lunes, 4 de mayo de 2015

Las guerras perdidas de la tecnocracia santista

Dentro de los comentarios que en tiempos de movilizaciones sociales, los colombianos podríamos llegar a escuchar sin la necesidad de buscar, está como protagonista el que afirma que las marchas, paros, asambleas o tomas, no sirven para conseguir lo que se busca; se habla de estar perdiendo el tiempo, o peor aún, de hacérselo perder a los demás.
Al respecto, los últimos grandes paros en Colombia, han logrado demostrar, que si bien se ha terminado nuevamente en incumplimientos por parte del Gobierno nacional, la movilización y el cese de actividades son las instancias que parecieran ser más eficaces para lograr el reconocimiento de unas demandas y de la capacidad de negociación de gremios como el de los campesinos, la salud, los mineros, y por supuesto la educación.
Juan Manuel Santos, presidente de Colombia por quinto año consecutivo, dijo en 2014 que sus prioridades como gobernante eran la paz, la equidad, y la educación. El problema es que ese lema de campaña a la reelección no decía que la meta era garantizar la paz como muchos sectores sociales la reclaman; más allá de la dejación de las armas, tampoco garantizaba que en su gobierno, políticas como la de salud, pensiones o de trabajo disminuirían la inequidad social, y mucho menos se comprometía a que su cometido sería brindarle a Colombia una educación democrática, de calidad y en condiciones dignas.
El problema es que el Plan Nacional de Desarrollo se organizó bajo un lema de campaña, y nadie se imaginaría que verse recogido en un slogan para la presidencia, sería más dañino para la educación que el hecho de que se hubiese dejado todo tal cual estaba y en condiciones ya deplorables e insostenibles. A este paso sólo queda esperar que ningún presidente tome por bandera para las elecciones a los que creemos en la bicicleta, a  homosexuales, o a consumidores de marihuana, ya que los resultados podrían ser nefastos por lo menos para las clases bajas y medias. Ya me imagino a Jerónimo Uribe con su industria monopólica de bicicletas, tal como cuando el gobierno de su papá se preocupó tan gallardamente por el reciclaje, por no hablar de las denominadas drogas ilícitas.
La educación es una batalla que Santos no se ha cansado de perder incluso antes de empezarla ante la opinión pública y los movimientos políticos o sociales. Desde María Fernanda Campo hasta Gyna Parody, le han concedido la victoria a los estudiantes, maestros y por supuesto a los padres de familia, demostrando su poco o nulo conocimiento del sector de la educación, sus realidades, y un enfoque mínimo de derechos y de respeto por el debate público y la democracia. Uno podría decir, sin temor a ser convencidamente refutado por algún interlocutor del trabajo, la familia o la universidad, que la ex ministra Campo carecía de las capacidades comunicativas para sostener su sonada reforma a la Ley 30  o la efectividad de aquel Plan De Cero a Siempre, es más, se podría decir que lo que tenía, era un problema con su consciencia y que lo que pasaba en 2011 era que ni ella se comía las mentiras que su viceministro le dictaba al oído en las entrevistas y debates.
Por otro lado, el caso de la ministra Parody es la otra cara de la moneda, de esta moneda de cuero; sus capacidades comunicativas y su convencimiento son bastante amplios, pero ello no quiere decir que se haya tomado el trabajo de ver las implicaciones sociales de sus políticas, y de sus posturas, o que tenga argumentos de peso para sostenerlas más allá de que sea lo que ha dicho toda su carrera pública, argumentos fuertes como para enfrentar un debate público sin recurrir a maniobras tan bajas como decir que se le está violando el derecho a la educación a los niños del país. Por supuesto que ese derecho se viola en Colombia, pero no es culpa de los maestros que salen a enseñarle a los muchachos como persistir frente a la injustica, esa falta de educación para los jóvenes en Colombia es culpa de las políticas de autofinancian del estado, de favorecer lo privado sobre lo público, y de mantener clientelas corruptas en los ministros y secretarias.
La primera victoria obtenida, de las muchas que le deseo al magisterio como estudiante que soy, y docente que planeo ser, es la demostración de que derechos como la educación o la salud, no pueden ser administrados solamente bajo los criterios de la competencia, la sostenibilidad, los subsidios, y la eficiencia en el mercado. Esta derrota no sólo es para la ministra y su arrogancia sino para todos los supuestos científicos sociales de Planeación Nacional y del MEN, que ven toda la realidad tal y como se refleja en las cifras. Ha perdido la tecnocracia por desconocer la vida real de los colombianos, y ha perdido Santos y la clase política por demostrar una vez más, que la vida de las personas no se administra como una empresa en quiebra.
Ya es hora de que las demandas de los gremios dejen de ser tratadas como residuales para la sociedad; la vida y dignidad de los campesinos no fue sólo interés de ellos, sino de las familias en las ciudades, así como los páramos protegidos no son una demanda de los aficionados a la ecología, sino de gran parte de las generaciones que hoy se forman, igual que la educación en colegios y universidades, es asunto de los padres de familia, e incluso de las personas que no tienen hijos.
Ese ha sido otro error de Santos, ignorar la dignidad de un sector del país, creyendo que la población siempre habrá de permanecer fragmentada, y si hay algo con lo que los padres de familia llegan a tener empatía, o cuando menos respeto, es con la profesión de los maestros.
Por supuesto que hay que volver a clases, pero no sin antes garantizar educación digna para los estudiantes, garantías laborales para los docentes, y en lo posible con un nuevo Ministerio de Educación Nacional.
Hay un poco de suerte en que la ministra Parody deje ver que su corazón de administradora no le alcanza para tener conciencia de la realidad y de las necesidades de quienes no se ganan un sueldo de ministra, ya que es el momento perfecto para decirle que ha sido inútil su capacidad de dominar a periodistas incautos, y de evadir a los más feroces con chistes y con inexactitudes. No sólo hay un magisterio que está cansado de ser ignorado, sino una educación superior que sigue en crisis financiera, y que ahora, para colmo de males, ha descarado la crisis de la autonomía y democracia de las instituciones de educación superior públicas; tenemos a un rector de la Universidad Nacional que se niega a escuchar a sus estudiantes, estudiantes que ya en dos consultas le han dicho que no lo quieren en ese cargo, y también tenemos a una Universidad Industrial de Santander carcomida por la corrupción de administrativos que entre las diferentes gobernaciones y ministras, se han encargado de mantener vigentes.
Colombia se ha convertido en una democracia tan antigua como cerrada y excluyente, en donde los derechos no son reconocidos en la cotidianidad sino como resultado de paros, bloqueos y confrontaciones. Es increíble que para hacer valer el derecho al trabajo, al ambiente sano, a la vivienda digna, la salud o la educación, sea necesario poner en riesgo la vida misma frente a una fuerza pública que abusa descaradamente del armamento comprado con los impuestos que pagan colombianas y colombianos.

Miguel Pabon Aguilar
Estudiante U. Nacional


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