Ley 30, diálogo de sordos inicia tránsito en el Congreso

Ley 30, diálogo de sordos inicia tránsito en el Congreso

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Bogotá D.C., may. 06 - Agencia de Noticias UN– La Comisión Sexta del Senado es la anfitriona de la discusión que comenzó sobre el proyecto de reforma de la Ley 30 de 1992, que rige el financiamiento de las universidades públicas en el país.

El proyecto fue radicado el pasado 14 de abril por la ministra de Educación, Cecilia María Vélez White. Un mensaje de urgencia y el aval del Ministerio de Hacienda para aprobar los recursos de los que allí se hablan marcan la ruta de una discusión que parece perdida para quienes no están de acuerdo con la reforma.

Al recinto asistieron senadores de la Comisión, estudiantes, profesores, rectores y representantes de universidades e instituciones de educación superior técnica y tecnológica. A través de sus intervenciones, plantearon dos puntos neurálgicos: la reforma no resuelve un problema estructural de desfinanciamiento, sino que se convierte en un primer paso de buena voluntad por parte del Gobierno, y la reforma es deficiente en el tema de equidad entre universidades e instituciones de educación técnica y tecnológica.

Estas dos cuestiones fueron ampliamente expuestas y debatidas por más de cuatro horas, sobresaliendo la intervención de Catalina Pérez Toro, representante suplente al Consejo Académico de la Universidad Nacional, quien discutió el punto de desfinanciamiento.

“Con la modificación propuesta en la reforma a la Ley 30, la educación superior está siguiendo la ruta del sistema de salud en la cual los derechos se están atando a la capacidad de pago de las personas. Por esta vía se profundizan las inequidades al ofrecer calidades diferentes para pobres, sectores medios y ricos, con resultados desiguales e inaceptables”.

Además, criticó con vehemencia que el Estado se niegue a reconocer el déficit histórico que traen las universidades públicas y que en su momento los vicerrectores del Sistema Universitario Estatal (SUE),referían cercano a los 600 mil millones de pesos.

“Esta es una deuda estructural que la Ministra no reconoce”, afirmó Pérez Toro, quien advirtió que la solución no está en dar recursos adicionales condicionados, lo cual afirma ya es una experiencia comprobada y funesta. “La Universidad de Pamplona y la de Atlántico, que aumentaron los cupos por cobertura y se les condicionaron los recursos adicionales, hoy están quebradas”, defiende la docente de la Universidad Nacional.

De manera unánime, todos los rectores que se unieron a la reforma y que están dispuestos a apoyarla reconocen que no se trata de una solución, pero confluyen en que es un primer paso.

“Encontramos con la Ministra una fórmula intermedia que permite que los recursos nuevos sean distribuidos bajo concertación entre el SUE y el Ministerio, y una vez distribuidos vayan a la base. Estamos frente a un dilema porque quisiéramos una cosa mucho más ambiciosa de fondo y estructural, pero en este momento eso implicaría el hundimiento de este proyecto”, puntualizó Luis Enrique Arango Jiménez, rector de la Universidad Tecnológica de Pereira.

Por su parte, las instituciones de educación técnica y tecnológica aprovecharon la jornada para reclamar equidad por parte del Estado y unas mismas reglas de juego entre ellas y las universidades.

“Tienen que hablar de instituciones de educación superior pública en la ley y no de universidades y establecimientos públicos, porque a nosotros también se nos exigen las mismas condiciones para llegar a alta calidad. Si queremos afianzar la educación técnica y tecnológica en nuestro país, para formar los técnicos y tecnólogos que requiere el mercado laboral, con este tipo de discriminaciones no lo vamos a lograr”, señaló Carlos Prasca, presidente de la Red de Instituciones Técnicas y Tecnológicas del país.

La discusión sobre equidad abrió paso para hablar acerca del papel de las cajas de compensación en la impartición de educación superior. Samuel Arango Martínez, vicerrector del Instituto Universitario Tecnológico de Antioquia, planteó sus inquietudes. “Al avalar a las cajas de compensación para que desarrollen programas de educación superior podría desbordarse su capacidad operativa, y además se estaría trasladando a los particulares servicios estatales prioritarios como la educación superior”, aseguró el Vicerrector.

La Ministra no encontró mayor problema frente al tema y lo resumió de la siguiente manera: “Las cajas de compensación están pasando sus programas por el sistema de registro calificado, y yo creo que ahí lo que tenemos que fortalecer más es el registro calificado para que efectivamente cuando nosotros demos fe a través del sistema, realmente estemos tranquilos en el sentido de que eso que estamos ofreciendo es de calidad. No importa que sean la cajas, el Sena o las instituciones nacionales y territoriales las que ofrezcan los programas”, concluyó.