ANTE EL CIERRE DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS

El deber de la universidad y de los estudiantes es formarse como seres críticos, pensantes y propositivos para el desarrollo y progreso del conjunto de la sociedad colombiana, lo cual implica que el estudio no se debe reducir al aprendizaje de la Académica, por el contrario se debe ampliar en todos los ámbitos de la vida, el hogar, la universidad y la sociedad.

En la actualidad las universidades publicas atraviesan una grave crisis que pone en peligro su existencia, el proyecto de reforma a la ley 30, ley que se encarga de destinar el presupuesto para la financiación de las universidades, esta haciendo agonizar a las mismas, y ante esto los diversos sectores estudiantiles han demostrado su inconformidad manifestándose de diferentes formas, unos recurriendo al estudio y difusión amplia de las problemáticas y otros a acciones de hecho que han terminado en enfrentamientos con la fuerza publica (ESMAD), un claro ejemplo de esto fueron los días 19 y 20 de mayo, que además de denunciar la reforma a la ley 30, se encaminaban a denunciar la farsa de las elecciones presidenciales del domingo 30 de mayo que se encargan de legitimar un Estado coartador de los derechos del pueblo, como lo es la educación pública.

Es por ello que los estudiantes denunciamos el cierre de las Universidades Publicas, ya que esto responde a la prohibición de la Protesta Estudiantil y a la restricción de la libertad de expresión; los administrativos se han excusado en estos sucesos para acallar las voces inconformes que se han reflejado de diferentes formas.

Asimismo, realizamos una fuerte crítica al comunicado enviado por las directivas la noche anterior (25 de mayo), que además de hablar de la defensa de la educación pública, cuestión que ellos no han afrontado, comunicaban la prohibición a la entrada al campus y manifestaban la violación del derecho internacional humanitario, cuando este en realidad solo se aplica en estado de Guerra, a los actores que están en conflicto (ejercito, guerrilla, paramilitares) y a las personas que están en los territorios en donde se dan los enfrentamientos, para así salvaguardar sus vidas e integridad física, es por esto que en el caso de la Universidad Pública la aplicabilidad de éste dista de la realidad.

Sumado a esto, las medidas tomadas afectan el normal desarrollo del periodo académico, generando traumatismos en los estudiantes que terminaban en los días posteriores; aun más grave es la estigmatización que recae de parte del gobierno nacional y las directivas universitarias sobre las organizaciones y los estudiantes activistas, culpados estos del cierre del campus.

Proponemos, entonces, que las medidas que se tomen de esta índole sean consultadas en primera instancia con la Comunidad Universitaria, que para el futuro quede el precedente que el calendario académico puede ser reajustado, con menos de una semana para terminar el semestre, y que las actividades académicas si pueden ser detenidas, acciones que siempre se han hecho ver como una imposibilidad cuando se desarrolla una movilización estudiantil (asambleas, marchas, jornadas de expresión, etc) en defensa de la educación pública.

Para concluir, reiteramos la necesidad de viabilizar espacios amplios en donde los administrativos, profesores, trabajadores y estudiantes podamos potencializar el análisis y la discusión de las problemáticas de la Universidad, con prioridad, la actual crisis financiera que tiene al borde de la quiebra a las universidades públicas del país.

Mayo 2010.

¡UNIVERSIDAD PÚBLICA RESISTE!