de la UIS. Este benévolo acompañamiento ya arrojó detenciones y judicializaciones arbitrarias a 2 estudiantes, acusándolos, a través de montajes judiciales, de ser terroristas.
Estas pruebas piloto de militarización y opresión han cogido vuelo entre algunos personajes. Por ejemplo, el profesor visitante de la Escuela de Electrónica, Yair Linn, quien trabajara para el Ministerio de Defensa Israelí, reivindicó en una sesión del pasado 28 de julio en el Consejo Académico la militarización de la Universidad y la necesidad de situar dispositivos de video para grabar a los violentos. También propuso construir unos CAI´s e instalar por lo menos 3 de ellos al interior del campus universitario central ubicado en Bucaramanga. Según él, esta será la fórmula para judicializar a los estudiantes “violentos” involucrados, también según él, indudablemente con los grupos armados.
Lo anterior ratifica que la dirección administrativa y la rectoría de la UIS se han trazado el objetivo de abanderar estrategias de militarización, bochinches, escándalos, y procesos judiciales en la Fiscalía General. Pues muy seguramente en sus agendas los temas de calidad académica y creación de grupos de investigación figuran al final de sus listas escritos a lápiz o, en defecto, no figuran. La muestra es que estamos muy lejos de Universidades como la Nacional Autónoma de México (UNAM), la de Sao Pablo-Brasil (USP), y la misma Nacional de Colombia (UNAL), a tal punto que, según el reconocido portal (www.webometrics.info/), no figuramos dentro del Top 150 de las mejores Universidades de América Latina.
Construimos Futuro es la frase que más repiten los policiacos asesores de la ubérrima administración universitaria. Juzguen ustedes señores: y todo esto a nombre de la solemne autonomía.
PERIFERIA PRENSA ALTERNATIVA
Edición 56 - Octubre 2010
http://www.periferiaprensa.org/
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